Gandur solicita informes en 11 casos contra funcionarios

Un pedido de auditoría del abogado y peronista disidente Oscar López sobre el estado de 11 casos iniciados a partir de sus denuncias de presunta corrupción generó nuevos roces en la cúpula del Poder Judicial de Tucumán (ver “Causas penales...”). El 26 de septiembre, cuatro días después de la presentación de López, Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, adoptó la primera medida: dispuso que siete fiscalías de Instrucción informen sobre la situación de los expedientes sensibles. Este proceder no cayó bien al ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, quien exigió que la solicitud de datos sea canalizada por su intermedio.

El 27 de septiembre, la secretaria de Superintendencia de la Corte, Gabriela Blanco, transmitió la disposición de Gandur a los respectivos secretarios de las fiscalías. El 4 de octubre, Jiménez dijo a Gandur que se había enterado de la existencia de los oficios que Blanco había remitido a las oficinas que dependían de su Ministerio Público. “Resulta conveniente comunicarle que todos los pedidos de información que correspondan ser evacuados por dependencias del Ministerio Público Fiscal deberán requerirse por intermedio del ministro fiscal expresando los motivos y las causas a fin de darles curso teniéndolos en consideración, así como el estado procesal de los casos”, expresó el jefe de los fiscales en tercera persona. Trascendió que al menos un fiscal habría contestado ya el oficio de Gandur.

Los 11 procesos en cuestión cubren un período de ocho años e involucran a funcionarios de los tres poderes del Estado, incluido el propio Jiménez. López dijo que peticionaba la auditoría puesto que no tenía acceso a los expedientes. En 2016, la Corte creó el Registro de Funcionarios Imputados en Delitos contra la Administración Pública, pero esta base de datos nunca funcionó. En abril de 2016, la secretaria Blanco informó que el registro estaba en vías de reglamentación.

“Soy un abogado y ciudadano interesado en la lucha anticorrupción, que ha iniciado las múltiples causas intentando suplir el incumplimiento de la obligación de actuar de oficio del Ministerio Público Fiscal”, expresó el denunciante en el escrito que dejó en la Corte el 22 de septiembre. El letrado agregó que había formulado las denuncias, en la mayoría de los casos, con base en publicaciones periodísticas de LA GACETA. “En estas causas se constata un estado de fuga del Ministerio Público Fiscal y del fuero penal, siempre con sus honrosas excepciones”, insistió. López dijo que la parálisis sistemática de las investigaciones demostraba la crisis de la república en Tucumán y generaba las condiciones para una eventual intervención federal: “en lugar de actuar contra la corrupción, se ha levantado un blindaje judicial de impunidad en violación flagrante de la igualdad ante la ley”.

Nueva repercusión judicial de las valijas de la Legislatura

Cuatro días después de pedir una auditoría de 11 causas contra funcionarios públicos derivadas de sus denuncias (se informa por separado), el letrado y peronista disidente Oscar López volvió a la Justicia penal provincial, esta vez para reclamar la investigación de la conducta que el fiscal de Instrucción N°5, Washington Navarro Dávila, desplegó en uno de los casos de los gastos sociales legislativos. López dijo al fiscal Diego López Ávila (N°4) que Navarro Dávila tomó el control de su denuncia pese a que no era competente para ello; preopinó que trasladar dinero en valijas no constituía delito; omitió dar trámite a la recusación en su contra y terminó por archivar las actuaciones valiéndose de las explicaciones dadas por el Tribunal de Cuentas. Como se sabe, de inmediato su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez, desarchivó el expediente penal y lo giró al fiscal N°2, Claudio Bonari, quien aún no resolvió si pide o no al juez que investigue los hechos.

Causas penales con pedido de auditoría

A) Fiscalía n°1 -Fiscala Mariana Rivadeneira

1) “Manzur” / 2013

Oscar López, abogado y peronista disidente, denunció el presunto enriquecimiento ilícito de Juan Manzur, entonces ministro de Salud de la Nación y hoy gobernador, en la Justicia provincial y en la Federal. A la primera, López pidió la investigación de los períodos anteriores al ingreso de Manzur al gabinete de Cristina Fernández de Kirchner: “este caso está inmovilizado”, dijo el denunciante en el pedido de auditoría que presentó en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 22 de septiembre pasado. En 2015, la Justicia Federal sobreseyó al funcionario respecto del período 2009-2010 y ordenó la apertura de una pesquisa distinta por los años subsiguientes, que dirige el fiscal federal N°2, Pablo Camuña.

2) “Excedentes financieros” / 2014

En este proceso López denunció a los vocales del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, por el manejo de excedentes financieros. Según el denunciante, el órgano de control falsería su presupuesto para disponer de alrededor de $ 20 millones en ejercicios posteriores y para fines diferentes a los originales. En el pedido de auditoría, el abogado expresó que en su momento la fiscala Rivadeneira había archivado su denuncia y que, por la gravedad de los hechos, correspondía la revisión de esta decisión y la reapertura del caso en otra fiscalía.

B) Fiscalía n°2 -Fiscal Claudio Bonari

3) “Genocidio infantil” / 2010

López denunció al entonces gobernador José Alperovich, a Manzur y a Pablo Yedlin (entonces ministro y hoy secretario general de la Gobernación con licencia por la candidatura a diputado), y a responsables de La Maternidad, entre ellos la dictora Roxana Chahla (hoy ministra de Salud provincial) por la decisión de “abandonar a su suerte” a niños nacidos vivos con 500 gramos. Según el denunciante, Manzur adoptó esta política invocando una recomendación del Consejo Federal de Salud. “Esta presentación gravísima fue archivada. Luego y ante mi reclamo, el presidente de la Corte ordenó su desarchivo y la giró a la Fiscalía N°2. No he recibido notificación alguna y aparentemente continuaría durmiendo el sueño de los justos”, expresó López en el pedido de auditoría.

