La Provincia no apoyará el Presupuesto elevado por Macri

Un análisis sobre la distribución que los fondos nacionales para obras públicas tendrían en 2018 -según el Presupuesto presentado por la Casa Rosada- generó dos repercusiones principales en el Gobierno provincial. Por un lado, despertó irritación y, por el otro, le brindó el sostén a uno de sus principales argumentos de la campaña: que Cambiemos gobierna con una mirada centralista.

El estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), publicado en LA GACETA, concluyó que el 42% de las partidas de planes para infraestructura se destinará a la provincia de Buenos Aires (22%) y a la Capital Federal (20%). Tucumán, en tanto, recibiría el 2,2%.

“Defender Tucumán”

“Hay que generar equidad e inclusión y esto se hace mediante las obras de infraestructura, que tienen que ser con recursos nacionales”, consideró ayer el gobernador Juan Manzur tras entregar una treintena de escrituras en el barrio La Mago, de la capital. Opinó que el proyecto de Presupuesto expresa claramente por qué hay que defender Tucumán -principal slogan del Frente Justicialista- y aseguró que va a tener que ser modificado para que las obras “lleguen también al interior”. “Los diputados de Tucumán irán a Buenos Aires a defender a la provincia. Los de nuestro espacio plantearán que se revea esta decisión y que podamos tener un desarrollo armónico y equitativo”, expresó.

Osvaldo Jaldo, primer candidato del oficialismo, fue más tajante y afirmó que, cuando la Nación toma una decisión, “no es para beneficiar al interior”. “Decíamos que veníamos siendo discriminados, que el Gobierno había decidido concentrar los recursos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. El Gobierno de (Mauricio) Macri está dando prioridad a los porteños en infraestructura en desmedro del interior. Es una decisión política que tomaron los porteños: el Presidente porteño y la vicepresidenta (Gabriela Michetti) porteña”, disparó el vicegobernador en uso de licencia. Añadió que se está gobernando para dos o tres provincias y marginando al resto. Adelantó que si el Presupuesto se trata después de diciembre, él encabezará a los parlamentarios que se opondrán a las pautas diagramadas en el proyecto original.

“Todos los recursos son para la gobernadora (María Eugenia) Vidal y a esto no lo vamos a permitir. Convocamos a todos los tucumanos a resistir. Se dejaron de hacer escuelas, viviendas y módulos habitacionales. Veníamos con un promedio de 2.000 casas y 30 escuelas por año. Se paró todo. Y si hay reformas laboral y tributaria no hay duda de que vienen por los recursos de Tucumán”, renegó.

El postulante del Frente Justicialista Pablo Yedlin advirtió que las asimetrías no sólo abarcan los recursos para obras públicas, sino también en Aportes del Tesoro y las transferencias directas. “Desde el Congreso construiremos un país federal. Hay muchas asimetrías. El norte necesita una mirada especial. Resulta que de los botiquines del ex Remediar, en el primer semestre del 2017, Tucumán ha recibido 500 unidades menos y Jujuy (gobernada por Cambiemos) 300 más. No es sólo obra pública: es leche, patrulleros, remedios y vacunas”, lamentó.

Las beneficiarias

$ 1,65 millón
recibirá la comuna de Medinas para camión con volquete y muebles
$ 1,3 millón
obtendrá la comuna de Ciudacita para un camión con volquete
$ 1,3 millón
tendrá la comuna de Yerba Buena
$ 1,3 millón
llegarán a Villa Chicligasta
$ 1,3 millón
irán para San Pedro y San Antonio
$ 1,45 millón
llegan a la comuna de Villa Belgrano
$ 1.45 millón
obtendrá comuna de El Naranjito
$ 1.45 millón
comuna de Quilmes y Los Sueldos
$ 190.692
llegarán a la comuna Alto Verde y Los Gucheas sólo para muebles
$ 11,43 millones
es el monto total girado por el Gobierno nacional.

Fallo judicial adverso
El DNU: Una modalidad de legislación objetada cuya vigencia, por ahora, no corre peligro
Existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que objeta la conversión de un DNU en ley por el mero paso de 20 días hábiles. A raíz de una demanda de los abogados constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, el alto tribunal (con los votos de Rodolfo Novillo, Sergio Gandur -h- y Carlos Ibáñez) objetó la vigencia del inciso 2 del artículo 101 de la Constitución provincial. “En el término de cinco días hábiles de dictado el decreto, éste será remitido a la Legislatura de la Provincia para su consideración. Dentro de 20 días hábiles de haber sido recibido por la Legislatura, ésta deberá expedirse sobre su validez”, señala la Carta Magna. Y advierte: “en caso de que (el DNU) fuera ratificado o venciera el plazo establecido por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado”. Según la Corte tucumana, “el silencio nunca puede convertir un decreto de necesidad y urgencia en una ley”. El camarista Ibáñez, quien se ocupó de desarrollar este tramo de la sentencia, remarcó que el Poder Ejecutivo no legisla, y que esa regla solamente ha de ceder ante la existencia de situaciones excepcionales, como las catástrofes naturales. En la esfera nacional, los DNU están regulados en la Ley 26.122: Ibáñez recordó que esa norma exige al Congreso el rechazo o la aprobación expresos. Más allá de esto, el fallo por la demanda de Iriarte y Fontán aún no está firme. Por lo tanto, el DNU de Manzur que habilita la compra directa a comunas no corre riesgo.