Rajoy a Puidgemont: “Que aclare si declaró o no la independencia”

Rajoy a Puidgemont: “Que aclare si declaró o no la independencia”

El jefe del Gobierno español dijo que, de la respuesta de Puigdemont, dependerá si se activan mecanismos para intervenir la región. Rajoy evalúa con sus ministros si se activan medidas para “hacer volver a la legalidad” a los separatistas catalanes

CONFERENCIA. Rajoy advirtió que la respuesta de Puigdemont marcará los acontecimientos en los próximos días. reuters CONFERENCIA. Rajoy advirtió que la respuesta de Puigdemont marcará los acontecimientos en los próximos días. reuters
12 Octubre 2017

MADRID.- El Gobierno español de Mariano Rajoy solicitó al Ejecutivo de Cataluña, encabezado por su presidente, Carles Puigdemont, que aclare si ha declarado formalmente o no la independencia antes de tomar medidas inéditas para forzar una vuelta a la legalidad, como podría ser la suspensión parcial o total de la autonomía de la región.

Durante una conferencia de prensa, Rajoy advirtió que la respuesta del líder independentista al requerimiento de su Gobierno “marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días”.

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Puigdemont, había anunciado el martes la independencia de la región que preside, pero la suspendió de inmediato para abrir un diálogo con Madrid y mediación internacional, lo que provocó el desconcierto y la decepción entre los secesionistas.

Ahora, Rajoy anunció en una declaración institucional que su Ejecutivo decidió “requerir formalmente al Gobierno de Cataluña para que aclare si ha activado o no la independencia, al margen de la confusión deliberada sobre su entrada en vigor”.

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El requerimiento es una condición “sine qua non” para activar el artículo 155 de la Constitución española, mecanismo que no se ha utilizado en 40 años de democracia española.

Apoyo opositor

“Es evidente que (el 155) se está activando”, opinó en rueda de prensa Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista (PSOE) y jefe de la oposición española, quien dio su apoyo a la respuesta del Gobierno español.

“Es importante y urgente requerir al ‘president’ Puigdemont que aclare, negro sobre blanco, qué es lo que ayer aconteció en el ‘Parlament’”, dijo antes de anunciar un acuerdo con Rajoy para estudiar una reforma de la Constitución española con el fin de resolver la crisis catalana.

La respuesta no tardó en llegar. “No hemos renunciado a nada, hemos dado un tiempo muerto para explorar el diálogo; no es un paso atrás ni una renuncia”, advirtió, en declaraciones a Catalunya Ràdio, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull.

“Si aplican el 155 quiere decir que no quieren dialogar y quedará claro que hemos de ser consecuentes con nuestros compromisos”, advirtió Turull en alusión a su plan de declarar la secesión.

El desafío independentista en Cataluña escaló las últimas semanas cuando Puigdemont mantuvo el referendo soberanista del 1 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional español había ordenado que se suspendiera. Según informó el gobierno catalán, el “sí” a la ruptura con España ganó con un 90%, en parte porque los partidarios del “no” boicotearon la consulta cuando se la declaró ilegal.

Tras el referendo, Puigdemont anunció, el martes, ante el Parlamento autonómico de Cataluña, que “asume” el mandato del pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente, pero enseguida solicitó que se suspendiera la declaración de independencia. Lo hizo, según esgrimió, como un “gesto de responsabilidad y generosidad” para volver a “extender la mano al diálogo”.

La ambigüedad de sus palabras hizo surgir dudas acerca del alcance de lo que había dicho: ¿había declarado la independencia y luego pidió su suspensión, o directamente había solicitado la suspensión del proceso de declaración de independencia, sin haberla proclamado?

En cualquier caso, el anuncio fue recibido con críticas desde Madrid y los partidarios de la unidad de España, pero también contó con el rechazo de los manifestantes independentistas catalanes que se habían reunido alrededor del parlamento.

Luego, en un giro sorprendente, los 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una “república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Esta declaración no se registró, ni se debatió, ni se votó en el pleno de la cámara, por lo que los medios españoles afirmaron que no tenía ningún sustento legal.

De hecho, la propia ley catalana del referendo establece que debía convocarse a una sesión ordinaria del Parlamento para que se declarara formalmente la independencia.

De esta manera, se iba a dar inicio al “proceso constituyente”, que iba a poner en marcha la maquinaria legal catalana, especialmente la ley de transitoriedad jurídica, una especie de constitución temporal.

La ley catalana también contempla que los resultados oficiales del referendo fueran presentados por la sindicatura electoral, algo que tampoco sucedió, pues el órgano fue disuelto por la presión de las autoridades españolas.

¿Qué dice el artículo 155?
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El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn alemana de 1949. 
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Ofrece la posibilidad de que el Gobierno central intervenga parte o toda la autonomía de una región para obligarla a cumplir con sus obligaciones. 
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El texto indica que el Gobierno podrá adoptar medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. 
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Su aplicación abre un escenario desconocido: nunca tuvo que activarse. El Gobierno debe especificar las medidas y someterlas a aprobación en el Senado.  
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En el caso de Cataluña, podría implicar la intervención de autoridades puntuales o la disolución del Parlamento regional para convocar nuevas elecciones. 

¿Qué dice el artículo 155?

El artículo 155 de la Constitución Española de 1978 está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn alemana de 1949. 

Ofrece la posibilidad de que el Gobierno central intervenga parte o toda la autonomía de una región para obligarla a cumplir con sus obligaciones. 

El texto indica que el Gobierno podrá adoptar medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. 

Su aplicación abre un escenario desconocido: nunca tuvo que activarse. El Gobierno debe especificar las medidas y someterlas a aprobación en el Senado.

En el caso de Cataluña, podría implicar la intervención de autoridades puntuales o la disolución del Parlamento regional para convocar nuevas elecciones. 

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