Los que no celebran el aniversario de su triunfo

José Alperovich acostumbraba celebrar los aniversarios de sus triunfos electorales. Cuanto menos, los de la victoria de 2003, que lo llevó a la gobernación. Durante el primer mandato hubo asados con íntimos y no tanto para festejar la llegada al poder. Es más: hasta llegó a lanzarse la línea interna “29 de Junio”, que aunque resultó efímera, rendía tributo a la fecha de esos comicios.

Esta semana se cumplieron dos años de los comicios que llevaron al poder a Juan Manzur y a Osvaldo Jaldo. Y no hubo ni siquiera una ronda de café en Casa de Gobierno o en la Legislatura para, siquiera, hacer mención a las elecciones del 23 de agosto de 2015.

La fecha pasa con pena y sin gloria por el oficialismo tucumano y no es para menos. Ni por lo que ocurrió entonces. Ni por lo que está ocurriendo ahora.

Ayer nomás

En cuanto a lo que pasó hace dos años es que el país entero se dio cuenta de lo que los opositores y los críticos del alperovichismo venían pregonando: resulta indispensable realizar una reforma política en Tucumán porque su sistema electoral es un homenaje a la anormalidad.

Eso se vio a lo largo de aquella votación. De 8 a 18, una legión de taxis y de autos particulares acarreó electores a los que les pagaban con bolsones y dinero. De 18 a 24, urnas vaciadas, quemadas, embarazadas, refajadas...

El informe de la Junta Electoral Provincial a la Legislatura, el 17 de diciembre de 2015, mostró otra dimensión del grave cuadro de situación.

En cuanto a la celebración de los comicios en sí, había 454 partidos y 1.657 acoples. Sólo en Yerba Buena, cada cuarto oscuro presentaba 116 boletas.

En cuanto al control del proceso comicial, la propia Junta advertía que, en rigor, ella misma jamás llegó a constituirse plenamente. Es que uno de sus vocales debe ser un miembro del Poder Legislativo y la totalidad de los parlamentarios era recusable: el que no buscaba la reelección, postulaba a un hijo, a un cónyuge o a un hermano. También fue recusado Edmundo Jiménez, el ministro fiscal, por su condición de ex ministro político del alperovichismo durante una década. “Finalmente, a pocas horas de iniciarse el acto comicial, la Junta Electoral Provincial se conformó con un representante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, un representante del Ministerio Público Fiscal y sin ninguno de la Honorable Legislatura de Tucumán”, describe el propio organismo de control comicial.

En 2019, eso sí, no va a ser igual: si no hay reforma política, va a ser peor. Porque para entonces, siempre según la Junta, los partidos van a ser 1.051. Y si el aumento del 130% se traslada a los acoples, estas colectoras rondarán las 3.800; y en los cuartos oscuros de Yerba Buena habrá unas 270 boletas...

Ahora mismo

En cuanto a lo que está pasando ahora, el electorado tucumano acaba de dejar al oficialismo sin argumentos para demorar la reforma electoral. No hubo orgía clientelar en las escuelas este domingo 13 . No hubo medio millar de partidos ni millar y medio de colectoras, sino sólo 15 listas en los cuartos oscuros. No hubo urnas reventadas esa noche, ni denuncias de fraude en los días siguientes. Y a cambio de tanta normalidad, Jaldo y Manzur (así fue esta vez) sacaron el mismo medio millón de votos que durante 2015. Más aún: la ventaja sobre el radical José Cano, que ya no era un candidato opositor sino el referente del oficialismo nacional, no fue de 100.000 votos, como en 2015, sino de exactamente el doble.

Ni es una casualidad ni es inédito. En Córdoba, el 3 de septiembre de 2007, en elecciones también viciadas por toda clase de escandalosas irregularidades, Juan Schiaretti se proclamó ganador de los comicios, que Luis Juez denunció inmediatamente como fraudulentos. La Justicia de esa provincia tomó una decisión arriesgada, pero indispensable para las instituciones: mandó a abrir todas las urnas. Hubo que esperar 46 días hasta que, finalmente, y por sólo 17.000 votos, el peronista fue ratificado como el sucesor de José Manuel de la Sota. De inmediato, Schiaretti encaró la reforma política. Encomendó a un consejo de notables el diseño de un sistema transparente, que diera seguridad y confianza. Y lo hizo ley.

Luego, en 2011, los cordobeses hicieron gobernador otra vez a De la Sota. Y, en 2015, nuevamente a Schiaretti.

Sólo los que detestan el peronismo, estando incluso en el justicialismo, pueden querer sistemas electorales que siembren fundadas dudas del fraude en los triunfos electorales de ese movimiento.

Lo diferente

Pongamos entre paréntesis, sólo por un instante, los valores de la república para analizar la cuestión desde el pragmatismo. A principios de junio, Marcelo Escolar pasó por las aulas de la Facultad de Derecho de la UNT y reparó, desde su doble condición de geógrafo político y ex legislador porteño, en que desde la perspectiva de la realpolitik los sistemas electorales no son buenos ni malos ni mejores ni peores, sino simplemente convenientes o inconvenientes desde la perspectiva de quienes ostentan el poder.

Lo revelador al respecto es que las últimas dos elecciones que afrontaron poniendo sus nombres en las boletas les han dejado en claro a Manzur y a Jaldo que, definitivamente, es a ellos a quienes más les conviene la reforma política.

