Irma Briasco conoce Tucumán porque vino varias veces. Ayer quedó sorprendida por las bajas temperaturas. Es una de las invitadas al Congreso de Educación y lamentó no tener tiempo para hacer un paseo turístico, porque lo que más le gusta de la provincia es Tafí del Valle. “Si pudiera estaría una vez por mes en ese lugar tan maravilloso”, afirma.
Briasco es autora del libro “Los Desafíos de Emprender en el Siglo XXI, herramientas para desarrollar la competencia emprendedora”. La experta trabaja en la Organización de Estados Iberoamericanos como especialista en Educación y Trabajo y en la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. Antes de su disertación charló con LA GACETA sobre la cultura emprendedora y su relación con los modelos educativos.
- ¿Cuáles son los desafíos que presenta el escenario actual?
- La cultura emprendedora es el tema que más está en debate en este momento; hay colegios tomados en Buenos Aires. Aquí armamos un taller en el que los asistentes identifican cuáles son los desafíos específicos para la provincia. Hicimos una síntesis de las tendencias en la región. Presentamos informes internacionales para que la gente tenga una amplitud de perspectiva; luego bajamos a Argentina y ahora escribimos los desafíos para Tucumán en estos temas. Uno de los que aparece es el de políticas de reconocimiento de los saberes previos; o sea visibilizar las cosas que sabe hacer la gente, pero que no tiene terminada la secundaria y a veces por eso no puede cambiar de trabajo. Un sujeto que no tiene la secundaria no tiene integración social.
- ¿Cómo se actúa en estos casos?
- Estamos viendo la experiencia de Chile, que ellos le llaman Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP); en Brasil se está creando una red a la que bautizaron Red Certific, que impulsa la certificación de algún oficio, pero completando con la escolaridad secundaria. Entonces eso es una política de integración importante, porque se eleva la escolaridad de la población económicamente activa. Eso impacta en los indicadores macroeconómicos, pero sobre todo es cohesión social, eso es justicia social para los propios sujetos.
- Se está aplicando en Chile y en Brasil, ¿pero que ocurre en Argentina?
- Tenemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que tiene una agencia de certificación, con acuerdos con diferentes sectores. Han trabajado con el sector de la construcción, con el sector de la carne, con Smata. Aquí hay una necesidad de integralidad de las políticas: no es sólo desde la educación que se puede hacer esto. Hay que sumar al Ministerio de Trabajo y a los actores sociales como empleadores, obreros, representaciones sindicales. Si no, desde Educación vamos a emitir papelitos que no tienen valor; entonces lo importante es el reconocimiento social de esa certificación.
- ¿Hay un censo de la cantidad de gente que está en esta situación?
- En América Latina casi la mitad de la población económicamente activa no tiene escolaridad secundaria. Es muy alto y por eso es una política prioritaria, porque se trata de garantizar el derecho de ciudadanía de los sujetos. Un sujeto que puede moverse en un mercado de trabajo, autosustentarse, generar un proyecto de vida... Ahí se necesita una política pública. No es responsabilidad del sujeto, porque el individuo tiene que trabajar 10 horas por día y debemos facilitarles algún proceso de certificación fuera del turno y que tenga tracción con el aspecto laboral. Eso es negociación colectiva. El reconocimiento social que genera una certificación, la alegría de la gente cuando termina algo, porque en su vida terminó algo, la sensación de integrarse; eso es ciudadanía activa.