El fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, pidió la detención del ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Cerisola, del ex diputado Nacional, Luis Sacca, y de los funcionarios universitarios Olga Cudmani y Osvaldo Venturino por la causa YMAD.
La justicia federal investiga desde hace años presuntas irregularidades en el manejo de fondos provenientes de la empresa interestatal. El período que se investiga es desde 2006 hasta 2014, durante el cual la UNT recibió más de $353 millones en concepto de utilidades mineras.
Seis puntos clave de la investigación
1- La causa YMAD se inició por la denuncia penal de Ramón Eudal ante la Fiscalía Federal General, en abril de 2010. En ella pedía que se investigara el papel en la comisión de presuntos ilícitos en perjuicio de la Universidad Nacional de Tucumán al rector de la UNT 2006-2010, Juan Alberto Cerisola, a la vicerrectora de entonces, María Luisa Rossi de Hernández y a los integrantes de aquel Consejo Superior de la UNT.
2- El presunto delito era la malversación de fondos que la institución comenzó a recibir en 2006, proveniente de la explotación minera de Bajo La Alumbrera, vía YMAD, para las “obras” de la Ciudad Universitaria. Para la recepción de estas utilidades, la UNT había conformado una Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), junto a la provincia de Catamarca.
3- Más adelante se sumaron otras denuncias: una anónima (que fue muy cuestionada por la defensa de Cerisola), otra del abogado Oscar López, que ponía la lupa en los sobreprecios en las obras universitarias y otra de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por irregularidades en tres obras: la ampliación de la facultad de Derecho, la obra en Filosofía y Letras y la remodelación de la sede de Asunt (obra social).
4- En el marco de esa investigación, el fiscal Carlos Brito imputó a Cerisola, a Luis Sacca, ex secretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR; a Olga Cudmani, ex directora de Construcciones universitarias; a Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones y a Reimundín y a Lobo (que fueron sobreseídos).
5- El cúmulo de conductas impugnadas y las pruebas recolectadas desde 2010 llevaron al juez Fernando Poviña a procesar a Cerisola, Cudmani, Sacca y Venturino, y a trabar respectivamente embargos por $ 50 millones; $ 30 millones; $ 10 millones y $ 3 millones.
6- Por esta causa, el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez pidió la detención de Cerisola, de Sacca y de otros ex funcionarios de la UNT. La solicitud tiene como objetivo "evitar el entorpecimiento en la investigación".