Por pedido del fiscal federal Pablo Camuña, 14 guardiacárceles fueron separados provisoriamente del servicio penitenciario por estar mencionados en la denuncia que investiga en la causa por tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza.
Fernando Sebastián Medina y otro recluso -cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad- denunciaron en septiembre la venta de estupefacientes ante Roberto Guyot, juez de Ejecución de Sentencia. El magistrado envió las actuaciones al fiscal Camuña.
Ahora, con el crimen consumado, el fiscal federal recibió nuevas denuncias en contra de los miembros del servicio penitenciario. Además, está trabajando en conjunto con la fiscala provincial Adriana Giannoni, que le enviará todos los elementos que haya reunido sobre el tráfico de drogas, ya que ella, por una cuestión de competencia, sólo puede investigar las circunstancias en la que se produjo el homicidio de Medina.
En Tribunales de la avenida Sarmiento, en base a la declaración de varios testigos, se sumaron una serie de indicios para elaborar una teoría sobre cómo era el tráfico de drogas en la cárcel. Siempre según esa hipótesis, los estupefacientes eran ingresados al penal por los guardias que se los entregaban a reclusos para que los vendieran a sus compañeros de encierro. También los investigadores habrían establecido que los días de visita, un transa del penal podría recaudar entre $15.000 y $18.000 por la venta de marihuana, cocaína y psicofármacos.
La esposa de la víctima del homicidio, Ana Silva, dijo que, a cambio, los detenidos que realizaban ese trabajo recibían unos $1.000 semanales y la promesa de que los ayudarían a recuperar la libertad más rápido. “También se les presentaba por un problema: vivían aterrados porque los reclusos que no tenían dinero para comprar droga los iban a buscar para asaltarlos y quitarles toda la droga”, declaró.
Guillermo Snaider, titular de la Dirección de Institutos Penales, reconoció que ya se cumplió con el pedido del fiscal Camuña. “Recién hoy (por ayer) recibimos una notificación en el que se está investigando una causa por drogas. Y actuamos en el acto separando a los mencionados miembros. No podrán tener contactos con los internos, ni con las visitas, ni con los familiares de los reclusos”, destacó.
El funcionario señaló que desde el Gobierno se dieron precisas instrucciones para que se brinde toda la colaboración a la Justicia para que se desarrolle esta investigación. “Estamos respondiendo toda la información que nos requiere la Justicia, tanto provincial como federal. Paralelamente estamos en pleno desarrollo de un sumario administrativo para saber si alguno de nuestros hombres tuvo algún tipo de responsabilidad en estos casos”, comentó.
En julio, por una investigación desarrollada por el Servicio Penitenciario, se detuvo a un efectivo que intentó ingresar al penal marihuana, psicofármacos y bebidas alcohólicas que, supuestamente serían vendidas a los reclusos. “No puedo revelar esa información porque todavía se está investigando”, dijo Snaider.
El funcionario confirmó que el personal permanecerá separado del cuerpo hasta que culmine la investigación. En caso de que los guardiacárceles sean absueltos, volverán a sus tareas.