Llueven las denuncias de clientelismo en la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán. Hasta las 18 de este 22 de octubre habían ingresado 73 presentaciones. La oficina a cargo del fiscal Carlos Brito confirmó que casi todas las comunicaciones refieren a acarreo de votantes, y a reparto de bolsones y otros bienes.
Al igual que en las últimas elecciones, la superabundancia de denuncias no se había traducido, por el momento, en comprobaciones o medidas útiles. En la Fiscalía comentaron que había una actuación en marcha en Banda del Río Salí relativa al secuestro de un vehículo: aparentemente la Gendarmería se habría enfrentado con adherentes al intendente justicialista Darío Monteros, esposo de la candidata Gladys Medina.
A eso hay que sumarle que fueron secuestrados cuatro vehículos, porque se sospecha que lo utilizaban ara acarrear votantes.
Comicios tras comicios vienen aumentando el número de denuncias, sin que ocurra lo mismo con la posibilidad de constatarlas. Para verificar los presuntos delitos o faltas, la Fiscalía Federal N°1 depende de las fuerzas de seguridad nacional y provincial afectadas a la vigilancia de la votación. En las últimas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), hubo 63 actuaciones preliminares. Frente a esta situación, la Junta Electoral Nacional en Tucumán endureció su posición e informó a los apoderados de los partidos políticos que iba a proceder a arrestar a los autores de las irregularidades.
Un informe de fines de agosto de Jorge Di Lello, fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, da cuenta de que esta provincia lidera la tabla de denuncias de clientelismo electoral. Algunos interlocutores de la Justicia Federal local consideran que existe una “paranoia” derivada de la crisis electoral de 2015. “Se ve clientelismo en todos lados”, dijeron la semana pasada.