Piden duras penas y multas por $ 300 millones a todo el Clan Ale

Llegaron sonrientes, pero regresaron a sus casas con los rostros desencajados y preocupados. Los querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitaron que todos los integrantes del Clan Ale sean condenados y además que les fijen multas por más de $300 millones. Y todavía falta que el fiscal Pablo Camuña realice su alegato, que podría ser más duro aún.

Los argumentos de los abogados Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola (UIF), y María Lucía Trabadelo y Mónica Molina (AFIP) fueron coincidentes. Aseguraron que se estaba enjuiciando a una asociación ilícita que, durante varios años, se dedicó a llevar adelante negocios ílicitos como explotación sexual de mujeres, tráfico de estupefacientes, compra y venta de cheques, otorgar préstamos que luego eran cobrados a la fuerza, usurpación de bienes y robo de cosechas.

Ambas querellas coincidieron en señalar que el dinero que obtenían ingresaba al sistema financiero por empresas satélites (Cinco Estrellas SRL, Transportadora Lionel SRL, Point Limits y Gerenciadora del NOA, entre otras) o personas que eran de suma confianza. “Evidentemente había un plan para aprovecharse de conductas violentas que tenían para enriquecerse y luego introducir al mercado el dinero generado en actividades ilícitas”, explicó Trabadello en su alegato.

Funciones

Los profesionales, que debían pedir una pena y una multa que se fija de acuerdo a la suma de dinero que supuestamente lavaron, a lo largo de sus alegatos también insistieron con que el Clan tenía los roles bien establecidos desde hace mucho tiempo.

En ese sentido, adjudican a Rubén “La Chancha” y Ángel “El Mono” Ale de ser jefes de la organización; por ese motivo, les pidieron las penas más duras (entre 18 y 20 años) y las multas más elevadas, $106 y $124 millones, respectivamente.

En un segundo plano de esta estructura aparecen María Jesús Rivero, Fabián González, Ernesto Santos Catulo, Oscar Roberto Dilascio y Víctor Alberto Suárez. A ellos se los acusa de integrar una banda dedicada a cometer delitos y de introducir al circuito bienes provenientes de un ilícito, situación agravada por haberlo hecho como miembros de una banda y de manera habitual. A ellos les pidieron penas que van desde los 10 hasta los 18 años. En tanto que las multas que solicitaron oscilan entre $2 y $44 millones.

Por lo escuchado en la audiencia, tres mujeres vinculadas sentimentalmente con los imputados también quedarían cerca de ser condenadas por haber colaborado a lavar activos en nombre de sus parejas. A Valeria Fernanda Bestán y María Florencia Cuño, ex y actual mujer de “La Chancha”, les solicitaron que se las condene hasta 7 años y que paguen multas por $2,9 y $15 millones.

La misma situación correría Julia Esther Picone, esposa de González. Para ella solicitaron una condena de hasta 7 años y una multa de $38 millones. Los profesionales recordaron una frase que dijo uno de los testigos de identidad reservada durante la audiencia: “cuando me enteré que González había puesto cosas a nombre de Piccone le dije: ‘no podés ser tan pelotudo de meterla a tu mujer en este quilombo’”.

Los profesionales de la UIF también acusaron de haber tenido una participación en la organización a Sergio Parrado, Hernán Lazarte, César Manca y Carlos Ocampo, González y Suárez, aunque ellos tenían como misión el cobro a la fuerza de los acreedores del grupo. “No sabemos si las deudas que la asociación dijo tener a su favor son ciertas, pero sí sabemos y, está demostrado en las 45 causas que existen en la justicia ordinaria, que las cobraban en base a la fuerza, al margen del estado de derecho y sin haberlas judicializado, como correspondía”, razonó Trabadello.

Por último, pidieron que se condene a José Augusto Lucero y a Enrique Chanampa a 7 y a 11 años respectivamente y que se les aplique una multa de $20.000 a cada uno por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Una vez que terminaron los alegatos, ambas querellas se dirigieron al tribunal, integrado por Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule, y solicitaron una fallo ejemplificador en contra de los imputados. “El organismo que represento y el Estado nacional quieren acabar con este tipo de grupos criminales en honor a todas las víctimas que se animaron a denunciarlos”, dijo Olari Ugrotte.

Trabadelo, en cambio, señaló: “el grupo hacía lo que se llama economía sumergida. A nivel mundial se la está combatiendo. Hay que visibilizarla para que se sepa de qué se trata. Por eso, necesitamos un fallo para que los billetes manchados no enriquezcan a nadie”.