Surgieron nuevos indicios del contacto entre Trayán y la política tucumana

A días de que cumpla un año encerrado en el penal de Villa Urquiza, Julio César Trayán, el ex empleado legislativo acusado de integrar una banda narco, recibió la peor de las noticias. La Cámara Federal de Apelaciones resolvió rechazar todos los planteos de la defensa y su procesamiento quedó firme, al igual que los de otros cinco imputados en la causa.

El 19 de septiembre de 2016 la división de Drogas Peligrosas realizó un megaoperativo en distintos sectores de la ciudad. Comenzó así a desarticular uno de los grupos que se habría dedicado al tráfico de drogas más importante de los últimos años. Entre los arrestados figuraba Trayán, que trabajaba para Santiago “Cacho” Cano en la Legislatura. Su detención generó un escándalo a nivel nacional: nunca antes había quedado al desnudo la relación entre un narco y la política.

Sin embargo, en el fallo de la Cámara dado a conocer el 8 de septiembre, ese vínculo quedó plasmado en la declaración indagatoria de uno de los imputados. Walter Daniel García aseguró que “(a) Trayán lo conoció en diciembre de 2012 porque, al morir mamá, el nombrado les gestionó un ataúd y la tierra en el cementerio, ayuda que se repitió en el año 2014 cuando falleció papá. Recién volvió a tener contacto (con Trayán) en el año 2015 por las elecciones, cuando trabajó para Trayán trasladando fiscales de mesa, o llevándoles la comida, porque le había prometido un plan si ganaban las elecciones”.

Para los especialistas, este dato dejaría al descubierto que Trayán no era un mero empleado legislativo, sino un dirigente de peso que habría tenido poder de decisión dentro de una organización o al menos los contactos necesarios para conseguirles ciertos beneficios a las personas que él quisiera.

Pero, para los allegados al acusado, el testimonio que ofreció el imputado es poco creíble. Razonan que en esos momentos los García ya podrían haber estado operando. Y ponen como ejemplo que en 2012, cuando supuestamente recibieron un ataúd y una parcela en un cementerio, Ricardo Gustavo García, hermano del declarante y acusado de ser el líder de la banda, ya había sido condenado en Córdoba por una causa de drogas. Se sospecha además que en 2015, cuando supuestamente trabajó en las elecciones, la banda ya estaba bien organizada y operaba con normalidad.

Trayán, dirigente oriundo de Villa Muñecas que ocupó un cargo en el Partido Justicialista, demostró ser un hábil negociante en el mundo de la política. Fue designado en 1998 como empleado municipal en la Dirección de Espacios Verdes. “Cacho” Cano lo sumó a su plantel en 2008, bajo la modalidad de adscripto, cuando era presidente del Concejo Deliberante de la capital. Esa relación laboral caducó en 2011.

Al año siguiente fue incorporado, también como adscripto, al equipo del entonces concejal Christian Rodríguez, legislador del bloque Peronismo del Bicentenario y afín a la gestión del intendente capitalino Germán Alfaro (ApB-Cambiemos). El vínculo duró un mes, hasta que Trayán pasó -otra vez adscripto- al Departamento de Higiene y Seguridad Laboral.

Según datos oficiales a los que accedió LA GACETA, el ahora detenido fue reincorporado por el legislador Cano el 6 de enero de 2016, otra vez como adscripto, en el bloque oficial Tucumán Crece. Su esposa, en tanto, estaba contratada en la bancada oficialista. Después de que fuera detenido, “Cacho” Cano dio por terminada su adscripción y en la Municipalidad se inició el sumario para cesantearlo. En el caso de su esposa, se quedó sin trabajo en un abrir y cerrar de ojos porque era empleada de la Legislatura.

Defensa

El legislador Cano pareciera no haberse recuperado del golpe que le significó haber quedado en medio de este escándalo. “No es cierto lo que dice esa persona. Es imposible que Trayán le haya ofrecido un plan social a cambio de trabajar para las elecciones. En esos tiempos no manejábamos planes. Sí lo hacíamos en 2011, cuando se lanzaron las cooperativas Argentina Trabaja. Sólo inscribíamos interesados, pero no teníamos la última palabra”, explicó el legislador en una charla con LA GACETA.

“Desde el día que lo detuvieron –agregó- nunca más tuve contacto con él ni con su familia. Su caso me generó muchos problemas. Toda mi familia quedó mal con lo que pasó porque nos perjudicó. No tenemos nada que ver con la droga”, aseguró.

Cano, después de que se conociera el caso, se puso a disposición de la Justicia Federal. “Jamás me llamaron para declarar a mí o algún miembro de mi familia. Nunca me llamaron para aportar datos o algo por el estilo”, agregó.