Garantizan el referéndum catalán pese a las “dificultades”

MADRID.- El jefe del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, trató de disipar las dudas sobre la celebración del referéndum independentista unilateral del 1 de octubre tras el operativo policial que culminó el miércoles con 14 detenidos y con la incautación de las boletas de la consulta.

“El 1 de octubre se realizará un referéndum de autodeterminación y se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero sobre todo porque tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de la población”, dijo en una declaración institucional difundida a través de las redes sociales.

“No son días fáciles, pero nos sentimos fuertes”, añadió el mandatario catalán, quien poco antes había anunciado a través de Twitter una web para localizar los puntos de votación.

Contra el operativo

La intervención de Puigdemont tuvo lugar al final de una jornada marcada por las protestas en la calle contra el operativo llevado a cabo el miércoles por la Guardia Civil española, pero también por las palabras del “número dos” del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, quien a primera hora de la mañana había sugerido que ésta dificultaba la consulta.

“Es evidente que han alterado las condiciones del juego”, expresó Junqueras, quien recordó que buena parte de su equipo estaba detenido y abogó por trabajar para que el referéndum se celebre en las mejores condiciones posibles a pesar de las “enormes dificultades” puestas por las autoridades españolas.

El Gobierno español de Mariano Rajoy, contrario al proceso independentista catalán, cantaba victoria al dar por desmantelados los preparativos de la votación. “Logísticamente, este referéndum ya no se va a celebrar”, aseguró en una entrevista el ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

Los agentes de la Guardia Civil detuvieron el miércoles a 14 personas, entre ellos varios responsables del Gobierno catalán, y requisaron cerca de diez millones de boletas del referéndum, lo que suscitó el enfado de los independentistas y grandes protestas en la región, especialmente en Barcelona.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional acordó imponer multas diarias de entre 6.000 y 12.000 euros a los titulares de los órganos electorales encargados del seguimiento del reférendum por incumplir sus resoluciones. El alto tribunal suspendió el 8 de septiembre su convocatoria al admitir un recurso de Madrid. En pleno choque de trenes, varios miembros del Gobierno de Rajoy pidieron públicamente a las autoridades catalanas que renuncien a la votación y que no pongan “en el precipicio a los catalanes”, en palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. (DPA)