Un crimen dejó al descubierto el supuesto tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza

La muerte del preso Fernando Sebastián Medina fue un crimen que corrió el manto de complicidades y de silencio y permitió visibilizar un problema: el tráfico de drogas en el penal de Villa Urquiza donde estarían implicados los mismos guardiacárceles. Esa es la principal hipótesis que está surgiendo de la investigación que se lleva adelante tanto en la justicia ordinaria como en la Federal.

Medina, de 31 años, estaba cumpliendo una condena de cinco años y seis meses por un robo agravado. Murió el miércoles cerca de las 17, después de que Alejandro “Pichi” Mendoza, que hace poco menos de un año comenzó a cumplir una condena a 18 años de prisión por el homicidio de una joven, le arrancara la vida de tres cuchilladas en medio del patio del Anexo I. Hasta ahí, para los investigadores, se trataba de otro homicidio en ocasión de riña en esa jungla llena de barrotes y muros.

A las pocas horas de producida la muerte del joven, Silvia Furque, defensora de Medina, denunció que detrás del crimen había algo mucho más grave. “Él tuvo el valor, junto a otros compañeros de encierro, de contar con lujo de detalles lo que estaba ocurriendo en el penal; pero lo dejaron abandonado hasta que lo mataron. Él contó cómo es el sistema de venta de droga que dirigen los guardiacárceles”, dijo la abogada a LA GACETA.

Dos pesquisas

Su denuncia fue atendida por la fiscala Adriana Giannoni, que cambió el ángulo de la investigación en base a los datos aportados por la familia de la víctima. Comprobó que Medina había realizado la denuncia ante el fiscal federal Pablo Camuña y que fue trasladado al penal de manera irregular y violando la decisión que había tomado el juez de Ejecución y Sentencias del centro Judicial Capital, Roberto Guyot sobre las medidas de protección que debería haber tenido.

Las irregularidades

Medina, junto a otro compañero cuyo nombre se mantiene en reserva, después de haber denunciado el caso, por decisión de Guyot, en septiembre fue trasladado hasta la seccional 7ª para que estuviera alejado de las personas que había denunciado. Sin embargo, el domingo pasado, él y su compañero fueron trasladados irregularmente al penal.

Y las irregularidades quedaron plasmadas en el informe que envió a la fiscala el personal del Servicio Penitenciario que cuida a los detenidos en la seccional 7ª.

Los efectivos, según consta en el expediente, les dijeron que ese día se habían producido incidentes después de una requisa y que habían conseguido una autorización de una funcionaria del Juzgado de Ejecución Penal para trasladarlo a la cárcel.

Giannoni profundizó la investigación y comprobó que en la requisa los guardiacárceles incautaron un celular LG que era de Braian Acevedo (integrante del Clan Acevedo y que se encuentra detenido allí por el crimen de Matías “Geniolcito” Rodríguez) y no de ninguno de los detenidos que estaban allí por cuestiones de seguridad, por lo que no les habría correspondido que se les aplique ninguna sanción.

El viernes declaró como testigo una funcionaria judicial que trabaja en el juzgado de Ejecución y Sentencia, según confiaron fuentes judiciales. Bajo juramento dijo que los hombres del Servicio Penitenciario se comunicaron telefónicamente con ella para informarle lo que había sucedido.

En su declaración, de acuerdo a lo confirmado por distintas fuentes judiciales, aclaró en más de una oportunidad que ella les ordenó que tomaran las precauciones necesarias para mantener las medidas de seguridad a favor de Medina y su compañero, pero que en ningún momento había ordenado sus traslados al penal.

Golpiza previa

Los familiares, de acuerdo a las versiones recogidas en Tribunales, denunciaron que antes de que ingresara al penal fue sometido a una golpiza. Esa versión quedó confirmada en la autopsia que se le realizó, ya que el médico forense descubrió lesiones en varias partes de su cuerpo compatibles con golpes de puño y patadas.

Desde el jueves, Giannoni y Camuña intercambiaron información. Ella pretende esclarecer la muerte de Medina; él investiga el tráfico y venta de drogas en el penal desde hace meses. “Lo único que puedo decir es que pedí especialmente que se brindara seguridad a las personas que declararon”, indicó el fiscal. Extraoficialmente se espera que los jueces Daniel Bejas o Fernando Poviña decidan quién tomará declaración indagatoria a los guardiacárceles. “Este fue un golpe a la investigación. Es una manera de silenciarlos a los que denuncian. Y esa es una de las pocas maneras de hacerlo en un ámbito tan difícil como es una cárcel”, dijo una fuente de la justicia Federal.

“Soldaditos”

Ambos investigadores habrían recibido la misma información. Según confiaron voceros tribunalicios, los penados denunciaron que había hombres del servicio penitenciario que contrataban “soldaditos” para que vendieran las sustancias que ellos mismos ingresaban al penal. También, siempre de acuerdo a la versión a la accedió LA GACETA, a los reclusos que compraban sustancia a otro transa carcelario, los días de visita, le plantaban sustancias para que se les inicie una causa penal.

Informaron que habría guardiacárceles que, a cambio de dinero, les “acomodaban” las carpetas para que pudieran gozar de algunos beneficios, como salidas transitorias y hasta libertad condicional de manera más rápida. “Este es un caso muy importante. Tiene una gravedad institucional pocas veces visto. Por más que esté involucrado un recluso, la sociedad debe reaccionar y no permitir que quede impune, como si nada hubiera pasado”, concluyó Furque.