El GPS de un patrullero de la Dirección General de Investigaciones indica que el detenido José Luis Rodríguez abandonó su celda en ese móvil policial y que hizo un recorrido de dos horas antes de desaparecer. Entre las paradas que hizo el vehículo se distinguió una en San Lorenzo al 600, donde vive su ex pareja, y en 25 de Mayo al 600, donde reside su novia. Las dos mujeres están siendo investigadas por el fiscal Diego López Ávila para determinar qué rol pudieron haber tenido en la fuga.
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En este sentido, se hicieron cinco allanamientos, incluyendo la casa de las mujeres, y les secuestraron los celulares a ambas. Según se estima, ambas tendrían contacto con Rodríguez. Uno de los objetivos de las pericias de los aparatos es poder conocer el paradero del prófugo; el otro es saber si ellas cometieron un delito durante esa madrugada.
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Según confiaron fuentes de la investigación, ambas están alcanzadas por un beneficio de la Ley que las exime de responsabilidad punitiva por la relación de afecto que tendrían con el acusado. Sin embargo, si se descubre que cometieron un delito, y que este no es sólo encubrimiento sino que además les puede caber alguna responsabilidad por la fuga o el rol de coautoría, se complicaría mucho su situación.
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Ellas no son las únicas bajo sospecha. Al momento de la fuga de Rodríguez, había tres policías responsables de su arresto y al menos dos de ellos están siendo mirados con una lupa por los investigadores. Sobre el tercero, que estaba durmiendo cuando Rodríguez escapó -según algunos testimonios que se recogieron- las sospechas no son tan fuertes. De hecho, este efectivo habría discutido a los gritos y habría intercambiado insultos con sus compañeros al notar que faltaba el detenido, que tuvo que pasar al menos por tres puertas con candado para salir. Por el momento, sólo declararon los presos y otros posibles testigos de la escena; los policías se sentarían frente a López Ávila pronto.
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Otra de las aristas que tiene el caso para la fiscalía IV° es la posible superpoblación del arresto en que estaba el detenido, que está acusado por estafas y falsificación de documento. El fiscal López Ávila fue quien pidió el hábeas corpus -junto con la fiscala Adriana Giannoni- en favor de los detenidos tras la muerte de dos presos en la Regional Norte en 2015. También es el funcionario judicial que tuvo que intervenir en la toma de rehenes de la madrugada del 3 de octubre del año pasado, en la que unos 23 imputados amenazaron con asesinar a dos guardiacárceles si no se les proveía de mejores condiciones de encierro.