La Justicia porteña protagonizó la campaña

La Justicia encargada de investigar a los funcionarios nacionales intervino en la campaña electoral como nunca antes en la historia. En los 70 días que separaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de los comicios de hoy, los Tribunales Federales porteños emitieron alrededor de 40 resoluciones en causas sensibles para la gestión actual y anterior del Poder Ejecutivo Nacional, sin contar la práctica de actos investigativos decisivos, como allanamientos y peritaciones. Esa actividad incluyó desde el llamado a indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por los hechos que denunció el fiscal Alberto Nisman antes de morir hasta la divulgación del informe técnico que sostiene que aquel fue asesinado. Ello ocurrió al compás de otra causa penal intrincada desarrollada en la Patagonia: la de Santiago Maldonado. Casi toda la campaña transcurrió en paralelo con la búsqueda del tatuador y la semana pasada, días previos a la votación, la Justicia halló sus restos en la zona donde este habría sido visto por última vez.

Pero Maldonado era un ciudadano común antes de la tragedia que lo colocó en el centro de la escena política, en momentos en que esta dirime la renovación parcial del Congreso de la Nación, entre otros cargos. Distinto es el caso de los funcionarios y ex funcionarios públicos, y de los dirigentes políticos -algunos de ellos candidatos- implicados en las causas penales que en los últimos meses progresaron con una velocidad inédita en los Tribunales porteños de Comodoro Py. Entre esos procesos reactivados hay investigaciones con al menos siete años de antigüedad, como la iniciada contra Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio kirchnerista, por presentarse con guantes de boxeo a una asamblea del directorio de Papel Prensa, con el fin de impedirla.

La Justicia solía mantener un perfil bajísimo en los períodos previos a los comicios. Es lo que sucedió durante el largo proceso electoral de 2015, que incluyó las PASO del 9 de agosto, las generales del 25 de octubre y el balotaje del 22 de noviembre, y pese a que había numerosas denuncias contra funcionarios públicos por hechos de corrupción. En esa época, la familia de Nisman luchaba por llevar la pesquisa relativa a su fallecimiento a la órbita de la Justicia Federal (la Corte Suprema de Justicia de la Nación acogió esa postura en septiembre de 2016), y el fiscal Fernando Arrigo solicitaba la investigacióndel ex ministro y diputado Julio De Vido -en el presente con dos pedidos de detención y desafuero- por la tragedia de Once, juicio oral que comenzó el 27 de septiembre pasado, en plena campaña.

La sucesión de resoluciones -contrarias a sus intereses- llevó a la ex Presidenta y candidata a senadora bonaerense a definirse como una “perseguida judicial”. “Los fiscales y los jueces pueden firmar cualquier cosa que les manden de la Casa Rosada”, dijo. A finales de septiembre, Kirchner expresó que era injusto descalificar a su administración como corrupta por actos de corrupción de algunos funcionarios. El 5 de octubre, la ex jefa de Estado manifestó que no había Poder Judicial en el país.

El levantamiento del “cepo electoral” en expedientes con repercusión institucional fue un fenómeno encapsulado en los Tribunales de la capital argentina. Resta ver si la hiperactividad judicial incidirá en el resultado de las elecciones; si proseguirá después y si el “virus” se contagiará a las provincias.

En Tucumán

Comodoro Py “revive” el caso de Manzur

Las decisiones de la Justicia Federal porteña también repercutieron en esta provincia. El 12 de octubre, la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento del gobernador Juan Manzur en la causa “Qunita” y dispuso que vuelva a ser investigada su responsabilidad en las presuntas anomalías cometidas respecto de la compra de 150.000 kits para recién nacidos. Manzur había firmado el pliego de licitación cuestionado antes de renunciar al cargo de ministro de Salud kirchnerista y reasumir como vicegobernador de Tucumán. “No es procedente, en este estado del proceso, desvincular al ministro en cuya gestión (...) se autorizó un pliego que, en un mismo ítem, abarcaba múltiples rubros, lo que claramente limitaba las chances de competir de otros oferentes”, dijeron los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Eduardo R. Riggi.

Brito pide indagatorias por el “Más Cerca”

El fiscal federal N°1, Carlos Brito, interrumpió “la calma electoral” en la Justicia Federal de Tucumán el 10 de octubre, cuando requirió las indagatorias de agentes de segunda línea del Gobierno provincial anterior y de entes de control de servicios públicos por la ejecución de obras públicas con fondos del “Plan Más Cerca”. Antes, el juez federal N°1, Daniel Bejas, había autorizado las indagatorias de dirigentes locales de Cambiemos por la presunta afiliación política de fallecidos.

La Justicia provincial pone fecha a un juicio

En los Tribunales provinciales, la novedad más relevante ocurrió el 30 de agosto: ese día, la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán puso fecha de inicio (7 de noviembre) al primer juicio oral que involucra a un funcionario alperovichista, Miguel Ángel Brito. Sin embargo, la previsión quedó sin efecto por el viaje del defensor de Brito, Arnaldo Ahumada.

La denuncia de Nisman

La ex presidenta será indagada en tres días

El 9 de octubre, el juez federal porteño Claudio Bonadio citó a Cristina Kirchner a indagatoria por la denuncia de Alberto Nisman relativa al memorando con Irán. Además, llamó a declarar como imputados al ex canciller Héctor Timerman; al “lobbista” iraní Jorge Alejandro Khalil; al agente de inteligencia, Ramón “Allan” Bogado; al ex líder de Quebracho, Fernando Esteche; al piquetero Luis D’Elía; al diplomático Eduardo Zuain; a Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios de Timerman; al ex vicecanciller Alberto D’Alotto; al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; al ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli; a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona y al diputado camporista Andrés Larroque. Cristina debe declarar el 25 de este mes.

