La obtención del 40% de los votos a nivel nacional parece haberle dado al gobierno nacional el envión para avanzar en las imprescindibles reformas estructurales que necesita Argentina si quiere acabar con el flagelo de la pobreza. El índice de competitividad global, relevado por el Foro Económico Mundial, sirve como guía para analizar cuáles son los rubros en los que el país se encuentra más relegado. A pesar de que en los últimos años se lograron algunos avances que permitieron mejorar el ranking parcialmente, todavía queda mucho por hacer: Argentina se ubica en la posición 92 sobre 137 nacionales relevadas.
La Argentina muestra el peor desempeño en todos los indicadores relacionados con el tamaño y la eficiencia del sector público, el grado de integración a los mercados internacionales de capitales, la flexibilidad del mercado laboral en cuanto a contrataciones y desvinculaciones, y otros indicadores que afectan las decisiones de inversión.
Esta semana el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un conjunto de lineamientos para consensuar políticas públicas, basadas en tres ejes: fiscal, empleo privado formal y calidad institucional. Las tres áreas están en la lista de problemas a resolver del Índice de Competitividad. El eje de responsabilidad fiscal busca comprometer a todos los niveles de gobierno con el objetivo de equilibrio fiscal, eliminar la inflación, e implementar un esquema tributario (nacional, provincial y municipal) que beneficie a la inversión y cree empleo formal. En este eje también se planteó la necesidad de mantener una conversación adulta con la posibilidad de migrar a un sistema previsional equitativo y sustentable en el tiempo. El segundo eje se fundamenta en la necesidad de fomentar el empleo privado formal, en mejorar la capacitación y nuevas formas de contratación. Además, el presidente propuso elevar el compromiso de lucha contra los excesos y la litigiosidad laboral. Finalmente, se presentaron las bases de algunas propuestas para fortalecer la república y la calidad institucional, sugiriendo reformas en la justicia, el sistema electoral y el combate de la corrupción.
Este llamado a lograr consensos básicos incluye todos los temas relevantes que el país tiene que resolver si quiere revertir la tendencia de las últimas décadas. Hace 100 años, el ingreso de Argentina era 2,5 veces superior al promedio mundial, y hoy, sólo es un 25% superior. Sin embargo, el logro de estos objetivos supera ampliamente al gobierno, demanda el compromiso y la activa participación de los gobiernos provinciales y municipales, como también de los tres poderes del Estado y la dirigencia del sector privado en su conjunto.
En el foco
Las medidas concretas para avanzar en estos consensos no se hicieron esperar. Al día siguiente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio a conocer la propuesta de ley de reforma impositiva, que no estuvo exenta de críticas y resistencias. Antes de analizar sus posibles impacto vale la pena poner en foco la situación. El gobierno nacional tiene un importante déficit fiscal, que este año rondará un 6% del PBI, y desde que asumió decidió implementar una política de ajuste gradual de los desequilibrios que, en la práctica, implica que el nivel de gasto público no tendrá reducciones significativas en el plazo inmediato. Ante esta situación y en pos de no incrementar el desequilibrio fiscal, cualquier reforma tributaría debe -por definición- mantener inalterado el nivel de recaudación. De este modo, toda decisión de reducción o eliminación de un tributo debe ser compensada con la creación o incremento en la alícuota de algún otro. Aun así, hay mucho por hacer en materia tributaria. El sistema actual está totalmente sobredimensionado, es obsoleto e ineficiente, y debe mutar hacia uno moderno, simple y que incentive la inversión, el ahorro y la creación de empleo formal.
En esta línea, celebro las propuestas como la reducción en la alícuota del impuesto a la ganancias corporativas sobre los dividendos y utilidades reinvertidas, la implementación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales -media que se complementaría con la reforma laboral que se conocería los próximos días-, la implementación de un régimen de devolución de IVA por inversiones, o la reducción de impuestos internos sobre bienes electrónicos que mejoran la productividad. Todas ellas van en la dirección correcta.
Especial mención merece el intento de transformar el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias en un pago a cuenta del impuesto a las ganancias; y también la búsqueda de un acuerdo con las provincias para limitar y eventualmente reconvertir el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Estos dos tributos son altamente distorsivos, castigan la actividad económica formal y, por su naturaleza de operar en “cascada” terminaron ocupando un lugar entre los ocho principales tributos que explican casi el 90% del total recaudado entre nación, provincias y municipios.
Pero tal como dije más arriba, la situación fiscal es delicada, y la política de gasto elegida obliga a compensar las reducciones de ciertas alícuotas con incrementos en otras. Al menos hasta que los sectores beneficiados con las bajas impositivas inicien un proceso de crecimiento virtuoso que habilite a una nueva ronda de reducción de impuestos en otros sectores. Los impuestos que se proponen elevar y crear afectan necesariamente los intereses de las actividades alcanzadas, y algunas regiones seguramente tendrán sus razones para resistirse a estos cambios. Aun contemplando algunos casos puntuales que podrían requerir alguna revisión, los anuncios estarían yendo mayoritariamente en la dirección correcta. Pero su éxito depende totalmente del convencimiento de la población en general y de los dirigentes en particular. Todavía resta la aprobación del Congreso de la Nación de esta propuesta, que demanda el esfuerzo y el compromiso de todos, especialmente de los que tienen mayores posibilidades económicas.
