El Ejecutivo provincial evalúa recurrir el fallo contra la reforma constitucional del 2006

A la espera de ser notificados del fallo que volteó nuevamente algunas de las reformas incorporadas a la Constitución en 2006, en la Fiscalía de Estado analizan recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Los antecedentes polémicos de la reforma constituyente de 2006

En la noche del jueves, los camaristas que reemplazaron a los vocales titulares del alto tribunal local, Rodolfo Novillo (preopinante), Sergio Gandur y Carlos Ibáñez, ratificaron la inconstitucionalidad de dos disposiciones y declararon inconstitucionales otras dos más, en el juicio iniciado en 2007 por los abogados Luis Iriarte y Carmen Fontán. El pronunciamiento, que aún no está firme, elimina la potestad del vicegobernador para fijar la dieta de los legisladores (artículo 68), y la convalidación tácita o ficta -por el mero transcurso de 20 días hábiles- de los decretos de necesidad y urgencia que dicte el gobernador (artículo 101). Además, los magistrados también confirmaron que son inconstitucionales los artículos 48 y 49 que establecen las mayorías especiales (tres cuartos) para promover la acusación y destituir al gobernador y al vicegobernador.

"La dieta fijada por el vice, hiere la independencia legislativa"

La novedad tomó por sorpresa a la Casa de Gobierno. Ayer, en la Fiscalía de Estado comenzaron a evaluar alternativas. La mayor inquietud en el seno del Poder Ejecutivo se generó a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la vigencia de los decretos que firme el gobernador, en caso de que no sean tratados por la Cámara. “El silencio nunca puede convertir un decreto en una ley”, sintetizaron Novillo, Gandur (hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur) e Ibáñez en su sentencia. Si bien el fallo aún no está firme, en el Poder Ejecutivo evaluaban ayer la posibilidad de preparar un recurso extraordinario federal para que sea la Corte de la Nación la que resuelva finalmente la validez de los institutos “volteados” por los camaristas. Esto, lógicamente, será analizado por letrados de la Fiscalía de Estado, en manos de Daniel Leiva, una vez que la Provincia sea notificada.

Mientras la sentencia no quede firme, el inciso 2 del artículo 101 seguirá vigente para los actos que dicte el gobernador Juan Manzur. Sólo si la decisión de la Corte ad hoc adquiriese el carácter de cosa juzgada, la Legislatura se vería obligada a sancionar una ley que fije respecto de los DNU un procedimiento que respete los estándares establecidos en el fallo.

"El silencio nunca puede convertir un DNU en ley"

Se trata del cuarto cimbronazo que recibe la Constitución provincial sancionada en 2006, con mayoría oficialista. En las tres anteriores sentencias, la Provincia no había recurrido en sólo una ocasión. En la causa “Batcon”, la Corte dejó sin efecto de oficio su competencia originaria y exclusiva para revisar los actos aprobados por el Tribunal de Cuentas. En “Colegio de Abogados”, se volteó la posibilidad de enmendar la Constitución por la vía legislativa y la organización discrecional del Consejo Asesor de la Magistratura. Sólo en el caso iniciado por el “Movimiento Popular Tres Banderas”, que acabó con la mayoría política en la integración de la Junta Electoral Provincial, el Poder Ejecutivo optó por no apelar la sentencia.

Cambiemos celebró la sentencia

El cuarto revés que recibió la Constitución provincial de 2006, sancionada con mayoría alperovichista, simboliza -según interpretan en Cambiemos- un freno a la prepotencia del poder político.

“Celebramos el fallo de la Justicia. Creemos que Tucumán debe transitar hacia un camino de transformación donde el Estado incentive al crecimiento, no a la protección de los poderosos”, consideró el radical José Manuel Cano, primer postulante a diputado nacional por la coalición nacional.

El referente de Cambiemos señaló que este nuevo fallo judicial demuestra que el ex gobernador, José Alperovich, sólo buscó protección política y judicial con las enmiendas aprobadas. “La Constitución del 2006 fue la consagración jurídica del atropello institucional que significó el alperovichismo”, aseveró. El ex titular del Plan Belgrano cree que la esperanza “por un futuro mejor” está cada vez más cerca. “Aún falta mucho para transformar la realidad de la provincia, pero este tipo de sentencias demuestra que sí se puede”, manifestó.

La Convención Constituyente de 2006 contó con una mayoría abrumadora del oficialismo (32 de los 40 miembros de la Convención). En ese bloque aliado a la Casa de Gobierno figuraban algunos de los actuales referentes de Cambiemos, como Domingo Amaya (secretario de Vivienda de la Nación) y Beatriz Ávila (secunda a Cano en la lista de candidatos a diputados).