09 Mayo 2004
Los cambios establecidos por la Legislatura al Código Procesal Penal de Tucumán en materia de seguridad fueron tomados con escepticismo por los magistrados del Poder Judicial. La mayor parte de los consultados consideró que se trata de modificaciones que aportarán poco al combate contra la inseguridad, y que inclusive pasan por encima de lo establecido por leyes nacionales, como el Código Penal.
"Esta reforma no tiende a la prevención del delito; la Justicia tiene suficientes herramientas para perseguir el conflicto producido, pero para prevenir haría falta tener una policía mejor equipada y mejor pagada", aseguró la jueza penal María del Pilar Prieto.
Según la magistrada, quien además es docente de Derecho Penal II en la Facultad de Derecho, "hay que abrir fábricas y escuelas, y no más cárceles".
Pedidos sin elementos
El ministro fiscal Luis de Mitri, por su parte, puso en duda la efectividad del plazo que la Legislatura les puso a los fiscales para que en 24 horas resuelvan los pedidos de allanamiento o detención que les formula la Policía. "Tuvimos reuniones con legisladores de la comisión de Seguridad y los fiscales, y ahí se dijo que las medidas solicitadas (por la Policía) deben estar bien fundamentadas para que luego el juez tenga elementos para decidir", dijo.
De Mitri solicitó, en varias oportunidades, la creación de 10 nuevas fiscalías para cubrir las necesidades de la población. Sólo hay 10 fiscalías en los Tribunales de esta capital.
El abogado penalista Roberto Flores explicó que el problema es que los pedidos de la Policía "se basan siempre en informantes anónimos que pocas veces son pruebas reales". No obstante, consideró que es bueno que se ponga un plazo, para que no se filtre la información de las medidas que se van a realizar.
Jorge Lobo Aragón, quien fue fiscal, juez, secretario de Gobierno y legislador, consideró que no es posible cumplir con ese plazo. "El fiscal es un funcionario de la ley que, además es requirente ante el juez de instrucción. Y es en realidad el juez quien debe dar la orden para un allanamiento. Este proceso, en la práctica, no puede durar 24 horas. Menos si tanto el fiscal como el juez deben manejar varias causas al mismo tiempo", señaló.
Respetar los pasos
Otra de las reformas conflictivas es la que establece que los fiscales pueden pedir la prisión preventiva de un acusado por el solo hecho de estar acusado por un delito aberrante. La prisión preventiva se aplica cuando la sanción de una posible condena supera los tres años de prisión, y ante el temor de que el sujeto intente evadir la acción penal. "Hay que respetar la presunción de inocencia del acusado hasta que es condenado", señaló un fiscal que pidió que se publique su nombre. Lobo Aragón dijo: "para el caso del dictado de la prisión preventiva, hay que cumplir una serie de pasos procesales que no se pueden sortear. Para ser justos, hay que ser cuidadosos".
Al respecto, De Mitri dijo: "hubo experiencias de este tipo, con catálogos de delitos no excarcelables, pero que finalmente fueron declaradas inconstitucionales. Habrá que ver cómo está planteado en la ley, que aún no se difundió en detalle".
El juez penal Pedro Roldán Vázquez, en ese sentido, dijo que junto a sus colegas en la Sala Penal I, viene declarando inconstitucionales detenciones que se dieron en ese marco. El penalista Emilio Mrad, en tanto, criticó el avasallamiento de poderes. "Nuevamente la Legislatura va a contrapelo del Poder Judicial", dijo. Y agregó: "cuando los legisladores brinden las herramientas y el presupuesto necesario, la Justicia comenzará a funcionar de otra manera". Y dio como ejemplo el hecho de que existe una gran carencia de fiscales en toda la Justicia provincial, lo cual atenta con la celeridad de la Justicia.
"Sólo respetando los derechos humanos es posible alcanzar una convivencia democrática en la que se respeten los derechos de todos, incluso el de la seguridad ciudadana", puntualizó Roldán Vázquez.
LOS PUNTOSDE LA REFORMA
PLAZOS.- Los fiscales tendrán 24 horas para pedirle al juez de Instrucción detenciones o allanamientos ante el requerimiento policial.
PREVENTIVA.- Los fiscales deberán solicitar la prisión preventiva de las personas acusadas de delitos aberrantes como violaciones, asesinatos, robos en banda o el uso de menores para delinquir.
