Los ediles de Yerba Buena discuten hasta por una fecha

La fractura en el Concejo Deliberante de Yerba Buena llegó a tal nivel que los ediles ni siquiera pueden ponerse de acuerdo acerca de una fecha. Así, mientras la minoría oficialista asegura que ya venció el plazo judicial para que se verifique si Rodolfo Aranda reúne las condiciones requeridas para ser concejal, la mayoría opositora sostiene que eso aún no ocurrió.

El martes se habrían cumplido los 10 días hábiles que los camaristas Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello votó en disidencia) le habían otorgado a ese cuerpo, según entienden Marcelo Rojas, Javier Jantus y José Macome. Por ese motivo, los aliados al intendente Mariano Campero elevaron ayer una nota al presidente del Concejo, Benjamín Zelaya, mediante la que le consultan si dio cumplimiento a lo dispuesto por los camaristas.

En el texto, además, remarcan que al no haber interpuesto el Concejo un recurso de apelación, el fallo del 11 de septiembre (notificado a las partes el 18 de ese mes) quedó firme. “Siendo que el tratamiento de la sentencia es de carácter institucional, y atento a que en numerosas oportunidades solicitamos que se respete la voluntad popular y se tome juramento a Aranda para que ocupe la banca de concejal que le corresponde, hacemos directamente responsable a usted de las consecuencias legales y económicas que la falta de cumplimiento pudiere acarrear”, le advierten en el texto al titular del Concejo yerbabuenense.

Por el contrario, Zelaya está convencido de que los plazos dejaron de correr luego del recurso de inconstitucionalidad, con efecto suspensivo, que presentó el lunes ante la Sala II. “Este se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo formulados por los concejales de ‘Camperito’”, replicó -mediante un comunicado- el presidente del Concejo.

El radical hizo mención al planteo formulado el lunes, en el que objeta la sentencia que le puso un plazo al Concejo para analizar si Aranda reúne las condiciones necesarias para asumir una banca que permanece vacía hace casi un año. “Aquí debe quedar en claro que la banca que aspira el señor Aranda no estaba vacante al momento del dictado de este decisivo fallo. Yerra el vocal Rodolfo Novillo cuando invoca normativa inconstitucional al argumentar su voto. (...) La Carta Magna va más allá aún al establecer que en el ejercicio de su autonomía política, las autoridades municipales son jueces naturales de la elección de sus miembros”, manifestó en el escrito interpuesto.

Zelaya integra el espacio opositor junto al macrista Pedro Albornoz Piossek; los radicales Maximiliano García y Lucas Cerúsico; y los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. “El problema del concejal testimonial Lisandro Argiró lo generó el intendente al designarlo secretario de Gobierno luego de la renuncia de Julio Rossi por hechos poco transparentes en la gestión municipal de Campero. Ahora estamos defendiendo en la Justicia la autonomía municipal producto del ataque permanente de él hacia el Concejo. No contesta los pedidos de informes, gobierna por decreto para el cobro ilegal del Tributo de Emergencia Municipal, no respeta la división de poderes, se maneja como si fuera el monarca Luis XIV y se siente dueño del municipio”, remató Zelaya.

Aranda analiza otro planteo judicial

Ni bien hubo transcurrido el plazo, según sus cálculos, Rodolfo Aranda se presentó el mismo martes en los pasillos de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, con el afán de saber si los concejales habían realizado alguna contestación. No obstante, le indicaron que deberá aguardar a que los jueces lo notifiquen al respecto.

En el interín, Aranda se muestra cauto. Responde que aguardará ese aviso. Y que, en caso de que no se cumpla con lo dictaminado, le pedirá a la Justicia, ahora, que declare al Concejo Deliberante en desobediencia judicial y, en consecuencia, le aplique una multa. Incluso, ha evaluado la posibilidad de efectuar una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero en el fondo, se esperanza con que su reclamo se resuelva de modo favorable a sus intereses. Y lo que lo alienta es la reunión que mantuvo el miércoles de la semana anterior, a solas, con el presidente del Concejo, Benjamín Zelaya, en la que conversaron sobre la situación que los enfrenta desde hace meses.

En marzo, y luego de esperar en vano por su asunción, Aranda fue a la Justicia y acusó al Concejo de negarse a incorporarlo. Los camaristas Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello votó en disidencia) hicieron lugar a la presentación y ordenaron a los ediles que “cesen en su omisión arbitraria e injustificada”, y verifiquen en 10 días hábiles los títulos del dirigente radical. Este aspira a ocupar el escaño que liberó en septiembre del año pasado Lisandro Argiró, quien desde entonces se desempeña como secretario de Gobierno del municipio. Un par de días después de emitida la sentencia, en sesión, la mayoría opositora dispuso el cese de la licencia que le había conferido el cuerpo de Argiró. En paralelo, el funcionario presentó su dimisión al Concejo Deliberante, pero ese escrito no fue tratado en el recinto ese día porque la oposición consideró que debía seguir los carriles normales.