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El Presidente Subrogante a cargo de la Presidencia, Julio Silman, encabezó la reunión y explicó que el objetivo es generar una nueva ley, muy similar a la recientemente caducada.
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La norma que declaró el estado de emergencia en seguridad, adicciones y políticas carcelarias para todo el territorio provincial, caducó ayer, un año y un día después de su publicación en el Boletín Oficial.
La ley había sido aplicada por el Poder Ejecutivo para agilizar los procesos de compra de bienes y servicios, como patrulleros y equipos de comunicación.
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La ley 8.931 establece en su primer párrafo que el estado de excepción se extiende “por el término de 365 días corridos a partir de la publicación” en el Boletín Oficial, lo que se produjo el 7 de octubre de 2016. Los legisladores radicales José Canelada y Adela Estofán, afines a Cambiemos, advirtieron que no se avanzaba en la prórroga de la norma y pidieron a las autoridades de la Legislatura el llamado a una sesión urgente para renovar la vigencia de la ley.