11 Septiembre 2017
La posibilidad de que se desmantele la Secretaría de Adicciones de la Provincia mantiene en alerta a legisladores del radicalismo. Ayer, José María Canelada y Eudoro Aráoz advirtieron al Gobierno sobre las implicancias que puede tener un recorte de personal en la lucha contra el narcotráfico.
“El Gobierno demuestra una vez más que no le interesa la problemática de las adicciones. No sólo por los despidos. Siguen sin reglamentar la Ley de Adicciones que se aprobó en 2010”, bramó Canelada. Y recordó: “en la comisión de Seguridad presentaron un informe bochornoso sobre las acciones que llevan a cabo. No hay estadísticas serias. No se han puesto en marcha todos los resortes que prevé la ley de salud mental. Están vaciando la Secretaría de recursos humanos y económicos. ¿Hay presupuesto para un centro cívico millonario pero no para reforzar dispositivos de prevención y asistencia?”.
La semana pasada, el vencimiento de una serie de contratos generó un conflicto entre trabajadores y autoridades de la Secretaría de Adicciones. Al menos 22 contratos de psicólogos, trabajadores sociales y profesores de educación física (entre otros) fueron discontinuados. No obstante, según el titular del área, Matías Tolosa, los vínculos se renovarán gracias a una ampliación presupuestaria.
El legislador Aráoz, en tanto, denunció que el Gobierno deserta de su obligación de contener a los sectores más vulnerables. “Con esto el Gobierno muestra su lado más oscuro, el abandono de quienes sufren esencialmente el flagelo del paco: 24 de los 32 dispositivos de abordaje territorial de adicciones que brindaban talleres de prevención dejan de funcionar dejando sin atención a cientos de jóvenes. Evidentemente, las prioridades de este Gobierno son los asados multitudinarios”, se quejó.
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