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Suele señalarse que cuando el Gobierno nacional es de un color político y el provincial de uno distinto, el envío de recursos se retrae desde el poder central. Se mencionan “canillas cerradas” o de estar en “sintonía” para no sufrir asfixias económicas. ¿Es así?, ¿se puede comprobar? Una forma de responder es detenerse en los aportes coparticipables año por año y analizar si merman o crecen. Sin embargo, habría que tomar una referencia para poder hacer comparaciones. Una vía factible es establecer relaciones matemáticas entre los presupuestos provinciales y los fondos de coparticipación recibidos por año (ver recuadro 1).
De los números se desprende, por ejemplo, que en la gestión de Antonio Bussi (1995-1999) durante la presidencia del peronista Carlos Menem fue la época en que hubo menos remesas de fondos nacionales en comparación con los presupuestos provinciales. (ver “Relación...”). Un simple vistazo revela que José Alperovich (2003-2015) sale mejor parado que sus antecesores, e incluso que su sucesor, Juan Manzur, en sus dos primeros años bajo la presidencia de Mauricio Macri. El promedio indica que recibió por coparticipación la mitad de los presupuestos. El actual senador gobernó bajo la tutela de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández, después. Mejor que a Bussi le fue.
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Años electorales
Algo que suele apuntarse, además, es que en los años de votación nacional -elección del Presidente, por ejemplo- hay más aporte de recursos para las gestiones afines.
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En ese marco, vale indicar que la media del promedio de los aportes coparticipables en relación con los presupuestos provinciales es de 45,2% desde 2000 a la fecha. En los años de elecciones presidenciales de este siglo, los promedios superaron esa media: 48,2% en 2003; 56,2% en 2007, 49,8% en 2011 y 48,1% en 2015. Incluso sucedió en los años con elecciones nacionales de renovación parlamentaria, o intermedias, con excepción de la de 2009, cuyo promedio fue de 43,9%.
Los datos son claros y dicen, tomados con esta forma de calcular por supuesto, que no es lo mismo ser que no ser del color partidario afín al Gobierno nacional.
Hay más perlitas. A partir de otras operaciones aritméticas se pueden sacar conclusiones políticas. Por ejemplo: el promedio porcentual del la relación presupuesto/coparticipación es del 41,25% en los 12 años que abarcan las gestiones de Ramón Ortega (1991-1995), de Bussi (1995-1999) y de Julio Miranda (1999-2003); mientras que esa relación es del 54,52% para los 12 años que gestionó Alperovich (2003-2015). O sea, el final del siglo 20 fue peor en términos económicos para los mandatarios que el principio del siglo 21 para el tres veces gobernador.
Tanto es así que el presupuesto provincial de 1991 a 2002 creció un 130,2%; mientras que el de 2003 a 2015 se incrementó en un 2.510,5%. Alperovich manejó, sumando los presupuestos provinciales, más de $ 154.204 millones en los tres mandatos.
Factible porque se cumplió una ley
El día de entrada en vigencia de la ley nacional de Acceso a la Información Pública (27.275), el 29 de septiembre, se solicitó un informe al Ministerio de Hacienda de la Nación sobre los aportes por coparticipación federal que recibió Tucumán desde 1991 a la fecha. La respuesta llegó por carta en el plazo que fija la ley: a los 15 días hábiles.
El gasto creció 25 veces en 12 años
En la gestión provincial de José Alperovich (2003-2015), el presupuesto creció de $ 1.349.374.500 a $ 31.411.574.700; o sea que experimentó un aumento del 2.510,5%
Luego de la crisis, el menor porcentaje
El menor porcentaje de coparticipación se dio en 2002, luego de la crisis de la Alianza: 34,8% (Miranda). El mayor se verificó dos años después, en 2004, con un 69,3% (Alperovich).
La intervención federal firmó dos planillas presupuestarias provinciales de 13 cifras
Los presupuestos provinciales de 1991 y 1992, además de estar calculados en billones de australes, fueron rubricados por el interventor federal de entonces, Julio César Aráoz. El primero se estableció a través de la ley 6.175 y se estimó en la suma de 8.667.500.000.000 de australes (ocho billones seiscientos sesenta y siete mil quinientos millones de australes). El segundo se fijó por la ley 6.302 y fue de 8.378.000.000.000 de australes.