Las dos partes apelarán el fallo contra la reforma constitucional 2006

El cuarto fallo en contra de la reforma constitucional tiene la particularidad de que podría ser recurrido tanto por los denunciantes como por la parte demandada. En rigor, los constitucionalistas Carmen Fontán y Luis Iriarte se mostraron conformes con la sentencia, pero adelantaron que presentarán un recurso extraordinario federal para insistir con algunas objeciones a la Carta Magna que los camaristas locales no tuvieron en cuenta. La Provincia, en tanto, está dispuesta a recurrir el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Iriarte y Fontán fueron los que hace 11 años, luego de que finalizara el proceso de reforma, presentaron una demanda en contra de un bloque de 27 artículos. Algunos ya se resolvieron y ahora el máximo tribunal provincial, conformado por un tribunal de camaristas, falló sobre otras cuestiones clave para el Poder Ejecutivo: el mecanismo de puesta en vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el sistema para fijar la dieta de los legisladores. En el primer caso, los jueces Rodolfo Novillo, Sergio Gandur y Carlos Ibáñez declararon inconstitucional que un DNU quede firme de manera ficta a los 20 días, en caso de no ser tratado por la Legislatura. En el segundo, objetaron que los ingresos de los parlamentarios sean fijados por el vicegobernador.

“Dictatorial”

Fontán dio por descontado que el Poder Ejecutivo querrá apelar el fallo, en tanto que Iriarte opinó: “Yo creo que van a pasar un papelón porque se va a poner al descubierto a nivel nacional lo que fue y los que sigue siendo el gobierno alperovichista en nuestra provincia: dictatorial en el sentido de autoritario, con gran concentración de poder y connivencia entre el órgano legislativo y el ejecutivo; es decir, algo de gravedad institucional en lo que hace al orden republicano y democrático. Yo le aconsejo a los muchachos que no cuestionen porque van a pasar el papelón del siglo”.

Según la abogada, el gobierno de Juan Manzur “no es un gobierno que se haya demostrado respetuoso por el sistema democrático”. “Descuento de que van a apelar porque la herramienta del DNU y la fijación de las dietas (de los legisladores) son dos instrumentos de concentración de poder que les permite mantenerse, seguir y perdurar (en la función)”.

Medio ambiente

Los letrados que propulsaron la demanda repasaron algunos asuntos “escandalosos” que los llevó a advertir en 2006 que el proceso era “antirrepublicano y antidemocrático”. Iriarte remarcó que nada de lo que se plasmó en la ley declarativa sobre la necesidad de la reforma se construyó “por la Convención Constituyente oficialista del alperovichismo”.

Como ejemplo, señaló que en esa ley declarativa se establecía “la protección de los Valles Calchaquíes para eliminar toda posibilidad de que actividades mineras pudieran destruir ese tesoro que tenemos”. Sin embargo, en la Convención salió la posibilidad de ofrecer a Tucumán como “basurero nuclear”, estableciendo que podía legislar en todo lo referente a la introducción, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos radiactivos. “Esa cláusula no está en ninguna Constitución de las provincias argentinas. En realidad ninguna provincia puede legislar sobre eso porque es competencia del órgano previsto en la ley federal de residuos peligrosos”, explicó.

“Cuando se sanciona la reforma constitucional de 2006 estábamos muy alarmados. Sobre todo cómo había conducido el presidente de la Convención, el hoy gobernador, todo el proceso de la reforma constitucional. Nos enteramos que había dispuesto conformar la comisión sobre Régimen Electoral exclusivamente con convencionales oficialistas”, mencionó Iriarte. Según Fontán “fue esa comisión la que redactó los peores artículos de la Constitución”.