28 Agosto 2017
Luc Cohen - Agencia Reuters
RÍO GRANDE.- Una mañana reciente, trabajadores vestidos con camisa azul y guantes negros ensamblaban decodificadores de televisión digital en una ciudad fabril impensada. Su empleador, BGH SA, manufacturó bienes de electrónica por casi 40 años en Río Grande, una ciudad en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo austral de Argentina y del mundo.
Como otras docenas de fábricas que se radicaron en esta fría tierra poblada de pingüinos y glaciares, BGH debe su supervivencia a la intervención gubernamental.
Exenciones tributarias especiales y altas barreras al comercio convirtieron este lugar remoto en la fuente del 90% de los equipos de aire acondicionado, teléfonos celulares, televisores y microondas que se venden en Argentina.
Ahora esa industria es la que más tiene para perder con el proyecto de apertura económica que lleva adelante el presidente Mauricio Macri. El ex empresario eliminó ciertas restricciones a la importación y comenzó a recortar subsidios a la electricidad y gas para hogares, lo que golpeó la venta de electrodomésticos.
Tierra del Fuego, con apenas solo 150.000 habitantes, está sintiendo el impacto. En medio de una profunda recesión, el año pasado se perdieron 6.000 puestos de trabajo, una caída del 13%, la más pronunciada para cualquier provincia. La producción se desplomó en muchas fábricas de la zona, incluyendo BGH. La empresa argentina pasó a tener una sola línea de ensamblado de decodificadores para televisión digital, desde las cinco que tenía hace unos años.
Los problemas de la compañía resuenan en el resto del sector industrial, donde el empleo se redujo un 4,6% a nivel nacional -58.000 puestos de trabajo- entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, de acuerdo con la consultora Elypsis.
“El gobierno cambió reglas de juego”, dijo Diego Teubal, director ejecutivo de BGH Consumer.
Incentivados por protecciones comerciales bajo el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, BGH invirtió millones en equipos nuevos y duplicó la cantidad de puestos de trabajo en Río Grande a casi 2.600 personas. Con Macri, la firma recortó ese número a 1.000 y comenzó a importar electrónica de China.
“La verdad, siempre uno tiene al fondo de su cerebro el tema de que en algún momento esto puede cambiar”, expresó Teubal.
Una etiqueta costosa
La etiqueta ‘Hecho en Tierra del Fuego’ es muy cara. Para atraer obreros a la remota región, los salarios en las fábricas locales son tres veces más altos que el promedio de Argentina.
Los costos de transporte son exorbitantes. Piezas hechas en el exterior aterrizan en Buenos Aires, donde son cargadas en camiones para un viaje de 1.900 kilómetros hacia el sur. Una vez ensamblados, los bienes terminados vuelven por el mismo camino.
El resultado es que los argentinos pagan mucho por casi cualquier cosa que compran. Un teléfono Samsung Galaxy S8 hecho en Tierra del Fuego se vende a U$S 1.215, más del doble del precio al consumidor en Estados Unidos.
“No creo que tenga mucho futuro”, dijo Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, sobre la industria de electrónica de la provincia. “Están desarmándose industrias que estaban completamente protegidas”.
Pero los residentes de Río Grande y la capital provincial Ushuaia están muy atados a un modo de vida que ahora está siendo amenazado por las políticas de Macri.
“Ushuaia era una ciudad con poco desempleo. Una ciudad de oportunidades donde muchísimas personas de distintos lugares de la Argentina se acercaban justamente por la posibilidad de un empleo, y un empleo bien remunerado”, dijo Malena Teszkiewicz, secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la ciudad. “Esa es la situación que empezamos a percibir que se modifica”.
Aún no se sabe cuánto tiempo pueden seguir funcionando las fábricas de Tierra del Fuego. Sus exenciones especiales de impuestos expiran en 2023.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015, Macri eliminó el control de cambios y también alivió límites para la importación, además de reducir tarifas para algunos productos extranjeros, medidas que su gobierno dice son necesarias para impulsar el comercio y reducir los precios al consumidor.
Pero reformar el sector manufacturero del país es uno de sus desafíos más complejos. Casi un quinto de la fuerza laboral está empleada en la manufactura y los gremios y sus aliados políticos suelen salir a la calle para demandar incrementos salariales.
La administración de Macri ha lanzado algunas iniciativas para reducir el impacto, asistiendo a despedidos de fábricas de computadoras a encontrar trabajo en otras industrias.
El sector de electrónica de Tierra del Fuego está negociando con el gobierno y gremios para bajar los costos laborales, dijo Federico Hellemeyer, presidente de una asociación que agrupa a los fabricantes de electrónica de la provincia.
“La idea es que los trabajadores estén contentos, y que estén bien pagos, pero la idea es que la industria sea competitiva”, manifestó Hellemeyer.
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