Giannoni rechazó un pedido de Elías de Pérez referido al IPV

La fiscala Adriana Giannoni, quien lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), rechazó un planteo de la senadora Silvia Elías de Pérez. La parlamentaria había denunciado una serie de presuntos ilícitos en la repartición que conduce el interventor Gustavo Durán, y en agosto solicitó a Giannoni que se le permita actuar como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Además, había requerido que se tomen una serie de medidas respecto de los funcionarios y empresarios bajo investigación. Mediante una resolución firmada el 12 de septiembre, la fiscala negó las solicitudes de la radical.

Elías de Pérez también había pedido a la Justicia que ordene la detención del ex funcionario del Ipvdu, Miguel Jiménez Augier, y del coordinador de Programas Federales del Instituto, Lucas Barrionuevo. Agregó el requerimiento de que se dicte la inhibición general de bienes contra ambos investigados y algunos de sus familiares. Durán también fue mencionado en el escrito que había presentado la senadora, al igual que Sebastián y Martín Nieva, dueños de la constructora Marán, que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Aunque Barrionuevo había negado conocer “de antes” a los hermanos Nieva, se comprobó que los empresarios son sus sobrinos políticos. Elías de Pérez pretendía que se citen a declarar a todos los involucrados.

Por la defensa del interventor Durán, los abogados Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito pidieron a Giannoni que rechace la solicitud de Elías de Pérez para convertirse en “amicus curiae”. En el escrito sostuvieron que el pedido de la senadora debía ser negado “atento al interés persecutorio” de la denunciante.

En la Fiscalía

Giannoni explicó que para aceptar un “amicus curiae” quien aplica debe ser alguien de reconocida especialidad en la materia, facultado para intervenir en aquellos casos en que se afecten derechos colectivos o garantías constitucionales. Tras su explicación, consideró que “la figura el amicus curiae no es aplicable al caso”.

Además, la fiscala rechazó el pedido de detención y de inhibición general de bienes argumentando que no se encuentran reunidas las exigencias legales para tomar esas medidas. También se negó a que los involucrados presten declaración indagatoria ya que la pesquisa se encontraba en un incipiente estado y todavía no se había determinado, al momento de firmar la resolución, la existencia de algún delito.

Actualmente, luego de que un testigo clave declarase ante Giannoni el martes, en la Fiscalía se planea citar a Jiménez Augier y se analiza la posible configuración de dos delitos: enriquecimiento ilícito y estafa procesal. El ex funcionario, desvinculado el lunes por decisión del gobernador Juan Manzur, es investigado por su situación patrimonial ya que se determinó que en una caja de seguridad a su nombre había cerca de U$S 500.000.

Según un documento que fue presentado en el fuero civil, el dueño del dinero habría sido Álvaro Arraya, conocido de Jiménez Augier. Sin embargo, Arraya habría declarado ante Giannoni que los dólares no eran suyos y que había firmado el documento con el objetivo de “hacerle una atención en el juicio civil” al ex funcionario. Según fuentes judiciales, Arraya dijo que Jiménez Augier lo contactó de forma reciente para pedirle que mantenga la versión de que el dinero era suyo. Pero al momento de declarar ante la fiscala, Arraya habría ratificado lo que anticipó a LA GACETA: que “no tenía nada que ver” con el medio millón de dólares.