“La Nación nos ha dejado en un estado de orfandad”

Si el Estado fuese una familia en donde el Gobierno nacional representa la figura del padre y las provincias la de los hijos, Tucumán no tendría dudas en señalar a Buenos Aires como el preferido. Más allá de la metáfora, esa es la sensación que intenta transmitir la Provincia en su escrito, según explica el fiscal de Estado, Daniel Leiva.

El funcionario no tiene reparos en mencionar las sorpresas con las que, dice, se toparon al momento de leer el expediente judicial abierto a partir de la demanda bonaerense en contra del Estado nacional, para que se elimine el tope vigente al Fondo del Conurbano. “Hay circunstancias que tornan a esta demanda de la provincia de Buenos Aires en una pieza única en la historia judicial de la Argentina”, sintetiza. Y de inmediato comienza a relatar los hallazgos. Principalmente, porque si bien la demanda bonaerense es contra la Nación, esta administración nunca en el expediente se defiende o refuta los argumentos en su contra, sino que los asiente.

“Es un hecho inédito. Vemos en la faz técnica una suerte de coreografía procesal orquestada entre Buenos Aires y Nación”, grafica, y habla de un “allanamiento encubierto” por parte de la gestión de Mauricio Macri.

Limitadas

Según Leiva, que las provincias estén en el proceso como terceros y no como partes demandadas les limita la posibilidad de ejercer en plenitud el derecho a la defensa. No obstante, aclara: “eso no sería un inconveniente si la Nación hubiese hecho lo que debía hacer frente a esta situación”.

“Esta no es una cuestión justiciable, sino que debe ser atendida dentro de lo que se denomina federalismo de concertación. Se debe tener en cuenta que Buenos Aires se adhirió a esta ley oportunamente (que fijó el tope al Fondo del Conurbano) y a lo largo de más de 20 años se fueron dictando normas para el destino de fondos. Resulta que ahora, de repente y por una cuestión de caja, llega a la conclusión de que ese límite es inconstitucional”, sostiene.

Leiva no sale de su asombro por la respuesta de la Nación en el expediente, asintiendo al reclamo. “Dicen que la posición de Buenos Aires es ajustada a derecho. La máxima autoridad del país, el presidente de todos los argentinos, manifiesta su complacencia en relación a la posición bonaerense. Aún más, se arroga facultades de decir y resolver derecho en procura de defender esa posición. Así, adopta una postura que es tendenciosa e irrazonable”, amplía.

¿Cómo quedan el resto de los distritos frente a esa postura asumida en el juicio por el PEN?, se le pregunta. “Como provincia nos deja en un estado de orfandad en términos judiciales, al igual que al resto de las provincias. Nos podemos considerar huérfanos”, sentencia.

El fiscal de Estado insiste en que es en el Congreso en donde resolver la cuestión, y pone como ejemplo el funcionamiento de los convenios en materia tributaria: la Comisión Federal de Impuestos (CFI) sesiona mensualmente con representantes de todos los distritos. “Entonces en esta situación, que es de tal magnitud, no reviste lógica que se pretenda resolver por la vía judicial. Tal es la complacencia del Gobierno nacional, que frente a una cautelar que plantea Buenos Aires directamente realiza una suerte de allanamiento y habla sobre el peligro que corre la provincia de Buenos Aires. Asume que esa provincia está sufriendo un daño, y eso no es cierto. No es cierto que esto le ocasione un daño alguno. Sólo en febrero y en un sólo día le otorgaron $ 25.000 millones, lo que equivale a casi el 50% de un presupuesto de Tucumán”, ejemplifica. Y cierra con otra comparación para justificar el porqué Buenos Aires no corre actualmente ningún riesgo fiscal, aunque se mantenga el tope para el Fondo del Conurbano: las asimetrías que hay en la distribución de subsidios para energía y transporte público, en desmedro del interior.

La postura

“Estamos reclamando que se nos reconozca un pleno rol de parte para poder ejercer nuestra legítima defensa. Más allá de esto, entendemos que es algo que debe ser resuelto y analizado en el seno del Congreso nacional, como lo prevé el artículo 75 de la Constitución. Esa es la forma prevista por la Carta Magna para que las provincias, en la construcción colectiva de la nacionalidad y del funcionamiento de un país lleven sus inquietudes y las resuelvan”, sostiene el funcionario.