“Panamá Papers”

Macri queda desvinculado de firmas “Offshore”

El 20 de septiembre, el juez nacional Andrés Fraga desligó al presidente Mauricio Macri de la investigación de los “Panamá Papers”. Franco Macri, el padre del mandatario, quedó como único responsable por la creación y la operación de las firmas “offshore” no declaradas, cuya existencia fue develada por la prensa al comienzo del mandato de Cambiemos. “Macri no fue socio ni accionista, y no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias de las firmas ‘offshore’ Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá)”, dijo Fraga. El magistrado añadió que el jefe de Estado sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Franco Macri al solo y único efecto de que este pudiese nombrar un reemplazante.

Los bolsos de López

Rafecas envía a juicio oral al ex secretario

El 28 de septiembre, el juez federal porteño, Daniel Rafecas, envió a juicio oral la investigación contra el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, por presunto enriquecimiento ilícito. López, que es tucumano, está detenido desde el 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido en un convento de General Rodríguez intentando ocultar bolsos que contenían alrededor de U$S 9 millones. El caso, en el que interviene el fiscal federal Federico Delgado, involucra a la esposa del ex funcionario kirchnerista, María Amalia Díaz; a la religiosa Celia Inés Aparicio; a los empresarios Carlos Hugo Gianni y Marcos Marconi, quienes serían testaferros de López, y a Andrés Galera. En el transcurso de la pesquisa Delgado detectó la existencia de $ 3 millones adicionales no declarados.

Más resoluciones sensibles

17 DE AGOSTO. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 pone fecha al juicio oral contra el ex ministro kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once. La audiencia inaugural es programada para el 27 de septiembre.

El Consejo de la Magistratura de la Nación suspende a Eduardo Freiler (primer retrato), camarista federal considerado afín al kirchnerismo, aprovechando la demora del juramento del consejero peronista Mario Pais.

24 DE AGOSTO. El juez federal porteño Sergio Torres envía a juicio la investigación penal contra Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro de la Nación. Abbona debe rendir cuentas por los supuestos peculado y malversación de recursos públicos cometidos para defender a la ex mandataria Cristina Kirchner respecto de la firma del memorando con Irán.

28 DE AGOSTO. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 programa para el 3 de octubre el inicio del juicio oral de la causa “Ciccone”, caso en el que está imputado Amado Boudou (segundo retrato), ex vicepresidente de la Nación, y otros funcionarios y empresarios.

8 DE SEPTIEMBRE. El juez federal porteño Daniel Rafecas envía a juicio oral la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de César Milani, ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo.

La Cámara Federal de Casación Penal habilita el juzgamiento de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio kirchnerista, y de Alejandro Vanoli, ex titular de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central de la República Argentina, por los presuntos perjuicios causados al Grupo Clarín.

13 DE SEPTIEMBRE. El juez federal Claudio Bonadio allana la sede central del Banco Galicia para secuestrar información relativa a los movimientos financieros de Máximo Kirchner, diputado, e hijo de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

20 DE SEPTIEMBRE. Los 28 peritos de Gendarmería Nacional y los 4 de la querella concluyen que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado, con la disidencia del técnico del imputado Diego Lagomarsino. La peritación tiene lugar en el ámbito de la causa que tramita el juez federal porteño Julián Ercolini.

6 de octubre. El juez federal Daniel Rafecas cita a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, en una causa en la que se investigan irregularidades relativas a la ampliación de gasoductos adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht.

20 de octubre. En el ámbito de la causa iniciada a partir de la denuncia de Alberto Nisman, el fallecido fiscal del caso “AMIA”, el espía inorgánico Ramón “Allan” Bogado declara que Irán financió la campaña política de Cristina Kirchner en 2011 por conducto de Luis D’Elía.

Detención y desafuero

Dos jueces quieren encarcelar a De Vido

El 17 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó el desafuero, y la detención del diputado y ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, en el ámbito de la causa “Río Turbio”. Con los votos de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia tribunal solicita asimismo el desafuero a la Cámara de Diputados. El mismo día, el juez federal Luis Rodríguez transmitió la decisión a la Cámara Baja, que debe decidir si la acata o no. El 19 de octubre, el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a De Vido y a su ex número dos en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado. Las fuerzas de seguridad detuvieron a Baratta de inmediato.

“Golpe” al sindicalismo

Cae “El Pata” Medina, dirigente de la Uocra

El 26 de septiembre, la Justicia Federal detuvo a Juan Pablo “El Pata” Medina, histórico titular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Medina es acusado de presunto lavado de dinero, y de ser el posible jefe de una asociación ilícita dedicada a extorsionar y presionar a empresas constructoras. La fiscala federal de Quilmes, Silvia Cavallo, denunció que el dirigente sindical estaría implicado en un tiroteo y en las presiones que obligaron a retrasar las obras de la estación del ferrocarril Roca, en la estación Pereyra. Poseedor de numerosas propiedades y de una flota de automóviles de alta gama, Medina fue un sindicalista afín al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y en las elecciones del 13 de agosto pasado apoyó al kirchnerismo.

Gils Carbó: la procuradora recibe dos fallos adversos

El 12 de octubre, el juez federal Julián Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación y cofundadora de Justicia Legítima, la agrupación judicial afín al kirchnerismo. Ercolini consideró que había pruebas para seguir investigando a Gils Carbó por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en la compra de un edificio para la Procuración. El 20 de octubre, el juez Pablo Cayssials declaró que el procedimiento del juicio político en el Congreso de la Nación no podía ser aplicado para la destitución de la jefa de los fiscales federales. Cayssials falló a instancias de entidades intermedias vinculadas a la Justicia, pero su pronunciamiento podría allanar la expulsión de Gils Carbó que promueve el Gobierno nacional.