El fiscal Brito insiste en que Cortalezzi debe ser indagado por un caso de la Caja

El fiscal federal N°1, Carlos Brito, se opuso al cierre de la causa penal iniciada en 2014 contra funcionarios de la Caja Popular de Ahorros como consecuencia de una denuncia de la Asociación Bancaria. Con ese fin, recurrió la sentencia del 28 de abril del juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, que consideró que las conductas investigadas no constituían delitos y se ajustaban a la ley. Según Brito, el interventor Armando Cortalezzi debe ser indagado como imputado. Además, el fiscal consideró que corresponde procesar y profundizar la investigación respecto de los agentes Luis Alberto Germain y Lucía Inés Albaca. El futuro de la pesquisa depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que integran los jueces Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar.

La causa comenzó en la época del conflicto entre el gremio y el Gobierno de José Alperovich. En esas circunstancias tensas, Juan Andrés Robles y José Cesar Díaz, apoderados de La Bancaria, denunciaron a Cortalezzi por la presunta comisión de los delitos de mal cumplimiento de los deberes de funcionario público; de retención indebida de aportes de la seguridad social y de apropiación indebida de tributos. Según Robles y Díaz, la entidad había omitido pagos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en concepto de seguridad social y del impuesto a las ganancias (que se retiene de la remuneración que deben percibir los trabajadores). Al apelar la sentencia de Poviña, Brito dijo que, en el transcurso del proceso, los contadores de la AFIP, Carlos Cesar Catalán y Rene Aníbal Moyano, coincidieron en expresar que la Caja Popular había declarado conceptos remunerativos como “no remunerativos” o “en negro” en sus declaraciones juradas: “este hecho fue advertido por los inspectores cuando procedieron a realizar el procedimiento de fiscalización ordenado en virtud de la denuncia realizada, lo que generó que se hicieran declaraciones rectificativas y reimputaciones”.

El fiscal recordó que se había acordado el incremento de los salarios de los bancarios de la CPA y que el pago del aumento se hiciera efectivo a partir del 6/6/2013 (retroactivo al mes de enero de 2013). “Sin embargo, recién en octubre de 2013 se liquidó y se confeccionó un recibo de sueldo comprensivo de la totalidad de los incrementos de los meses de enero a octubre, realizándose los correspondientes descuentos a los trabajadores. No obstante, sólo a partir de junio de 2015 se realizaron los depósitos de los aportes correspondientes a la seguridad social en la AFIP mediante declaraciones juradas rectificativas”, agregó. Brito insistió en que los funcionarios de la Caja pagaron luego de que trascendiera la denuncia penal en su contra.