Con Puigdemont fuera de España, qué puede pasar en Cataluña a partir de ahora

El destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo hoy en conferencia de prensa en Bruselas que no busca asilo político en la capital belga pero tampoco volverá a España hasta tener garantías. También le pidió  la Unión Europea (UE) que reaccione frente a un Estado español que "solo entiende la razón de la fuerza", aseguró.

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"Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí", dijo el líder secesionista. Pese a que fue destituído por el gobierno central de Mariano Rajoy, insistió en que no abandono su cargo y que seguirá trabajando para hacerle frente a la "ofensiva altamente agresiva" del Estado español.

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Puigdemont brindo una conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, al día siguiente de haber viajado de incógnito a la capital de Bélgica en medio de rumores de que iba a solicitar asilo político.

El ex presidente afirmó que estaba allí "para evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa y la politización de la Justicia española al perseguir las ideas", y negó que fuera a solicitar asilo, detalló la agencia Télam.

"Queremos evidenciar ante el mundo el gran déficit democrático que se da en el Estado español", manifestó Puigdemont, acompañado por cinco miembros de su antiguo gabinete, añadió: "No vamos a a escapar a la acción de la Justicia".

Independencia suspendida

Mientras tanto, El Tribunal Constitucional español suspendió provisionalmente las resoluciones aprobadas el viernes en el Parlamento catalán para crear una "república" independiente. El Gobierno español alegó que esas resoluciones violan la anulación que había hecho el mismo tribunal de la convocatoria al referéndum unilateral del 1 de octubre.

Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió hoy la acusación por rebelión, sedición y malversación contra la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y contra cinco miembros de la Mesa de la cámara.

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Además, el juez instructor del caso citó a declarar como investigados tanto a Forcadell como al resto de querellados, según confirmó DPA.

La querella contra Forcadell y la Mesa del "Parlament" fue interpuesta el lunes por la Fiscalía General ante el Supremo ya que todos ellos conservan aun los fueros y, por tanto, no pueden ser investigados por un juzgado ordinario.

El delito de rebelión puede suponer hasta 30 años de cárcel, el doble que el de sedición (15). El de malversación puede implicar ocho años.