11 Octubre 2017
La Justicia federal pretende conocer cuánto dinero ganaron, en los últimos 10 años, dos de los involucrados en presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Los afectados por la medida del fiscal Pablo Camuña son el coordinador de Programas Federales, Lucas Barrionuevo, y el ex coordinador de Políticas Habitacionales, Miguel Jiménez Augier. Además de haber consultado sobre su salario, la Justicia pidió que se informe cuándo ingresaron a la repartición y, si correspondiera, cuando cesaron en su actividad.
Según el escrito, la causa fue caratulada con el nombre del interventor de la repartición, Gustavo Durán. El rótulo de la investigación reza “Durán, Gustavo sobre defraudación contra la administración pública”.
El 12 de julio, el ciclo televisivo de LA GACETA, “Panorama Tucumano”, transmitió un informe sobre presuntas irregularidades en el Ipvdu. En consecuencia, la fiscala provincial Adriana Giannoni y el fiscal federal Camuña decidieron investigar a diversos funcionarios de la repartición y a empresarios de la construcción.
Uno de los temas que se trataron en el programa periodístico fue el vínculo entre Barrionuevo y los dueños de Marán Constructora SRL, empresa que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Aunque el funcionario había negado conocer “de antes” a Sebastián y Martín Nieva, dueños de la constructora, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Durán también fue vinculado a los dueños de una sociedad que trabaja en obras del Ipvdu. Su cuñado, Raúl Eduardo Beverina, es uno de los socios de Kursk SRL, constructora que lleva a cabo al menos una obra de la repartición.
Además, Barrionuevo enfrenta otro tipo de denuncias. El arquitecto y empresario de la construcción Javier Zerda denunció, mediante una carta publicada por este diario el 3 de agosto, que Barrionuevo le había pedido una coima a cambio de agilizar un trámite en el instituto. El funcionario fue suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación administrativa cuyos resultados se deberían dar a conocer el jueves. Actualmente no está yendo a trabajar por motivos de salud, según informaron desde la repartición (ver: “Licencia por salud”).
La investigación contra Jiménez Augier se centró en su patrimonio. Se determinó que en una caja de seguridad a su nombre había cerca de U$S 500.000. Según un documento presentado en el fuero civil, el dinero habría pertenecido a Álvaro Arraya, conocido del ex funcionario. Aunque, cuando Arraya fue citado por Giannoni, declaró que los dólares no eran suyos y que solo había firmado el documento para “hacerle una atención” al ex coordinador. En este contexto, el gobernador Juan Manzur optó por desvincular a Jiménez Augier.
Según fuentes judiciales, la causa federal seguirá adelante ya que se solicitaron diversas medidas de investigación que se encuentran en plena producción. En el ámbito provincial, la fiscala Giannoni tendría planeado citar a Jiménez Augier luego de que hayan declarado otros testigos involucrados en la investigación patrimonial, que serían convocados por la Justicia en los próximos días.
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