11 Septiembre 2017
SAN PABLO, Brasil.- Joesley Batista, dueño de la empresa JBS y cuyas grabaciones posibilitaron la denuncia por corrupción del presidente brasileño, Michel Temer, se entregó ayer a la Policía en la ciudad de San Pablo. También se entregó Ricardo Saud, director de relaciones institucionales de JBS.
Luiz Edson Fachin, el juez de la Corte Suprema a cargo del proceso “Lava Jato” (”Lavado de Autos”), la causa que investiga tramas de corrupción entre empresarios y políticos del país desde hace más de tres años, autorizó el pedido al respecto realizado el viernes por el fiscal general, Rodrigo Janot.
La prisión de los dos ex ejecutivos fue autorizada en base a acusaciones de que ambos habrían omitido informaciones relevantes en el momento en que firmaron su acuerdo de “delación premiada” para cooperar con la Justicia, lo que habría violado una de las condiciones impuestas por la Fiscalía para otorgarles beneficios a cambio de sus testimonios y pruebas.
La revelación por parte de la prensa de los contenidos de los audios entre Batista y Saud causó un gran revuelo en Brasil. En uno de los trechos más comprometedores, los ejecutivos hacen referencia a “aproximarse” a Marcelo Miller, ex fiscal del Ministerio Público.
Miller efectuó las primeras conversaciones con los ejecutivos para alcanzar el acuerdo de delación en febrero, pero en abril renunció como fiscal para desempeñarse como abogado de los ejecutivos del grupo J&F en las investigaciones.
En la conversaciones publicadas por la prensa brasileña, Batista y Saud nombraron a miembros de la Corte Suprema de forma despectiva pero no insinuaron que podrían estar involucrados en ilícitos.
La prisión contra los dos ejecutivos es por cinco días y el pedido anula durante ese tiempo los beneficios del acuerdo de cooperación, como el de inmunidad penal por haber colaborado con la Justicia.
La denuncia por corrupción pasiva contra Temer realizada en junio por Janot ante la Corte Suprema fue posible por el acuerdo de colaboración de Batista, que aportó como prueba una conversación grabada a escondidas con el presidente, en la que el mandatario parecería avalar el pago de sobornos.
El Congreso, controlado por aliados de Temer, rechazó levantar la inmunidad del mandatario para que pudiera ser sometido a un juicio penal. (DPA)
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