UNIFICACION.- Será obligatorio acumular las causas que tengan un mismo acusado.
CUATRERISMO.- Una fiscalía de la capital y otra de Concepción concentrarán los casos de abigeato.
"Esta reforma no tiende a la prevención del delito; la Justicia tiene suficientes herramientas para perseguir el conflicto producido, pero para prevenir haría falta tener una policía mejor equipada y mejor pagada", aseguró la jueza penal María del Pilar Prieto.
Según la magistrada, quien además es docente de Derecho Penal II en la Facultad de Derecho, "hay que abrir fábricas y escuelas, y no más cárceles".
Pedidos sin elementos
El ministro fiscal Luis de Mitri, por su parte, puso en duda la efectividad del plazo que la Legislatura les puso a los fiscales para que en 24 horas resuelvan los pedidos de allanamiento o detención que les formula la Policía. "Tuvimos reuniones con legisladores de la comisión de Seguridad y los fiscales, y ahí se dijo que las medidas solicitadas (por la Policía) deben estar bien fundamentadas para que luego el juez tenga elementos para decidir", dijo.
De Mitri solicitó, en varias oportunidades, la creación de 10 nuevas fiscalías para cubrir las necesidades de la población. Sólo hay 10 fiscalías en los Tribunales de esta capital.
El abogado penalista Roberto Flores explicó que el problema es que los pedidos de la Policía "se basan siempre en informantes anónimos que pocas veces son pruebas reales". No obstante, consideró que es bueno que se ponga un plazo, para que no se filtre la información de las medidas que se van a realizar.
Jorge Lobo Aragón, quien fue fiscal, juez, secretario de Gobierno y legislador, consideró que no es posible cumplir con ese plazo. "El fiscal es un funcionario de la ley que, además es requirente ante el juez de instrucción. Y es en realidad el juez quien debe dar la orden para un allanamiento. Este proceso, en la práctica, no puede durar 24 horas. Menos si tanto el fiscal como el juez deben manejar varias causas al mismo tiempo", señaló.
Respetar los pasos
Otra de las reformas conflictivas es la que establece que los fiscales pueden pedir la prisión preventiva de un acusado por el solo hecho de estar acusado por un delito aberrante. La prisión preventiva se aplica cuando la sanción de una posible condena supera los tres años de prisión, y ante el temor de que el sujeto intente evadir la acción penal. "Hay que respetar la presunción de inocencia del acusado hasta que es condenado", señaló un fiscal que pidió que se publique su nombre. Lobo Aragón dijo: "para el caso del dictado de la prisión preventiva, hay que cumplir una serie de pasos procesales que no se pueden sortear. Para ser justos, hay que ser cuidadosos".
Al respecto, De Mitri dijo: "hubo experiencias de este tipo, con catálogos de delitos no excarcelables, pero que finalmente fueron declaradas inconstitucionales. Habrá que ver cómo está planteado en la ley, que aún no se difundió en detalle".
El juez penal Pedro Roldán Vázquez, en ese sentido, dijo que junto a sus colegas en la Sala Penal I, viene declarando inconstitucionales detenciones que se dieron en ese marco. El penalista Emilio Mrad, en tanto, criticó el avasallamiento de poderes. "Nuevamente la Legislatura va a contrapelo del Poder Judicial", dijo. Y agregó: "cuando los legisladores brinden las herramientas y el presupuesto necesario, la Justicia comenzará a funcionar de otra manera". Y dio como ejemplo el hecho de que existe una gran carencia de fiscales en toda la Justicia provincial, lo cual atenta con la celeridad de la Justicia.
"Sólo respetando los derechos humanos es posible alcanzar una convivencia democrática en la que se respeten los derechos de todos, incluso el de la seguridad ciudadana", puntualizó Roldán Vázquez.
PLAZOS.- Los fiscales tendrán 24 horas para pedirle al juez de Instrucción detenciones o allanamientos ante el requerimiento policial.
PREVENTIVA.- Los fiscales deberán solicitar la prisión preventiva de las personas acusadas de delitos aberrantes como violaciones, asesinatos, robos en banda o el uso de menores para delinquir.
UNIFICACION.- Será obligatorio acumular las causas que tengan un mismo acusado.
CUATRERISMO.- Una fiscalía de la capital y otra de Concepción concentrarán los casos de abigeato.
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