1.- Impacto esperado
Una paulatina reducción de la presión impositiva nacional
Según el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno implicará una reducción en la presión tributaria nacional de 1,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) al cabo del quinto año, lo que se sumará a la reducción de 2 puntos del PBI que tuvo lugar desde 2016 (que se observócon la eliminación de retenciones, disminución de la carga de ganancias y la vigencia de la ley para las pequeñas y medianas empresas -PyME, entre otras) y a la baja del impuesto inflacionario a partir de este año.
“Gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía (en 0,5% del PBI adicional por año durante al menos 5 años): con estos impactos la reforma le costará al Tesoro Nacional solamente 0,3% del PBI a la vez que aumentará los recursos coparticipados a las provincias”, sostiene el informe oficial. Según Dujovne, el cambio tributario impulsado reducirá “el negreo”. “Por ejemplo, en las contribuciones patronales, que están entre el 17% y el 21%, ponemos un mínimo no imponible donde los primeros 12.000 pesos de sueldo no van a pagar impuestos al trabajo”, comparó.
“Estamos dando un esquema mucho más amigable para el empleador”. “La reforma (tributaria) apunta a ir quitando la madeja de impuestos que nos alejan del mundo en términos de competitividad y terminar con situaciones de inequidad, de desigualdad”, finalizó el titular del Palacio de Hacienda.
2.- Ganancias e IVA Plantean una reducción gradual del peso de ambos impuestos
Dentro del paquete de reformas que el Gobierno nacional pretende introducir en el esquema nacional se destaca la reducción gradual de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25% para ganancias que no se distribuyan.
• Las ganancias de las empresas estarán alcanzadas por la alícuota del 25%.
• Se aplicará un impuesto adicional sobre los dividendos o utilidades distribuidas para completar el 35% de carga total.
• Se establecen presunciones para impedir distribuciones de utilidades encubiertas: por ejemplo gastos personales de socios o accionistas pagados por la sociedad.
• Todo esto incentivará a las empresas a reinvertir sus utilidades.
Además, el Gobierno nacional instrumenta un régimen que devuelve el crédito fiscal de IVA a las empresas que hayan realizado inversiones y no lo hayan recuperado en un lapso de 6 meses.
•En el sistema actual quien invierte puede tener que esperar mucho tiempo para recuperar su crédito fiscal de IVA por la inversión realizada.
•Esto incrementa el costo financiero de invertir y desincentiva la inversión.
•El nuevo régimen, indica la iniciativa dada a conocer en los últimos días, fomenta la inversión al reducir el costo financiero de los proyectos.
3.- Contrataciones
Se unificará las alícuotas de las contribuciones patronales
Se establece un mínimo no imponible (MNI) de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales.
•Se implementa gradualmente en cinco años (y se ajusta por IPC).
•También de manera gradual se unifican las alícuotas de contribuciones patronales para el sector privado (alícuota única de 19,5%) y se elimina el esquema de reducción de contribuciones por zona geográfica.
La idea de la Casa Rosada es reducir el costo de contratación de los trabajadores menos calificados para promover su ingreso al mercado laboral formal. Por eso proponemos la implementación gradual de un Mínimo no Imponible (MNI) para contribuciones patronales. Esto, según el Gobierno nacional, incrementará la demanda de trabajo, impactando positivamente sobre el nivel de empleo y de ingresos de los trabajadores. “Estamos dando un esquema mucho más amigable para el empleador”, indicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
“La reforma (tributaria) apunta a ir quitando la madeja de impuestos que nos alejan del mundo en términos de competitividad y terminar con situaciones de inequidad, de desigualdad”, indicó. “Estamos pidiendo que nos juzguen por cuánto vamos a bajar la pobreza en Argentina. Si eso es el foco, está claro que tenemos un foco totalmente distinto al que tuvo Argentina en el pasado”, finalizó el titular del Palacio de Hacienda.
4.- Ingresos brutos
Una discusión que promete llegar al congreso nacional
-Aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje del impuesto al Cheque (incentivos a la concentración geográfica) que pueda pagarse a cuenta de ganancias. Esa es una de las propuestas que se fijó el Gobierno nacional. Además, se trabaja en acuerdos con las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. Esta intención choca con los intereses de todas las provincias porque Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación de los distritos del país. Los gobernadores plantearán esta situación y buscarán una suerte de compensación en caso de que haya decisión política de avanzar en una baja gradual a cinco años con fondos de coparticipación. Este debate también se podría plantear en el Congreso. En medio de toda esta discusión, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las normas de Santa Fe y Chaco que establecen alícuotas superiores del impuesto a los Ingresos Brutos, a los contribuyentes domiciliados en otras provincias. Así lo dispuso por voto unánime de todos sus miembros. En los últimos meses y también con la firma de sus cinco integrantes, la Corte dictó numerosas medidas cautelares en las que dispuso que, hasta que se dictara “sentencia definitiva”, las provincias se abstuvieran de reclamar diferencias tributarias por ese impuesto a las empresas radicadas fuera de su territorio. Este fallo sienta un precedente para el resto de las jurisdicciones.