El escándalo de la polenta podrida vuelve a cero, 12 años después

El 30 de junio de 2011, la Justicia Federal de Tucumán ratificó que era competente para juzgar a los presuntos responsables de haber permitido que 12 toneladas de polenta y trigo se pudriesen en la finca de propiedad de Joaquín Ferre, entonces secretario de Desarrollo Social del Gobierno de José Alperovich. En ese momento ya habían pasado seis años desde el hallazgo de la mercadería en mal estado. El proceso siguió adelante contra Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y Héctor Ángel Lobo, encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales, y cuando faltaba un mes para que estos enfrentaran el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) volvió a revisar de oficio la cuestión de la competencia y resolvió que el caso es de la incumbencia de la Justicia provincial.

Según Alperovich, son mentiras las denuncias

El TOF se desligó del expediente con los votos de los camaristas Gabriel Casas y Enrique Jiménez Montilla, quienes consideraron que la comida había sido adquirida con fondos nacionales que habían ingresado al erario provincial y cuya ejecución debía ser controlada por los órganos locales, como el Tribunal de Cuentas y los Tribunales ordinarios. “El hecho de que la cuestión de la competencia federal haya sido revisada y resuelta en la instrucción por la Cámara Federal no es óbice para que el tribunal de juicio reexamine la cuestión, pues no debe perderse de vista que todo lo atinente a la competencia hace a la validez de las decisiones jurisdiccionales de la misma forma que la capacidad de obrar de la persona hace a la validez de los actos que esta otorga”, dijo la mayoría. La tercera vocal, Alicia Noli, entendió que su tribunal debía abocarse al juzgamiento de Gatti y de Lobo. La audiencia pública estaba programada para el 5 y el 12 de septiembre.

La resolución fue emitida el 11 de agosto pasado, por lo que aún no está firme y puede ser impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal y por los acusados. La presentación de recursos eventualmente podría llevar el debate a la Cámara Federal de Casación Penal, estrado con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también existe la posibilidad de que las partes consientan la posición de Casas y de Jiménez Montilla, y de que el TOF gire el caso a la Justicia penal provincial. En ese ámbito se abren dos caminos: 1) aceptación del criterio del TOF y consiguiente apertura de una investigación penal más o menos desde cero (gran parte de la pesquisa de la Justicia Federal quedaría invalidada por la declaración de incompetencia), con enormes riesgos de que en el ínterin prescriba la acción penal, si no está extinguida ya, o 2) rechazo del criterio del TOF y consiguiente planteo del conflicto ante el tribunal común, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Todas las alternativas abren un paréntesis de tiempo indeterminado que en definitiva podría llevar al sobreseimiento de los imputados. Máxime si se considera que el TOF se declaró incompetente al revisar los escritos que Gatti y de Lobo presentaron para evitar el juicio oral: ambos esgrimieron que había transcurrido el plazo razonable para ser enjuiciados. La aplicación de este derecho, que consta en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 18 de la Constitución Nacional, favoreció al entonces funcionario alperovichista y ex gendarme Juan Alberto Kaleñuk, a quien el TOF liberó en 2012 de la obligación de rendir cuentas por la sustracción de 1.723 bultos con los votos de los jueces Jiménez Montilla y Luis Eduardo López.

El caso de la polenta en mal estado opacó la carrera de Ferre e incomodó a Beatriz Mirkin, entonces secretaria General de Políticas Sociales (hoy senadora justicialista). En agosto de 2005, cuando personal de Gendarmería halló 18.480 paquetes de comida en mal estado (valuada en $ 5.922,50) en una propiedad de Ferre en Burruyacu, Alperovich no dudó en separar de su cargo a este y a media docena de colaboradores. Alimentado por el recuerdo entonces fresco de la hambruna de 2001, el escándalo fue apagándose hasta el punto de tornar inverosímil la posibilidad de esclarecer los hechos.

Cronología básica

1- Agosto de 2005: Gendarmería descubre 12 toneladas de polenta y trigo en mal estado depositadas en una finca de Joaquín Ferre, secretario de Desarrollo Social.

2- 30 de junio de 2011: la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ratifica que la Justicia Federal es competente para investigar la causa.

3- 11 de agosto de 2017: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal declara de oficio la incompetencia de la Justicia Federal y gira el caso a la Justicia provincial.