En los comicios del pasado 13, ese binomio exhibió el entusiasmo de los redimidos: repetían los guarismos que los llevaron al Gobierno, pero con un triunfo incontrastable. Al mismo tiempo, sus adversarios entraban en crisis.

Hace dos años fue exactamente al revés. La fórmula, también con medio millón de votos, entraba en el limbo de la dudosa legitimidad de origen.

Aquel 23 de agosto, en la Casa de Gobierno todo era júbilo hervido con trapo y lentejuela. Adentro había un brindis rancio con el servidor de pasado en copa nueva. Afuera, durante 10 días la plaza Independencia fue llenada por tucumanos que reclamaban nuevas elecciones.

Cano y Amaya, derrotados, recibían masivas manifestaciones de respaldo y se encaminaban hacia triunfales designaciones en el futuro gobierno nacional.

La Policía, que no había hecho absolutamente nada para evitar que esta fuera la capital nacional de la maniobra fraudulenta, se mostraba diligente para reprimir a embarazadas y jubilados con balas de goma y gases lacrimógenos.

Tucumán era la mala noticia del país.

Para confirmarlo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nula la elección y mandó a que se votara de nuevo. Pero una Corte ad-hoc, en un palacio de tribunales que olía a miedo (estaba sitiado por quienes habían pintado “muerte a los traidores”, sin que la Policía, tan guapa para pegarles a las mujeres y a los niños primero, moviera un dedo) declaró válidos los comicios en tiempo récord.

Trágicas son las paradojas tucumanas: en 96 horas los jueces pudieron resolver uno de los casos más importantes y delicados de toda la historia de esta provincia, pero hace dos años que la investigación sobre los $ 200 millones en dineros legislativos, sacados en valijas del banco oficial durante los 90 días previos a los comicios, es meramente una anécdota.

Dos años esperaron desde esa vez para que la Corte nacional fallara que los comicios no debieron ser anulados.

Hace 15 días, en cambio, la celebración fue instantánea tras los comicios limpios.

Claro que no fue una elección inmaculada: LA GACETA mostró acarreo de votantes en el Gran San Miguel. Pero no menos cierto es que en las semanas previas a los comicios, Cambiemos repartió bienes estatales en camiones oficiales, en nombre de que eran ayudas sociales de emergencia que no podían suspenderse. En vísperas de elecciones, eso no consiste, sencillamente, en una “improlijidad”. ¿Si lo hace el peronismo es clientelismo, pero si lo hacen el macrismo y el radicalismo es “gestión”?

Cambiemos perdió, en esos incidentes, autoridad para cuestionar los vicios electorales de la coyuntura. Perdió, también, 100.000 votos de tucumanos que le siguen dando la espalda al justicialismo gobernante, pero que eligieron en gran medida a FR -y no a los candidatos macristas- para canalizar su desaprobación respecto del Gobierno tucumano.

Lo idéntico

Si a la luz de las PASO, a la dupla gobernante le conviene políticamente celebrar comicios con un sistema ordenado como el nacional, ¿por qué no se hace la reforma del régimen electoral provincial que tanto desprestigio ha costado?

La respuesta parece ser una: porque no le conviene a José Alperovich.

El acople es una criatura electoral perfectamente alperovichista: hace operativo el Estado de Excepción, esa instancia en la que el derecho está vigente pero no se aplica. La Constitución prohíbe resucitar la Ley de Lemas (“En ningún caso la ley podrá establecer el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo”, reza el inciso 15 artículo 43), pero en las venas de las colectoras corre ese ADN que hace añicos la representación y permite que en una provincia de 1,5 millón de habitantes haya legisladores de 10.000 votos.

El acople también echó a la tierra de nadie, a medio camino entre el derecho y la anomia, a los otros institutos constitucionales destinados a acotarlo. El artículo 158 ordenó dictar antes de que termine 2006 la “Ley sobre Régimen Electoral y los Partidos Políticos”. Sí, claro... Y el inciso 3 del citado artículo 43 “establece el sistema de votación electrónica”, que el artículo 157 manda reglamentar por ley ese mismo año. Bien, gracias...

El acople, además, fulminó el control del gasto público: la impunidad del mencionado escándalo de las valijas lo demuestra. Y prueba que el acople está diseñado para funcionar con plata. Mucha plata. Esa que sólo el Estado maneja.

El acople hizo que Alperovich sentara a quien él quería como sucesores, y que esos sucesores asumieran desautorizados durante la mitad del mandato.

La mora constitucional cumplió 11 años. Hay otro incumplimiento que cumplirá dos el 29 de octubre: el de Manzur con respecto a su propia palabra. El día en que se calzó la banda y tomó el bastón de mando, prometió a los tucumanos la reforma política. Con plena conciencia (o en su defecto, con la sinceridad del inconsciente freudiano), estaba blanqueando que el acople era cosa del alperovichismo y que él, en el momento mismo en se hacía cargo de la Provincia, anunciaba que habría otro régimen electoral.

Léase, concretar la reforma política es asumir muchas cuestiones clave. Es asumir que, limpiamente, se puede ganar de manera apabullante. Es asumir que a la hora de expresarse, el pueblo tucumano puede ser rotundo en los apoyos que da y que retira sin la indignidad del clientelismo. Es asumir que la letra de la Constitución está para ser cumplida. Es asumir que la palabra empeñada ante el pueblo debe ser honrada. Y es, también, asumir la gobernación, de una vez por todas…