Un ex funcionario tucumano fue denunciado por supuestas facturas apócrifas

El ex subinterventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Carlos Rafael Pirlo, venía subsanando diversas observaciones que le había efectuado el Tribunal de Cuentas (TC) antes de presentar su renuncia, en octubre de 2016. El lunes que pasó, sin embargo, el ente de control confirmó un duro revés administrativo contra el ex funcionario.

El TC aceptó un recurso de revisión sobre el cargo fiscal de $ 614.000 que había dictado el año pasado, y redujo la sanción a $ 500.000, que deberán ser abonados “en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.

Además, el organismo de control integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci resolvió que los abogados fiscales efectúen “la denuncia en sede judicial ante la Fiscalía de Instrucción” de turno. ¿La razón? Los auditores detectaron en un expediente la existencia de facturas presuntamente “apócrifas” a nombre de cuatro empresas; además, se registró un quinto caso sospechoso, en el que la sede de un proveedor “no funciona en el domicilio que consta” en los recibos.

Pirlo renunció el 4 de noviembre pasado, y aunque en el decreto N° 3.330/1 del gobernador Juan Manzur no figuran las razones de su alejamiento, sí aparece el agradecimiento “por los servicios prestados en interés de la Provincia”.

SANCIÓN. Pirlo, ex subjefe del Ipacym, fue multado. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO

En esos momentos, el entonces subinterventor del Ipacym afrontaba varios expedientes por falta de rendiciones ante el Tribunal de Cuentas. En los últimos meses, Pirlo logró subsanar observaciones por $ 120.000 (acuerdo 1.313/17), por $14.800 (1.701/17), por $ 45.300 (1.868/17), y por $ 23.800 y $ 35.000 (1869/17).

El contador se allanó a la ejecución del cargo fiscal de $ 614.000 impuesto el año pasado, por falta de rendiciones de 2014. Alcanzó a regularizar $ 114.000.

“Respecto del resto de la documentación aportada por el recurrente (Pirlo), se procedió a verificar la autenticidad de la totalidad de las facturas presentadas, concurriendo a los domicilios de los distintos proveedores y labrando actas de constatación”, consignaron los auditores del Tribunal de Cuentas en el acuerdo 4.424, firmado el lunes pasado. De esas visitas surgió que “la totalidad de las facturas verificadas” en cuatro proveedores eran truchas. “Determinada la configuración de una presunta conducta funcional fraudulenta, ante el empleo de documentación presumiblemente apócrifa de proveedores a los fines de la rendición de cuentas, corresponde dar intervención a la justicia penal”, resolvieron Terraf, Vidal y Díaz Ricci. Y dispusieron que el abogado fiscal Bernardo Colombres ejecute el cargo fiscal de $ 500.000 y tramite la denuncia judicial.