Piden que se tomen medidas conjuntas para poder frenar la ola de robo de motos

Valeria Pereyra circulaba con su motocicleta por avenida Adolfo de La Vega al 800 junto a su hijo de 10 años. La interceptaron dos personas que se movilizaban en moto. La apuntaron con un arma de fuego y, después de haberla amenazado de muerte, le llevaron la moto, que utilizaba para ir a trabajar. La mujer, que recién había abonado la primera cuota del rodado, desde ese entonces deambula por las dependencias policiales tratando de encontrarla. El incremento de robo de motos genera tanta preocupación, que desde la Justicia, pasando por el intendente de una zona crítica y hasta la Policía, cree que es necesario tomar medidas conjuntas para tratar de frenar este problema.

El de Valeria es uno de los 12 casos que se registraron entre el sábado y el lunes en la provincia. Según las denuncias a las que accedió LA GACETA, se sustrajeron en promedio cuatro motos por día y una persona terminó con heridas leves al intentar resistirse. Los números también indican que dentro de las cuatro avenidas son comunes los hurtos, es decir, personas que les sustraen el bien porque sus propietarios las dejan estacionadas en las veredas o en las puertas de sus domicilios.

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En las zonas más alejadas de la ciudad y en otras jurisdicciones, los motociclistas sufren asaltos con una metodología mucho más violenta. Según los testimonios de los damnificados, son abordados por entre dos y seis jóvenes que se desplazan en moto, los reducen a punta de pistola, y uno de los integrantes huye en el rodado que acaban de quitarle.

Un incendio

“Hemos visto un fósforo encendido y no se hizo nada. Hoy tenemos el bosque en llamas”, advirtió Carlos Najar, intendente de Las Talitas, ciudad que se vio jaqueada por crímenes vinculados al robo de moto. Al mozo Diego Costilla lo ultimaron en San Ramón; a Gonzalo Ezequiel Bogarín en la ruta que conduce a El Timbó y al cabo José María Concha, en Los Pocitos, todas localidades que limitan con su municipio. “El problema es que nosotros tomamos algunas medidas para prevenir el delito y el que delinque está mutándose”, señaló.

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Najar dijo que en su ciudad se incrementaron los controles vehiculares y que a las cinco motos que le entregó la provincia se sumarán en los próximos días las siete camionetas que adquirió para reforzar la tarea de prevención. “La mayoría de los delitos que se producían en nuestra ciudad eran cometidos por personas de diferentes barrios de la capital porque se había intensificado la prevención en esa zona. Intensificamos los controles, y ahora están atacando en zonas grises como las que se produjeron los últimos tres casos”, explicó.

“Aquí tenemos que trabajar en forma conjunta -agregó- porque no sirve de nada que se mejore la prevención en Las Talitas, porque podríamos afectar a Tafí Viejo y a Yerba Buena. En Banda del Río Salí funciona muy bien su sistema de vigías ciudadanos. Bajaron los índices de delitos, pero se incrementaron en Alderetes. Por eso creo que hay que hacer una agenda común para tratar de frenar este tipo de delito”, indicó.

Najar sostiene que también es fundamental la colaboración de la Justicia. “Tienen que colaborar y utilizar un mismo criterio. No puede ser que haya algunas personas que circulen en motos robadas y su responsabilidad se acaba porque se le secuestra el rodado. Hay algunos fiscales que ordenan que se los demore, pero otros no”, concluyó.

En la Justicia

El fiscal Washington Navarro Dávila fue crítico sobre esta situación. “La mayoría de los robos de motos son autores desconocidos y no aparecen nunca. Se pueden recuperar una o dos de 10, porque su dueño paga el rescate y no avisa o la encuentran en algún control que realizan”, comentó.

“Después de que en 2014 se realizara una serie de allanamientos para frenar los robos en Barrio Sur, nunca más se hicieron estos procedimientos. Hay que ir por todos, especialmente por los desarmaderos porque ya no sólo roban las motos, sino que hieren a sus propietarios”, explicó.

La fiscala Adriana Reinoso Cuello dijo que se deben incrementar los controles de prevención. “Evidentemente están dando buenos resultados los operativos que se realizan para controlar la documentación. Toda medida que sirva para frenar este tipo de delitos es necesaria”, comentó.

“El debate por la discusión de la norma contra los ‘motochorros’ quedó en la nada y también podría haber sido de utilidad su implementación. Se debe entender que se pueden ver vulnerados algunos derechos por el bien común. Hay que empezar a trabar en el orden general”, concluyó.

La vial secuestra 800 motos por mes

“Estamos trabajando en esta situación. Y la prueba es que en los controles que sólo realiza la Policía Vial incautamos en promedio más de 800 motos por mes”, aseguró Dante Bustamante, jefe de Policía. El comisario general dijo además que el servicio 911, entre junio y agosto, secuestró 126 motocicletas que participaron en diferentes delitos y, durante ese lapso, recuperaron 29. “Solos no podemos. Necesitamos de la ayuda de la Justicia. Pretendemos que las personas que sean sorprendidas circulando en motos robadas queden detenidas por encubrimiento. El fiscal (Washington) Navarro Dávila es el único que utiliza este criterio”, destacó. Este planteo ya había sido realizado por los funcionarios de Seguridad ante el ministro fiscal Edmundo Jiménez.