Un docente de la UNT extravía el expediente donde se lo acusa

Un expediente sensible de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue extraviado, en este caso por quien había sido acusado de incumplir su obligación laboral como profesor adjunto con semidedicación de la cátedra “A” de Derecho Penal II. Juan Roberto Robles, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, y dirigente radical, dijo que los documentos se traspapelaron y negó el incumplimiento que había informado su jefe, el encargado Diego Lammoglia, además de insistir en la vulneración de su libertad de cátedra (ver “Sólo quería...”) La decana Adela Seguí expresó que había ordenado la reconstrucción del expediente que perdió Robles, quien sigue formando parte del staff académico -con un sueldo mensual de $ 17.336, según averiguó este diario-, y que había pedido un dictamen a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para definir los pasos por delante.

Lammoglia se incorporó a la controversia luego de que Robles dimitiera alegando que había sido privado de dirigir una comisión de estudiantes de acuerdo con sus convicciones republicanas y democráticas. El 28 de marzo de este año, el jefe de Derecho Penal II “A” aseguró en una nota dirigida a Cristina Grunauer, secretaria académica, que había cumplido rigurosamente con la confección de un cronograma que incluía a Robles. “Pero dicho profesor se ausentó de las actividades académicas previstas en la asignatura no sólo durante mi gestión (empezó en 2015) sino también durante la de la anterior titular, (la jueza) Alicia Freidenberg, quien puede ser consultada al respecto si la Secretaría Académica lo considera pertinente”, propuso.

El letrado Lammoglia expresó a Grunauer que el único motivo por el que Robles no estaba a cargo de una comisión es que, dada su “notoria ausencia” y desinterés por las actividades académicas de la materia, no garantizaba el normal desenvolvimiento del dictado de clases, así como de las evaluaciones y actividades organizadas en la cátedra. El encargado rechazó las “manifestaciones impertinentes” que había formulado Robles en su escrito de renuncia, y dijo que su equipo docente promovía la crítica razonada y el debate.

“Conductas ejemplares”

El abogado, ex legislador y ex convencional constituyente había renunciado en forma indeclinable a la docencia mediante una nota del 15 de marzo dirigida a la decana Seguí, y luego de que la secretaria Grunauer se reuniese con la cátedra para tratar de encontrar una solución a instancias del propio Robles. En su renuncia, el letrado penalista recordó que había accedido a su puesto por concurso e hizo una exposición de principios: dijo que la administración de justicia responde en la mayoría de los casos al poder de turno, y que ello explicaría la cada vez mayor corrupción e impunidad existentes en Tucumán y el país, así como el silencio de algunos estratos sociales e institucionales ante la degradación.

“No aspiro a que otros ciudadanos compartan mis opiniones (...), pero tampoco puede dejar de enseñarse a los alumnos esta dolorosa realidad ni impedirse esta interpretación de parte de quienes así piensan”, advirtió. Y manifestó que las universidades no debían ser meras espectadoras de la vida institucional sin “actitudes críticas” ni “conductas ejemplares”. “No me animan ninguna vanidad ni soberbia, sino simplemente el ver claustros mudos y vacíos de ideas. Entonces, mi presencia no resulta necesaria”, concluyó. Pasaron dos meses y, como la dimisión no había sido aceptada, Robles la retiró el 23 de mayo mediante una nota en la que pidió que a la brevedad se le indicaran los días y horarios de clases a su cargo. Grunauer a continuación le recordó que él sí estaba al corriente de sus obligaciones. A los efectos de tomar conocimiento de la intervención de la secretaria académica, Robles recibió las actuaciones a comienzos de junio y las perdió. La novedad saltó luego de se le exigiera por diversos medios la devolución de los papeles: tras recibir una carta documento de la Facultad, Robles reconoció el extravío.

