Por otra globalización

Digámoslo desde un comienzo: el triunfo de Donald Trump se explica ante todo por el estallido de las desigualdades económicas y territoriales en los Estados Unidos de varias décadas a esta parte, más la incapacidad de los sucesivos gobiernos para afrontarlo. En sus respectivos períodos, Clinton y Obama a menudo no hicieron otra cosa que acompañar el movimiento de liberalización y sacralización del mercado, que dio sus primeros pasos bajo Reagan y (más tarde) Bush padre e hijo. Eso sucedió cuando no lo exacerbaron, como con la desregulación financiera y comercial efectuada bajo Clinton. Las sospechas de cercanía con la banca financiera y la incapacidad de la élite político-mediática demócrata para asimilar las lecciones derivadas del voto a Bernie Sanders hicieron el resto. Hillary ganó por escasísimo margen el voto popular; pero la participación de los más jóvenes y de los más modestos era muy escasa para ganar los Estados clave. Lo más triste es que el programa de Trump no hará sino afianzar las tendencias en dirección a la desigualdad: se dispone a suprimir el seguro médico trabajosamente concedido bajo Obama a los asalariados pobres, y a embarcar a su país en una huida hacia delante en pleno dumping fiscal, al reducir de un 35% original a un 15% la tasa del impuesto federal sobre las rentas societarias, mientras que hasta el día de hoy los Estados Unidos se habían resistido a esta interminable y frenética carrera contra el tiempo surgida en Europa. Ni toma en cuenta que el creciente componente étnico del conflicto político estadounidense da pie a malos augurios para el futuro si no se llega a nuevos acuerdos: así, vemos a un país donde estructuralmente un 60% de la mayoría blanca vota por un partido, mientras que un 70% de las minorías vota por el otro, y donde la mayoría va en camino a perder su superioridad numérica (un 70% de los sufragios emitidos en 2016, contra un 80% de 2000, y un 50% de aquí a 2040).

La principal lección para Europa y para el mundo es clara: urge reorientar los fundamentos de la globalización. Los principales desafíos de nuestra época son el auge de las desigualdades y el calentamiento global. Por eso hay que poner en vigencia tratados internacionales que permitan dar respuesta a dichos desafíos y promover un modelo de desarrollo equitativo y duradero. De ser necesario, los acuerdos de ese nuevo tipo pueden incluir medidas que apunten a facilitar los intercambios. Sin embargo, su meollo no debe ser la cuestión de la liberalización del comercio. Este debe volver a ser lo que nunca debería haber dejado de ser: un recurso al servicio de objetivos más elevados. Concretamente, hay que dejar de firmar acuerdos internacionales que reduzcan derechos aduaneros y otras barreras comerciales sin incluir a la vez, y ya en los primeros artículos de esos tratados, reglas cuantificadas y de cumplimiento efectivo que permitan luchar contra el dumping fiscal y climático; por ejemplo, tasas mínimas comunes de imposición sobre las rentas societarias y cotas verificables y sancionables de emisiones de carbono. Ya no es posible negociar tratados de libre intercambio a cambio de nada. Desde esta perspectiva, como tratado, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG –o CETA, por sus iniciales en inglés–) pertenece a otra época, y debe ser rechazado. Consiste en un tratado estrictamente comercial, que no incluye medida vinculante alguna acerca del plan fiscal o climático. En cambio, trae una sección completa acerca de la “protección a los inversores” que permite a las multinacionales llevar a los Estados ante tribunales arbitrales privados, eludiendo los recintos públicos con potestad sobre todas y cada una de las personas jurídicas. El marco normativo propuesto es notoriamente insuficiente, en especial respecto de la cuestión clave de la remuneración de los jueces árbitros, y suscitará desvíos de todo tipo. En el momento mismo en que el imperialismo jurídico estadounidense redobla su intensidad e impone sus reglas y sus tributos a nuestras iniciativas, este debilitamiento de la justicia pública es una aberración. Por el contrario, la prioridad debería ser constituir un poder público fuerte, con la puesta en funciones de un procurador general y una fiscalía europeos capaces de hacer que sus decisiones sean respetadas. ¿Y qué sentido tiene firmar, dentro del marco de los acuerdos de París, un objetivo puramente teórico –limitar el calentamiento a 1,5 ºC, lo que requeriría dejar en el suelo hidrocarburos tales como los surgidos de las arenas bituminosas de Alberta, cuya explotación acaba de relanzar Canadá– y unos meses después cerrar un acuerdo comercial realmente vinculante que ni siquiera menciona esta cuestión? Un tratado equilibrado entre Canadá y Europa, uno que apunte a promover una asociación de desarrollo equitativo y durable, debería comenzar por especificar los objetivos respecto de las emisiones de cada uno y los compromisos concretos para lograrlos.

En cuanto al dumping fiscal y a las tasas mínimas de imposición sobre las rentas societarias, desde luego sería cuestión de un cambio completo de paradigma para Europa, que se construyó como una zona de libre comercio sin regla fiscal común. Pese a todo, ese cambio es indispensable: sin él, ¿qué sentido tiene ponerse de acuerdo acerca de una base de imposición común (que de momento es el único proyecto en que Europa tuvo un leve avance) si cada país después puede fijar una tasa casi nula y atraer a todas las empresas para que se radiquen allí? Es hora de cambiar el discurso político acerca de la globalización: el comercio es buena cosa, pero de todos modos el desarrollo durable y equitativo requiere servicios públicos, infraestructuras, sistemas educativos y sanitarios, que de por sí generan la necesidad de impuestos equitativos. Si esto no se consigue, el trumpismo lleva las de ganar.