El caso del Pablo Apóstol: una cuestión de desinformación

El principal problema que tiene Tucumán es la desinformación. Tenemos desde hace 10 años una ley nacional -la de Educación Sexual Integral- que contempla la diversidad de género, a la que nuestra provincia nunca se adhirió. Desde hace más de dos décadas se vienen presentando proyectos al Ministerio de Educación para que en todos los establecimientos se dicte educación sexual, acorde con los tiempos que corren. Este año también lo hicimos, pero siempre nos rechazan las propuestas. De todas formas tenemos una ley nacional que se debería cumplir, aunque Tucumán no esté adherida. Esta norma establece que todos nuestros educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en todas las instituciones del país, ya sean colegios públicos, privados, de orden religioso o no. Además, la provincia no destina los recursos suficientes para hacerse cargo de la temática.

Respecto de lo que ocurrió en el colegio Pablo Apóstol, que una educadora hable desde esta sexosofía es inadmisible. Los docentes deben tener una información veraz, auténtica, científica y actualizada si van a abordar el tema. En 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales. Hoy hablamos de orientaciones diversas. Sabemos que hay tantas sexualidades como personas. Nadie puede decir que es antinatural. Además, va en contra de la ley que establece que se debe respetar la diversidad sexual. Esta profesora debe asumir la responsabilidad que le compete: es un agente del Estado. Hablar de esa manera ante los alumnos es muy peligroso porque se generan discriminación, bullying y otras actitudes violentas. El aula, en vez de ser un lugar inclusivo se convierte en algo exclusivo. Es espantoso.