Ante la Corte, los camaristas en disputa llegaron a un acuerdo

Parecía que la bomba iba a explotar, pero no. Los camaristas de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone, sellaron un entendimiento ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en pleno. En la reunión con los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, los jueces acordaron que iban a esperar la inminente jubilación del secretario Mario Visuara y que la relatora Jimena Suárez trabajará a las órdenes exclusivas de Albo, quien había pedido su designación. Pedicone había solicitado el lunes el traslado de los dos funcionarios en conexión con la causa “Teves” mientras que sus pares habían intentado frenar unas reubicaciones que consideraron unilaterales e inconsultas.

“Ellos mismos arreglaron el problema”, informó Gandur. La crisis se desató al día siguiente de que este diario publicara que el presidente Albo había devuelto una queja por retardo de justicia presentada por Roxana Teves, imputada y denunciante del ministro público fiscal Edmundo Jiménez, contra la fiscala Adriana Giannoni (N°8). Con la publicación en la mano, Pedicone responsabilizó a Visuara de la omisión de informarle que existía un planteo relacionado con esta causa con repercusiones institucionales intensas. Y consideró prudente el traslado de Suárez, que es hija de Giannoni. El trámite de la queja no quedó ahí porque, mientras Albo y Vitar, quien también está a un paso de jubilarse, habían ido a la Corte a expresar su oposición a las reubicaciones, Pedicone tomó el rol de presidente de la Cámara y exigió la entrega del caso “Teves” a Giannoni. La fiscala impugnó la orden y a quien la dio (ver: “Es mi deber custodiar el caso Teves”).

Después de una semana de altísima tensión, ayer hubo paz y sonrisas, además de nuevos planteos sobre las carencias materiales y de personal que afronta la Cámara de Apelaciones, donde tres jueces todavía revisan las investigaciones penales de toda la provincia. En cuanto a lo coyuntural, trascendió que en la reunión Albo dijo que no había habido mala fe en la omisión de informar a Pedicone sobre la queja de Teves y que Visuara, que está en el final de su carrera, no debía cargar con ello. Los vocales de la Cámara y de la Corte consensuaron el nombramiento inmediato de un secretario ad hoc. Además, resolvieron que se repartirán los relatores: hasta este conflicto, todos trabajaban con todos los camaristas. También se habló de la necesidad de regular el ejercicio de la presidencia subrogante. Al respecto, Pedicone llevó ayer a los vocales de la Corte un informe oficial del fedatario Visuara que consigna que estaba a cargo de la Cámara cuando ordenó a Giannoni la entrega de la causa “Teves”.

La fiscala Adriana Giannoni (N°8) cumplió y dio acceso al recurso de nulidad que había presentado contra la disposición del juez Enrique Pedicone que le ordena remitir la causa “Teves” a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En esa impugnación, la fiscala negó terminantemente haber incurrido en desacato, y cuestionó las motivaciones de Pedicone y su capacidad para actuar como presidente del tribunal mientras el titular Eudoro Albo y su par Liliana Vitar estaban haciendo gestiones por un conflicto con el personal también ligado al caso “Teves”, que empezó en 2009 por una denuncia de Carolina Severini. “Es mi deber custodiar las actuaciones”, dijo Giannoni.

Siempre según el recurso, que está pendiente de resolución, la fiscala sostuvo que Pedicone había violado el debido proceso legal. Y citó una instrucción de abril de su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez, que establece una serie de reglas para el envío de los expedientes, como la especificación detallada de las razones para entregarlo: “(en cuanto al caso ‘Teves’), la remisión (a la Cámara) podría generar un grave retardo en la instrucción de esta considerando que se debe privilegiar la administración de justicia y los derechos de las partes evitando dilaciones innecesarias”.

Giannoni recibió este expediente en 2015, por decisión de Jiménez. En septiembre de ese año, la fiscala lo elevó a juicio, pero ningún juez se expidió todavía.

La imputada Teves, quien estuvo en prisión preventiva junto a tres familiares en 2010, se allanó, y dijo que quiere ser juzgada para exponer que, en realidad, es víctima de un grupo de jueces y abogados ligados a Jiménez.