Comenzó la cuenta regresiva para que los concejales de Yerba Buena resuelvan el caso Aranda

Desde ayer comenzaron a correr los 10 días hábiles que le dio la Justicia al Concejo Deliberante de Yerba Buena, como plazo para que evalúen si el radical Rodolfo Aranda reúne las condiciones para asumir como edil.

El martes de la semana pasada, los jueces Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello votó en disidencia) emitieron su sentencia definitiva con respecto al recurso de amparo que Aranda había interpuesto ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese planteo, el dirigente acusó al Concejo de negarse a incorporarlo. Los camaristas hicieron lugar a la presentación y ordenaron a los ediles que “cesen en su omisión arbitraria e injustificada”, y verifiquen en 10 días hábiles los títulos de Aranda. Este aspira a ocupar el escaño que liberó en septiembre del año pasado Lisandro Argiró, quien desde entonces se desempeña como secretario de Gobierno del municipio.

El fallo judicial había sumado la semana pasada nuevos capítulos a la historia reciente de conflictos políticos en esa municipalidad. Luego de emitida la sentencia, en una sesión realizada el jueves, la mayoría opositora dispuso el cese de la licencia que le había conferido el cuerpo de Argiró. En paralelo, el funcionario presentó su dimisión al Concejo Deliberante. “Seguiré en mi cargo, como secretario de Gobierno. La renuncia es un acto unilateral y ellos no pueden retenerme”, dijo Argiró.

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Luego, insistió en que él efectuó la presentación por mesa de entrada, a modo de respuesta a la negativa de los ediles opositores a tratar, durante esa sesión, su partida, en vez de la revocatoria. Según el funcionario, ahora resta esperar a que hagan asumir a quien le sucede en la lista partidaria. “La Justicia les ha puesto plazo para que completen los trámites”, prosiguió.

Ese mismo día, después de que Argiró dejara su nota, se presentó Aranda con otro expediente, en el que pidió que, tras la liberación de la banca, se le dé cumplimiento al veredicto judicial. “Al asumir el décimo concejal, ellos perderán la mayoría simple. Por eso, se niegan. Hoy, por ejemplo, pueden recurrir un veto del intendente Mariano Campero. Y ser ellos, así, quienes gobiernen. Si el cuerpo estuviese completo, necesitarían de siete voluntades”, razonó.

“El conflicto visible”

El jefe municipal expresó que, con la renuncia de Argiró a la banca, el Ejecutivo dejó en claro su voluntad de resolver el conflicto. “Ya no quedan dudas de que a Aranda le corresponde asumir. De aquí en más, todo lo que hagan en contra, será desobediencia judicial. Es decir que el problema del Concejo no será conmigo; será, ahora, con la Justicia”, declaró.

Los jueces plantearon que se resuelva el caso en plazo razonable

El intendente refrescó un párrafo de la sentencia, referido a la investigación administrativa sobre la conducta de Aranda, durante su paso como funcionario de ese municipio. Ese grupo de trabajo interno disponía de 90 días para emitir un dictamen. En ese punto, los camaristas consideraron que esas pericias no pueden imposibilitar el examen de los títulos del solicitante, ya que infringiría la obligación constitucional y convencional de presumir su inocencia.

Otra consideración de Campero es que el caso Aranda es el inconveniente más visible entre su gobierno y los concejales, pero que hay otros. “Tenemos discusiones por el Tributo de Emergencia Municipal, por las obras, por el dinero que llega de la Nación. Sería mejor que podamos trabajar en conjunto, pero la realidad es que no puedo hacer más esfuerzos en pos de una reconciliación. Se sientan con otras personas, y responden a otros”, concluyó.

La notificación de la sentencia judicial llegó ayer al Concejo, a la Municipalidad y a Aranda.