4) “Gastos sociales” / 2015

López denunció a autoridades actuales y de la gestión anterior de la Legislatura de Tucumán luego de la publicación de imágenes de valijas cargadas con $ 615,5 millones para gastos sociales legislativos. En posteriores escritos solicitó la investigación del secretario y ex tesorero Claudio Pérez y del legislador oficialista Reneé Ramírez. En septiembre de 2016, el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) archivó la presentación, pero, a continuación, el ministro público Edmundo Jiménez dispuso el “desarchivo” y giró el caso al fiscal Claudio Bonari, que estaba de turno, quien aún no decidió si pide o no la investigación de los hechos. Por su actuación en este expediente, el mes pasado López también denunció a Navarro Dávila (se informa por separado).

5) “Khoder” / 2016

López denunció a Zacarías Khoder, legislador oficialista y ex intendente de la Banda del Río Salí; a familiares de este y a funcionarios municipales por la presunta comisión de delitos contra el erario. La denuncia refiere que la gestión de Khoder habría beneficiado con la adjudicación directa del servicio de recolección de residuos a la empresa Markus SRL, que pertenecería a la esposa de un funcionario municipal. El abogado expresó que ratificó la denuncia en la Fiscalía N°2 y que desde entonces desconoce qué sucedió con el proceso.

C) Fiscalía n°5 -Fiscal Washington Navarro Dávila

6) “Paz” / 2015

López denunció al defensor oficial Roberto Paz y a la camarista penal Liliana Vitar, respectivos ex presidente y ex directiva de la Asociación de Magistrados de Tucumán, como consecuencia de la presentación en sede penal que estos habían formalizado contra los auditores de la Corte que fiscalizaron la actuación del ex fiscal Guillermo Herrera. López dijo que el fiscal Navarro Dávila intervendría en la causa pese a que Vitar es su cónyuge: “habría procedido, con el ánimo doloso de protegerla, a crear una causa de oficio en la que habría ‘por conexidad’ incorporado mi denuncia llegando de este modo a consumar el delito ‘de investigar a su propia esposa’”.

D) Fiscalía n°6 -Fiscala Adriana Reinoso Cuello

7) “Pisa” / 2017

López denunció a Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3, por su actuación en la investigación del presunto abuso sexual de un niño. Según el denunciante, también deberían ser investigadas las conexiones con este caso del ministro público Jiménez, del ex fiscal Guillermo Herrera y del abogado Tomás Robert (hoy relator de Jiménez). López dijo que la denuncia ingresó en junio y que todavía no había sido citado a ratificarla.

e) Fiscalí n°8 -Fiacala Adriana Giannoni

8) “Jiménez” / 2015

López denunció al ministro público Jiménez y a otros por la presunta comisión del delito de asociación ilícita. “Jiménez encabeza una banda de funcionarios que lucra garantizando la impunidad del poder político, y generando negocios con inusitada y escandalosa gravedad institucional”, dijo el letrado. En su pedido de auditoría expresó que lo último que sabía es que esta causa había ingresado al despacho de Giannoni y que esa fiscala se excusó. “Desconozco el paradero del expediente”, añadió.

9) “Pedicone” / 2015

El abogado y peronista disidente solicitó la investigación de los hechos narrados por Enrique Pedicone, camarista de Apelaciones, quien informó a la Corte que no le habían permitido votar en una causa penal contra el ex fiscal Herrera. López apuntó contra Jiménez, jefe de los fiscales; el camarista Eudoro Albo; la ex jueza Mirta Lenis de Vera (se jubiló a continuación); el fiscal Carlos Sale y el ex defensor de Herrera, Tomás Robert (hoy relator de Jiménez). Al igual que en el caso anterior, expresó que la fiscala Giannoni se inhibió respecto de este caso y que carecía de información sobre el trámite dado al proceso.

f) Fiscalía n°9 (VACANTE)

10) “Funsal” / 2009

López y Raúl Moreno (UCR) denunciaron a miembros de la Fundación “Funsal” y a funcionarios del Gobierno de José Alperovich, entre ellos a Pablo Yedlin, por las irregularidades detectadas en la contratación de una capacitación sobre endodoncia valuada en $ 800.000. El caso ingresó en la oficina de la fiscala María de las Mercedes Carrizo (ya jubilada), quien primero solicitó una investigación al juez Juan Francisco Pisa, pero este anuló la petición con el argumento de que tenía defectos formales. Después, Carrizo archivó el caso alegando que Yedlin y otros funcionarios ya habían sido sancionados (con multas) por el Tribunal de Cuentas. La causa revivió en 2014 por la aparición en el sistema informático de un requerimiento de investigación traspapelado. Con ese instrumento, Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó la prosecución de la pesquisa.

g) Fiscalía n°2 de monteros -Fiscal Jorge Carrasco

11) “Yapura Astorga” / 2015

López denunció al intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, y a sus familiares por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El denunciante comentó que el fiscal Jorge Carrasco actuó en un plazo razonable y solicitó la apertura de una investigación jurisdiccional al juez Mario Velázquez, quien avanzó también con rapidez hasta ordenar el envío del caso a juicio oral. En febrero de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción ordenó que fuera un juez distinto quien evaluara si correspondía ir a juicio, tal y como quería Yapura Astorga, y giró el expediente a Raúl Fermoselle, magistrado de Concepción. López dijo que Fermoselle incumplía con su obligación de dictar sentencia respecto de una investigación concluida.