El intendente de Tafí del Valle debe rendir cuentas sobre su patrimonio, según un juez

Raúl Fermoselle, juez de Instrucción N°1 de Concepción, dice que hay pruebas suficientes para juzgar a Jorge Yapura Astorga, intendente de Tafí del Valle, por la presunta comisión de un enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Nueve meses después de recibir el expediente, el magistrado ratificó la investigación jurisdiccional que había desarrollado en Monteros el juez Mario Velázquez por pedido del fiscal Jorge Carrasco. Esa pesquisa determinó que el patrimonio de Yapura Astorga exhibiría un aumento patrimonial injustificado de $ 3,1 millones. Fermoselle confirmó que, junto al titular del Municipio, deben ser juzgados otros seis imputados: su pareja Nerina Julieta Mustafá, propietaria de la despensa “Floppy III”; su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga; su sobrino, Sergio Andrés Astorga Lagoria; su contador, Julio Mercado, y los funcionarios municipales Juan Ramón Silva, Oscar Medina y Sonia del Carmen Saavedra.

Por otra parte, Jéssica Daniela Yapura Astorga, hija del intendente, fue sobreseída.

Yapura Astorga, un aliado al oficialismo provincial de extracción radical, no contestó las consultas de este diario al respecto. No obstante, sus abogados defensores, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, anticiparon que esta semana apelarán la sentencia de Fermoselle (defienden a todos los imputados).

Mientras tanto, Yapura Astorga seguirá al frente de la intendencia de la principal villa turística tucumana, como sucedió durante el desarrollo de este proceso tramitado en tiempo récord para los estándares de la Justicia. Yapura Astorga continuó gobernando pese a que en julio de 2015 el juez Velázquez había pedido al Concejo Deliberante que le quitara los fueros: como el cuerpo no se expidió en el plazo estipulado (15 días), se entendió, con arreglo a la normativa aplicable al caso, que el desafuero había sucedido en forma tácita. En agosto de 2015 el intendente obtuvo la reelección y su mandato vence en 2019.

Precio y variedad

El caso se remonta a comienzos de aquel año electoral, cuando trascendió que la adminisración de Yapura Astorga compraba comestibles a “Floppy III”, el negocio de Mustafá, de manera directa, es decir, sin licitación pública. El hoy concejal Carlos Arnedo y el dirigente Sebastián Luna (Frente Renovador Valle Calchaquí), a la postre denunciantes con la asistencia del abogado y peronista disidente Oscar López, detectaron esa situación al identificar la propiedad registral de un camión que descargaba los alimentos adquiridos por el Estado. El vehículo pertenecía a Mustafá. “Desde hace un tiempo sabíamos que la Intendencia, cada vez que hacía un evento, compraba la mercadería en ‘Flopy III’. El 15 de abril de 2015 por fin les hemos podido sacar unas fotos”, había indicado Arnedo.

Ante estas circunstancias, el intendente y sus funcionarios defendieron la legalidad de su proceder: dijeron que “Floppy III” ofrecía la mercadería al precio más bajo y la mayor variedad del pueblo, y que Mustafá era una proveedora más. “El señor Arnedo sabe desde hace muchísimo tiempo de esos alimentos y no sé cuál es la novedad. Es una ayuda que se entrega desde 2011, cuando empecé esta gestión”, había señalado Yapura Astorga, quien también alegó motivaciones políticas propias del clima electoral y represalias. Pero a lo largo del proceso y a partir de informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de Rentas y de otras oficinas estatales, el juez Velázquez advirtió que el patrimonio de los Yapura Astorga habría experimentado un incremento sin causa, y lo relacionó con las cuestionadas transacciones entre el Municipio y “Floppy III”.

La pesquisa avanzó como ninguna otra contra un funcionario público con fueros y en ejercicio de su cargo, y en febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la provincia se vio obligada a “sentar un precedente” al resolver que el mismo juez que había dirigido la investigación jurisdiccional (Velázquez) no podía ser el que la elevara a juicio. Así y con los votos de Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone, la causa pasó a Fermoselle. Ese magistrado se pronunció a posteriori de las elecciones de octubre y cuando al menos dos abogados (López y Gustavo Morales) habían denunciado la existencia de demoras en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En el Juzgado N°1 de Concepción explicaron que el expediente era muy voluminoso y que había sido necesario tomar algunas medidas antes de dictar la resolución.

El hecho de que Fermoselle haya enviado el caso a juicio no significa que este será celebrado en el corto plazo puesto que la resolución primero ha de quedar firme. Si así fuere, Yapura Astorga se convertirá en el primer funcionario local juzgado por presunto enriquecimiento ilícito porque Felipe Terán rendirá cuentas (a partir de este 15 de noviembre) por el incremento injustificado de su patrimonio mientras se desempeñaba como magistrado nacional en Tucumán.