Consenso fiscal: los 10 puntos clave del acuerdo firmado entre el Gobierno y las provincias

Un virtual empate. O, si se tuviera que apelar al lenguaje del ajedrez, el presidente Mauricio Macri propuso tablas a los gobernadores. Y así se firmó, tal vez, el más importante acuerdo fiscal de los últimos 25 años y en tiempo récord. Ninguna provincia perderá recursos con las modificaciones propuestas como tampoco Buenos Aires cederá posiciones en el debate sobre el Fondo del Conurbano. Al acuerdo se llegó con una serie de compensaciones de partidas para que ningún distrito pierda. Pero la cuestión de fondo es que se avanzará con la reducción paulatina de la carga fiscal, particularmente de los impuestos considerados distorsivos.

La Casa Rosada hizo foco en Ingresos Brutos que, paulatinamente, se irá convirtiendo en una suerte de impuesto a las ventas. También en bajar las alícuotas de Sellos y hasta derogar todo tributo sobre la nómina salarial que, en el caso de Tucumán, es el de Salud Pública. ¿Cuánto es el costo fiscal de estas medidas en las finanzas públicas tucumanas? Un cálculo preliminar de la Provincia sostiene que para el año que viene, la baja de esas obligaciones impositivas podría implicar unos $ 800 millones menos de ingresos, pero que serían compensado con otros recursos. Si se proyecta a 2020, la recaudación provincial de impuestos puede a ser $ 2.800 millones menos de lo previsto si se mantuviera el esquema actual.

Más allá de estas proyecciones, el propio gobernador Juan Manzur se encargó de decir que el pacto fiscal arribado con la Nación “es un acuerdo que deja bien a Tucumán en término de compensaciones”. El mandatario destacó que, tras 48 horas de negociaciones, se llegó a un entendimiento en “el que la Nación y las provincias actuaron con cautela y responsablemente”. En cierta medida, aquellos menores ingresos provinciales serían cubiertos en gran parte por la mejora en los ingresos por el cobro de impuestos patrimoniales.

Un caso particular es el del Inmobiliario. En este punto, el acuerdo sostiene, del lado de los compromisos de los gobernadores, que deberán adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En otras palabras, no sólo se ampliará la base contributiva, sino que, además, es posible que las valuaciones sean mayores que las actuales. Por el lado de las alícuotas, Tucumán no tendrá problemas para cumplir la meta: la Nación establece un rango superior del 2% del valor fiscal de la propiedad; en Tucumán es del 1,5%.

“Se avanza en una ajuste de la estructura tributaria, eliminando impuestos distorsivos paulatinamente para promover la actividad productiva, minimizando el impacto fiscal”, declaró ayer el ministro de Economía Eduardo Garvich. En otras palabras, se irá bajando la carga fiscal para la primera etapa del proceso productivo, pero se concentrará en las últimas, es decir, en las ventas. El anexo I del acuerdo muestra que las menores alícuotas de Ingresos Brutos estarán en el campo, cuyas actividades serán eximidas desde 2020. A su vez, las mayores se asentarán en Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones, con una alícuota del 5%, al igual que la intermediación financiera, excepto los créditos hipotecarios. Sobre éstos últimos, en Tucumán desde hace varios meses rige la alícuota cero.

Y las medidas de corte fiscal también llegarán a los municipios: se creará una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y otros datos relevantes) y su normativa, dice el texto.

Otro punto reclamado por la Nación fue atendido por los gobernadores: las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de Coparticipación, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, servicios o funciones, por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia del nuevo pacto fiscal. Garvich, en tanto, declaró que la Nación se comprometió a emitir bono a 11 años que tiene servicios de pagos de la deuda de $ 5.000 millones en 2018 y $ 12.000 millones anuales durante los siguientes 10 años con cupos trimestrales. “A cambio de eso, desistimos del juicio a la Nación por el 15 % y, a su vez, Buenos Aires desiste ante la Corte Suprema de la Nación de la demanda del 15 % y del Fondo del Conurbano”, dijo.

