LA GACETA dio a conocer que la Legislatura guarda ahorros por $ 190 millones. Y esto llevó a indagar respecto de los otros dos organismos del Estado provincial beneficiados por la ley 6.930, de Excedentes Financieros: el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas (TC).
Mientras la Corte Suprema aún no dio a conocer el monto de sus reservas, el presidente del ente de contralor provincial, Miguel Terraf, le entregó documentación a este diario en la que consta un saldo positivo por $ 31 millones, originado por remanentes presupuestarios de varios períodos anteriores.
“La previsión más importante que tenemos (con esos fondos) es poder terminar la construcción de los siete pisos del edificio (de calle San Lorenzo 357), que en este momento tiene cuatro”, señaló Terraf. Y anticipó que el ente de control -completado por los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci- está tramitando las autorizaciones pertinentes ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La ley 6.930, vigente desde 1999, dispone que la Legislatura, la Justicia provincial y el Tribunal de Cuentas tienen la facultad de retener el sobrante de un ejercicio y “guardar” esa plata en una cuenta oficial específica para el período siguiente. Así, estos excedentes son reincorporados como “recursos extrapresupuestarios”, y pueden ser aplicados de manera discrecional, ya sea “como refuerzo financiero transitorio” o “con cargo e imputación a la cuenta, conforme se disponga por vía de reglamentación”.
En ese sentido, Terraf detalló que la normativa vigente “obliga” a los organismos alcanzados a retener sus remanentes. Y, ante otra consulta de LA GACETA, explicó que el Tribunal de Cuentas no sólo genera sus ahorros a través de los salarios presupuestados y no abonados al personal que se desempeña en otras reparticiones por “cargo de mayor jerarquía”, y que está en condiciones de reincorporarse en cualquier momento. “A veces surgen imprevistos que hacen que se produzcan modificaciones con respecto a la aplicación del presupuesto”, dijo el titular del TC. Señaló que, a raíz de esto, en algunas ocasiones se necesitan refuerzos presupuestarios, y en otras, se producen excedentes. “Un ejemplo que puedo dar es la tarea que llevó a cabo el TC a través de su Cuerpo de Contadores, Abogados, Arquitectos e Ingenieros Fiscales respecto de la tarea (de revisión de fondos nacionales) encomendada por la Sindicatura General de la Nación en los 19 municipios (y todas las comunas), para lo que este organismo puso a disposición personal y vehículos”, detalló.
Los excedentes financieros del TC fueron objeto de investigación en 2014, cuando el abogado Oscar López denunció el presunto manejo irregular ante el fuero provincial. “Fueron examinados por (el cuerpo de) peritos contables del Ministerio Público Fiscal, que llevó adelante la auditoría de estos fondos. El resultado fue, en primera instancia, una orden de desistimiento y archivo por la fiscala actuante, Marta Mariana Rivadeneira”, indicó Terraf. Explicó que, tras la intervención del juez de Instrucción Víctor Pérez, el expediente pasó a manos del fiscal de Cámara Alejandro Noguera, quien coincidió con Rivadeneira. “El juez ordenó el desistimiento de la denuncia y el archivo el 3 de diciembre de 2014; es decir, hace tres años”, completó Terraf. Con aquellos excedentes, el TC edificó su sede de San Lorenzo al 200.