El PEN quiere una “ley Gils Carbó”

BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo que el Gobierno buscará avanzar en la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal y así eliminar el requisito del juicio político para apartar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en lugar de apelar a un decreto para que deje su cargo la jefa de los fiscales.

El funcionario precisó la postura oficial luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, había avalado el viernes la remoción de la procuradora sin obligación de recurrir al juicio político con intervención del Congreso. El juez Cayssials declaró “inconstitucional” un artículo de la ley de Ministerio Público aprobada en 2015 que equipara al Procurador General con los jueces de la Corte Suprema en los modos en que puede ser removido.

El ministro dijo a radio Belgrano, que “ese fallo termina dando la razón a la inquietud del Gobierno y a la necesidad de modificar esa ley”. Y agregó: “Esperamos que luego de las elecciones, rápidamente pueda ser modificada la ley del Ministerio Público”.

Garavano sostuvo de todos modos que desde el Gobierno esperan un “gesto” de la procuradora. “Siempre esperamos que la procuradora dé un paso al costado en estas circunstancias procesales donde está siendo investigada o, al menos, pida licencia, como ella en su momento requirió del fiscal (José María) Campagnoli, cuando ordenó su investigación”, recordó.

“A partir de ahí también debe funcionar el Congreso que es el órgano que, en definitiva, tiene que decidir si la Procuradora no renuncia o si debe seguir o no en su cargo”, reforzó.

Finalmente, el ministro dijo que la modificación de esa ley permitirá “construir un Ministerio Público democrático y que permita un cambio del sistema penal”. “Es una de las grandes deudas que tiene este país y que la procuradora Gils Carbó, de algún modo, ha estado bloqueando”, insistió.

Una semana antes del fallo, la jefa de los fiscales había sido procesada por administración fraudulenta en la compra del edificio de la Procuración en la calle Perón 667, de la Ciudad de Buenos Aires, por $ 44 millones. (Télam)