Comienza el juicio contra el polémico ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso
El ex magistrado, que permanece privado de la libertad desde 2015, está acusado de haber liderado una organización que beneficiaba a narcotraficantes a cambio de grandes sumas de dinero. Están involucrados otros empleados judiciales y varios abogados.
El caso de Raúl Reynoso es emblemático. No sólo por lo que significa tener en el banquillo de los acusados a una persona que durante más de una década fue el juez federal a cargo de la frontera más caliente en materia de narcotráfico del país, sino porque Raúl Reynoso pasó de héroe a villano en cuestión de meses.
Mañana, desde las 9.30, comenzará en Salta el juicio contra Reynoso y otros siete imputados, entre ellos abogados y empleados judiciales, acusados de integrar una asociación ilícita que beneficiaba a narcos a cambio de bienes. Para los fiscales, el ex magistrado era el líder y organizador de esa agrupación delictiva.
Hasta fines de 2015, Reynoso era un juez ejemplar: estaba a cargo de cientos de kilómetros de frontera entre el norte argentino y Bolivia, puerta de ingreso de la cocaína producida en ese país, Perú y Colombia. Además de las autoridades provinciales que pasaron durante esos años, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, entre otros, supieron destacar su trabajo en miles de causas.
Con el allanamiento a su Juzgado, el 4 de noviembre de aquel año, y el estallido de la causa en su contra, la opinión pública destronó a Reynoso y lo puso en el ojo de la tormenta como el justiciero que se vendió a las fuerzas del mal.
Tal como lo describieron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio, los nueve hechos que se le imputan tienen como denominador común un mecanismo: aseguran que en un principio Reynoso establecía un concurso delictual con una escala penal alta con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara un soborno y, una vez recibido el pago, modificaba la calificación legal o dictaba la falta de mérito sobre algunos ilícitos de tal forma de permitir su excarcelación.
Las claves del juicio
Desde mañana y durante al menos 10 lunes, se tendrán que hacer presentes en los Tribunales Federales de Salta Raúl Reynoso, los abogados René Gómez, María Elena Esper Durán, Antonio Valor y Eladio Gaona, además de los empleados judiciales Miguel Saavedra y César Aparicio, al igual que la hermana de este, Rosalía Aparicio. Son los ocho imputados de la causa, de los cuales solo el ex juez está detenido (lleva 16 meses en la cárcel federal de Güemes).
El juicio comenzará un año después de que la causa fuese elevada a esa instancia debido a una serie de cuestiones procesales que lo demoraron, pero en un plazo récord para una Justicia Federal acostumbrada al letargo de las causas.
Una de las razones por las que se demoró fue la dificultad para conformar el Tribunal Oral Federal N° 1. Todos los magistrados salteños se excusaron, por lo que las soluciones llegaron desde Tucumán. Así, a Federico Díaz se le sumaron los tucumanos Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla.
Federico Magno será el defensor de Reynoso; Daniel Luna representará a Esper; Miguel Ángel Fernández defenderá al imputado Gaona; René Gómez ejercerá su autodefensa; Roberto Ortega Serrano representará a Valor, mientras que el defensor oficial Oscar Del Campo representará a Saavedra y a los hermanos Aparicio.
En representación del Ministerio Público estarán Carlos Amad y Francisco Snopek. También se prevé la presencia de Diego Iglesias, titular de la Procuraduría contra el Narcotráfico de la Nación (Procunar), quien participó activamente durante la investigación junto al fiscal local, Eduardo Villalba.
A Reynoso se lo acusa de haber cobrado coimas para liberar a detenidos por causas de narcotráfico o favorecerlos con sus resoluciones. Son 13 las causas en donde se cuestionan las determinaciones del ex magistrado.
Es por ello que una de las pruebas fundamentales en la causa es el testimonio de los 164 testigos citados. Entre ellos se encuentran los supuestos narcos beneficiados, abogados, empleados judiciales y otras personas relacionadas a la causa. Además, hay ex empleados del Juzgado Federal de Orán que están bajo el programa de protección de testigos ya que sus testimonios durante la investigación fueron trascendentales. Estos podrán prestar declaración mediante el sistema de videoconferencia.