La Fiscalía pidió que se revoque la excarcelación del "Clan Ale"

El Ministerio Público Fiscal recurrió ante la Cámara Federal de Casación la resolución que determinó el cese de las prisiones preventivas de los 12 acusados en el juicio oral y público al "Clan Ale", por supuesto lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y tráfico de estupefacientes.

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En la presentación, formulada el 12 de octubre por el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, y el fiscal ad hoc Agustín Chit, remarcaron "el otorgamiento irregular y arbitrario" del beneficio que alcanza a los imputados Rubén "Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Fabián "PC" González, Víctor Alberto Suárez, Roberto "Zapallo" Dilascio, Ángel "Mono" Ale, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y Sergio Francisco Parrado y pusieron de relieve que provoca "un injustificado incremento de los riesgos procesales" cuando existe una evidente cercanía con la sentencia, afirmó Fiscales.gob.ar.

El tribunal, integrado por María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule, había concedido, en la audiencia del 4 de octubre, el cese de la prisión preventiva para los 12 imputados, que se encontraban desde el 12 de abril en arresto domiciliario, en otra decisión del TOF señalada como irregular y arbitraria por la Fiscalía.

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El juicio al "Clan Ale" comenzó el 16 de diciembre pasado. Dos semanas antes, el 2 de diciembre, ante el vencimiento de las prisiones preventivas, el tribunal ordenó mantener detenidos a los acusados.

En esa oportunidad, los magistrados establecieron que la medida tenía como objeto "garantizar la realización del juicio", pero al resolver recientemente la excarcelación indicaron que, como ha transcurrido "la mayor parte del desarrollo de este juicio, ha desaparecido el peligro de entorpecimiento de la producción de la prueba" y agregaron que el "cumplimiento de la prisión domiciliaria sin haberse producido ningún intento de fuga, sin perjuicio de que ha sido cumplida mediante el sistema de control electrónico, ha hecho desaparecer también ese riesgo".

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En el recurso contra el cese de las prisiones preventivas, Camuña y Chit apuntaron que la resolución "se adoptó mediante un trámite procesal anómalo e irregular", dado que no fue sustanciada mediante incidentes específicos y por escrito, para evaluar cada caso en particular.

Agregaron también que "genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión". Además, sostuvieron que los magistrados no tuvieron en consideración la situación personal de cada imputado, incluidos Suárez y Dilascio, ambos con antecedentes de fuga en este mismo proceso, y resoluciones anteriores del mismo tribunal, que les había rechazado a esos acusados los pedidos de excarcelación.

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Otro de los puntos destacados por los fiscales es el riesgo que la libertad de los imputados desata respecto de testigos y víctimas-testigo que declararon en el juicio oral, o el riesgo de que los imputados frustren un eventual impacto patrimonial de la sentencia.

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Por último, Camuña y Chit calificaron la resolución como "arbitraria y con vicios en la aplicación del derecho" y apuntaron que "termina resultando de gravedad institucional al ser adoptada en un proceso de gran repercusión pública, que pone en riesgo la confianza de la comunidad en la administración de justicia".