Faltó Garavano y se pinchó un reclamo

Como si de un juego de palabras se tratara, el Gobierno de Juan Manzur solicitó de manera formal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que “revea” la pretensión de mandar veedores, según informó Carolina Vargas Aignasse al término de la reunión del Consejo Federal de Justicia en Mendoza. La secretaria de Gobierno y Justicia de Tucumán explicó ayer que puso el asunto en conocimiento de los funcionarios de las provincias presentes, pero que no fue abierto a debate. “Pedimos que el comunicado de repudio que firmaron los secretarios de Derechos Humanos sea incorporado al temario”, comentó. El ministro nacional Germán Garavano no concurrió a la sesión, que se desarrolló con la presidencia de Santiago Otamendi, secretario de Justicia de la Nación.

Vargas Aignasse y Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, presentaron su oposición a los veedores durante el plenario celebrado en el Hotel Intercontinental de Mendoza. La secretaria de Gobierno y Justicia dijo que la cuestión de la observación pedida a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán no había sido incluida en la agenda del Consejo. “Al no estar Garavano, no se discutió. Otamendi tomó nota y ahora la Nación debe adoptar alguna decisión”, añadió. Otamendi no pudo ser ubicado este jueves. Trascendió que Garavano se quedó en la Ciudad de Buenos Aires para seguir las vicisitudes del caso del mapuche Rafael Nahuel. Ayer por la mañana, el ministro había brindado una conferencia de prensa junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

La declaración de repudio a la veeduría que presentaron Brunotto y Vargas Aignasse lleva la firma de funcionarios de diez provincias gobernadas por distintas modalidades del Partido Justicialista: Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén y San Juan. Los firmantes dijeron que la observación propuesta es inconsulta y unilateral, y que el procedimiento usado para presentar a los veedores Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles resultaba impropio e indebido. La solicitud de permiso para “tomar vistas y extraer copias” de 33 causas radicadas en los Tribunales provinciales fue suscrita por Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj. A la reunión mendocina asistió un funcionario de esa área, el subsecretario Brian Schapira.