“Caso aislado”

El 27 de julio y ante la falta de noticias sobre la dimisión, el encargado de la cátedra informó que en el primer cuatrimestre de este año habían dictado clases él mismo, Marcelo Rubinstein, Fernando Luis Poviña, Juan Pablo Terraf, Eduardo González, Verónica Díaz y Gonzalo Rodríguez. También manifestó que Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, estaba con licencia otorgada por la Facultad. Respecto de Robles, Lammoglia dijo: “no se ha presentado a dar clases en ninguna de las comisiones ni asistió a las mesas de exámenes libres, según consta en las planillas y libros de actas, aún cuando Grunauer le notificó que debía cumplir sus tareas. Hasta tanto no se acepte la renuncia, dicho profesor debería seguir desarrollando sus funciones. Por ello, solicito que se regularice su situación”.

Aunque el conflicto de Derecho Penal II es antiguo y se desarrolló durante las últimas gestiones, Seguí aseguró que las versiones y rumores recién se tradujeron en reproches formales en julio de este año y que ella advirtió la situación casi en simultáneo con el extravío de los papeles: según dijo, el préstamo de expedientes originales a los docentes y autoridades es una práctica habitual de su unidad académica. “El asunto estuvo en manos de la secretaria académica, quien debía completar una serie de pasos administrativos antes de elevar las presentaciones de Robles. El tema ya está en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad”, explicó Seguí en presencia de Grunauer y de la vicedecana Marta Tejerizo durante una reunión en el Decanato. La funcionaria -quien está en un viaje oficial en Estados Unidos- manifestó que su equipo trabajaba de manera denodada para ordenar la institución, pero adujo problemas de estructura para registrar la asistencia del plantel académico y admitió que las cátedras no siempre presentaban los informes mensuales sobre la actividad desarrollada. Si bien desestimó que hubiese otros conflictos parecidos, afirmó: “seguramente reforzaremos los registros, pero quiero dejar en claro que este es un caso aislado”.

"Sólo quería enseñar con libertad"

Juan Roberto Robles dijo en presencia de su hijo, Juan Andrés Robles, que él dejó la vida en el ejercicio de la docencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y negó los incumplimientos prolongados que le adjudicó Diego Lammoglia, encargado de la cátedra “A” de Derecho Penal II (se informa por aparte). En cuanto al expediente donde se desarrolla el conflicto, el profesor explicó que lo había perdido en la calle. Robles (h), que en todo momento moderó las expresiones de su padre, acotó que, como existía un canal de diálogo con la Facultad, aquel había desistido de renunciar.

Robles (p) recordó que cuando murió el profesor Jorge Miguel se formó la cátedra “B” de Derecho Penal II, y Alicia Freidenberg asumió como titular de la “A” y que él se quedó allí enseñando con libertad de cátedra. “Después aparecen otros personajes, como (el actual encargado) Lammoglia y (el juez federal Fernando Luis) Poviña, a quien yo públicamente trato como un corrupto, denuncia que puedo probar con numerosas causas”, comentó. Robles (p) expresó que a su comisión habían concurrido numerosos especialistas y familiares de víctimas de la impunidad, y que él comentaba casos reales. “Le ‘pegaba’ a (José) Alperovich y al Poder Judicial. Lo único que quería era tener una comisión y ser libre. Llevo 30 años en la docencia. Pero, cuando cumplí los 65, me quisieron jubilar. Ahí comienza el lío. La (rectora Alicia) Bardón me sacó del plantel en 2015 y ahí yo dejé de dar clases. Pero luego obtuve una prórroga (hasta 2020)”, aseguró. Según consta en la Resolución 61/16 de la Universidad Nacional de Tucumán, Bardón otorgó la extensión en febrero de 2016.

El profesor expresó que el año pasado no le asignaron una comisión y que, por ello, a comienzos de este ciclo lectivo habló con Cristina Grunauer, secretaria académica, y que esta le dijo que iba a buscar una salida con Lammoglia y el resto del plantel, cosa que hizo. Pero Robles expresó que Lammoglia no le había adjudicado el temario que él pedía y que, por ello, él plantó su bandera. “Renuncié de manera indeclinable porque entendía que se me estaba cercenando la libertad de cátedra”, dijo. Su hijo agregó: “ahí intervine yo porque se abrió la posibilidad de acercar posiciones con la Facultad por medio del funcionario Juan Coria. Desistimos de la renuncia, pero ya a esa altura el año académico estaba avanzado: quedamos en implementar la solución en 2018. Pero, si no se puede, efectivizaremos la renuncia”.