“Las SS hitlerianas son un poroto a la par de la Unidad de Información Financiera. Armaron una causa donde hay decenas de dicen que me han dicho y ninguna prueba concreta en contra de estas personas”, aseguró Cergio Morfil, defensor de Ángel “El Mono” Ale, uno de los integrantes del clan que está afrontando un juicio al estar acusado de haber lavado activos provenientes de diferentes ilícitos.
En la edición de ayer, LA GACETA publicó una entrevista a Mariano Federici, titular de la UIF, que cuestionó al Tribunal por haber dejado en libertad a los acusados. “No molesta que investiguen, pero sí que inventen cosas para procesar a una persona. Dicen que esta es la causa más importante que tienen, pero se olvidan la de Julio De Vido, José López, Cristobal López y hasta de Cristina Fernández. Demostraron que son obsecuentes al kirchnerismo. Lo único que pretende es presionar a los jueces”, indicó el profesional.
“No podemos aceptar, como defensores ni como hombres de derecho e integrantes de la sociedad, bajo un sistema democrático y republicano de gobierno, estas ligeras y mal intencionadas amenazas de Federicci, que aniquila el principio de Independencia de actuación en los poderes del Estado”, destacaron Manuel Pedernera (defensor de Hernán Lazarte), Eduardo Taleb (codefensor del “Mono” Ale) y Alejandro Biagosh (defiende a Rubén “La Chancha” Ale).
Los profesionales recordaron cuando se vivió una sitiuación similar cuando no se condenó a María Jesús Rivero (que también está siendo enjuiciada) en el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón. Según explicaron, “los jueces, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena fueron obligados a renunciar y Romero Lazcano, sometido a juicio político, por la presión de Susana Trimarco, la ex ministra Nilda Garré y de la ex presidenta Cristina Fernández”.
“Federicci mediante una manipulación del lenguaje, tomando algunos datos de la realidad, sin dudas, ha pretendido presionar anticipadamente a los Señores Jueces del TOF, y confundir la opinión de la Sociedad, emitiendo un peligroso mensaje, cuyo reproche y rechazo resultan de una necesidad extrema”, explicaron en la nota enviada a LA GACETA.
Los profesionales, que anunciaron que están analizando la posibilidad de iniciar acciones civiles en contra del funcionario por sus dichos, agregaron: “el funcionario hace hincapié que la libertad de nuestros defendidos, y a un posible entorpecimiento en la producción de pruebas restantes, las que se han llevado a cabo casi en un 100 %. Pero nada dijo, guardando escandaloso silencio en relación a la misteriosa desaparición de 232 discos compactos con más de 1.800 horas de escuchas telefónicas y de pruebas instrumentales, en franca violación de la cadena de custodia, situación ajena a esta defensa, siendo nosotros quienes denunciamos tal anomalía”.