1- Jubilaciones   

De inmediato, se impulsará el cambio en la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que se ajusten por trimestre y garantizando aumentos por encima de la inflación. En este aspecto, también se estableció garantías para que haya haberes equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido 30 años de servicio con aportes efectivos. Finalmente, en este punto, se acordó la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio.

2- Plan de retiros

Otro de los puntos controvertidos del nuevo pacto fiscal es la reducción del plantel estatal, además de la modernización de los servicios estatales. En efecto, se propone “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”. De acuerdo con el texto firmado ayer entre la Nación y las Provincias, “esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral. 

3- Municipios               

Se establece un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios. También un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para los municipios e impulsar que adhieran y que las provincias controlen su cumplimiento. Además, se promueve “la adecuación de las tasas municipales aplicables en cada provincia de manera que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio”.

4- Cheque

El Gobierno nacional y las provincias decidieron prorrogar la vigencia del impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias (impuesto al Cheque). Habrá una asignación específica del 100% de la recaudación de ese tributo que irá a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Hasta ahora es del 70%. Este esquema se mantendrá hasta que surja una nueva ley de coparticipación federal de impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2022.

5- Ganancias

El acuerdo deroga, a partir del 1 de enero de 2018, el artículo 104 de la Ley de Ganancias que establece el sistema de reparto de los fondos producidos por ese impuesto. Además, se eliminan los esquemas de distribución tanto el tope fijado para Buenos Aires (ese distrito recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ese fin) como el excedente del Fondo del Conurbano Bonaerense. Éste último le viene asignando a Tucumán alrededor de $ 3.500 millones, una caída que, al igual que sucederá con los otros distritos, será compensada con otras partidas.

6- Vigencia

El “Consenso Fiscal” (tal la denominación que se le dio a este nuevo acuerdo), entrará en vigencia dentro de los 30 días posteriores a la firma. “Los Poderes Ejecutivos de las provincias firmantes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacionalelevarán a sus Poderes Legislativos proyectos de ley para aprobar este Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin”, señala el texto. “Todos los compromisos asumidos en el Consenso deberán cumplirseantes del 31 de diciembre de 2019, salvo que se haya establecido otro plazo para su cumplimiento”, puntualiza el pacto Nación-provincias. 

7- Nuevo régimen   

El pacto fiscal arribado ayer en Buenos Aires también dispone consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos en el marco de la Comisión Federal de Impuestos que, “cumpliendo con el mandato constitucional, esté basada en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, contemple criterios objetivos de reparto y logre las metas de solidaridad, equidad y de alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades”. La idea es que este nuevo régimen alumbre no más allá de cinco años de plazo.

8- Fondo soja

“Distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario (en la medida que éste exista) entre las jurisdicciones que adhieran y cumplan con este Consenso, sin incluir el Estado Nacional, de acuerdo con la distribución prevista en el régimen general de coparticipación”. El nuevo pacto fiscal, pone en duda la continuidad del Fondo Soja (para 2018 presupuestó $ 1.177 millones para Tucumán), aunque podría ser cambiado por otro sistema. En el esquema propuesto, se deja en claro que aquellos distritos que no firmen el acuerdo, no gozarán de este Fondo Federal.

9- Sin pérdidas

La Nación asumió el compromiso de compensar fondos a las provincias en caso de que se sientan perjudicadas por los cambios en Ganancias y en el impuesto al Cheque. Ningún distrito perderá ingresos. “La compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial –urbanos o rurales–”, señala el acuerdo. Los montos se actualizarán trimestralmente, de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor (inflación).

10- Compensaciones

Establecer un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones que aprueben el acuerdo, por reclamos no alcanzados por los desistimientos previstos en el pacto. Los acuerdos deberán lograrse antes del 30 de junio de 2018. También se busca acordar antes del 31 de marzo próximo el monto y la forma de pago de los juicioscon sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores al nuevo pacto fiscal, con las provincias que lo aprueben.