17 Octubre 2017
El oficialismo y la oposición coinciden en que los debates entre candidatos tienen que ser obligatorios en la provincia. Eso se trasluce en tres proyectos de ley que ingresaron en la Cámara durante esta gestión, que comenzó a fines de 2015, tras los controvertidos comicios locales. En gestiones anteriores se habían presentado dos iniciativas más, ambas del bussismo, que fueron archivadas sin llegar a ser tratadas en el recinto.
La celebración de este tipo de discusiones públicas entre los postulantes no está reglada en Tucumán y se llevan adelante por iniciativa de medios locales, como LA GACETA, que organizó dos debates con vistas a las elecciones del domingo, mediante las que se renovarán cuatro de las nueve bancas que Tucumán tiene en la Cámara de Diputados.
Las segundas candidatas de las listas que competirán debatieron en Panorama Tucumano, el programa de TV de este diario (miércoles, a las 22 por Canal 10 y por www.lagaceta.com.ar). En la próxima emisión, mañana, lo harán los candidatos que encabezan las nóminas: Osvaldo Jaldo (Frente Justicialista por Tucumán), José Cano (Cambiemos para el Bicentenario), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) y Ariel Osatinsky (Frente de Izquierda).
En suspenso
Los tres proyectos que tienen estado parlamentario -aún no caducaron- se encuentran en la comisión especial que se conformó para la reforma política y electoral. El grupo no avanzó con sus tareas y, de acuerdo con las autoridades, se reactivará recién luego de las elecciones nacionales. Recién entonces se retomará el tratamiento de las ideas contenidas tanto en el documento “Tucumán Dialoga”-derivó de propuestas y encuentros entre diversos sectores sociales organizados por el Gobierno - como de las iniciativas particulares.
El primer proyecto en ingresar, en noviembre de 2015, fue el del oficialista Marcelo Caponio (bloque Tucumán Crece), quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales. Luego, en agosto de 2016, fue presentada la que impulsaron los radicales José María Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz (bloque UCR). Dos meses después, la iniciativa de Guillermo Gassenbauer (bloque Tucumán Crece) llegó a la mesa de entradas.
En términos generales, los proyectos coinciden en prever la obligatoriedad de debatir para los aspirantes a ocupar tanto la gobernación como las intendencias. Argumentan que serían clave para el fortalecimiento del sistema democrático y la difusión de las propuestas de los aspirantes.
También estipulan como autoridad de aplicación de la ley a la Junta Electoral Provincial (JEP), por lo que debería organizar los debates. Advierten que las discusiones deberán ser transmitidas en directo por Canal 10 y que la señal podrá ser tomada por otros medios televisivos y radiales.
El texto de Caponio tiene la particularidad de mencionar los tópicos que, como mínimo, deberán ser abordados: educación, salud pública, medio ambiente, seguridad y justicia. Avanza también sobre la modalidad de los encuentros: deberían incluir una presentación global de las propuestas; espacio para tocar los temas obligatorios y un segmento final para el intercambio de preguntas y respuestas entre los candidatos. Además, establece que quien no se presente dejará de ser candidato.
Canelada, Aráoz y Terraf consideraron, en su texto, que la agenda de asuntos a tratar deben ser elaborada por instituciones del ámbito académico y organizaciones civiles, con la participación de los postulantes. Difiere en la sanción que se debería aplicar ante la ausencia de alguno de los aspirantes: estipula que perderá el espacio publicitario asignado por la JEP, de existir ese sistema para entonces.
El proyecto de Gassenbauer detalla que el sitio destinado al candidato que no se presente quedará vacío y con su nombre. A modo de sanción, propone la pérdida del 20% del espacio publicitario gratuito. Profundiza en la figura de los moderadores y añade que deberá ser un académico o un periodista.
Las propuestas de los parlamentaros Luis José Bussi y Ricardo Bussi habían sido presentadas en 2011 y 2014, respectivamente.
A presidente
En noviembre de 2016, quedó sancionada la ley de debates presidenciales que obliga a los aspirantes a la Casa Rosada a enfrentarse en un debate. Establece dos diálogos públicos, con 20 y 7 días de anticipación a la primera vuelta electoral (y un tercero en el caso de balotaje). Uno se celebrará en Buenos Aires y otro, en el interior del país. El aspirante al Ejecutivo Nacional que no se presente será sancionado con la quita de los espacios en radio y TV otorgados por el Estado para la campaña. Los temas a tocar y la manera de intervenir serán acordadas, según la norma, entre los postulantes y la Cámara Nacional Electoral.
En 2015, Mauricio Macri y Daniel Scioli aceptaron debatir antes de la segunda vuelta. El acontecimiento fue organizado entonces por la ONG Argentina Debate, conformada por jóvenes empresarios y el CIPPEC. Nunca antes había habido, desde el retorno de la democracia en 1983, un debate presidencial en el país.
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