Un empresario amplió la denuncia contra Gandur y otros dos jueces por la Línea 11

La disputa judicial por la explotación de la Línea 11 sumó nuevos capítulos en los tribunales.

Los vocales de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, dictaron una sentencia interlocutoria mediante la cual rechazaron el planteo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que se declare la caducidad de la cautelar vigente, que permite a Inverbus, del empresario Oscar Alonso, seguir usufructuando el recorrido asignado a esos colectivos. Los magistrados confirmaron la vigencia de la medida, y señalaron que esta “no se presenta como óbice alguno” ante el proceso de licitación iniciado por el municipio capitalino. Aclararon sin embargo que la cautelar “quedará automáticamente sin efecto una vez que se encuentre concluido” el trámite de adjudicación.

Sobre la base de esta sentencia interlocutoria, el empresario Jorge Alberto Mihelj, propietario de la otra empresa en disputa, Leagas SA, se presentó en la sede penal de Tribunales provinciales para ampliar su denuncia penal contra Ruiz y Castellanos por los presuntos delitos de prevaricato y de abuso de autoridad; y contra Sergio Gandur, vocal de la Sala III del fuero contencioso y colega de los dos magistrados señalados, por el supuesto delito de tráfico de influencias. Según Mihelj, Gandur y su padre, el presidente de la Corte, Antonio Gandur, están vinculados al empresario Alonso y, por ello, la firma Inverbus obtuvo la cautelar para seguir explotando la Línea 11.

La última sentencia interlocutoria de la Sala I en esta causa, según el representante de Leagas, es una nueva prueba de estas presuntas maniobras. “Puede advertirse con claridad la intención de los magistrados (Ruiz y Castellanos) de mantener la Línea 11 (en poder) de la empresa Inverbus cuanto más tiempo fuera posible, acreditándose así el móvil de las conductas denunciadas”, señaló Mihelj en el escrito, al cual accedió LA GACETA. Y aseguró que “al sostenerse en el tiempo la empresa Inverbus, se le permite continuar percibiendo dinero; en especial, subsidios del Gobierno nacional”.

Al ampliar su denuncia, Mihelj recordó que en diciembre pasado la Sala I le otorgó una cautelar a la firma de Alonso, en la que suspendía la ejecutoriedad de los decretos municipales que otorgaban la prestación del servicio a Leagas y disponían que se retrotrajera la concesión a la situación anterior, en la que Inverbus estaba a cargo.

Con la sentencia interlocutoria dictada a principios de mes, según Mihelj, los vocales Ruiz y Castellanos “rechazaron la pretensión de la Municipalidad” de que se deje sin efecto esa cautelar, en vistas de que se está efectuando el proceso licitatorio de rigor. “(Los vocales emitieron el fallo) haciendo uso de fundamentos contradictorios, que son los que nos permiten avizorar la intención de mantener a la empresa Inverbus en la explotación de la Línea 11 el mayor tiempo posible”, afirmó el titular de Leagas. Y añadió: “al admitir los jueces que puede llevarse adelante el proceso de licitación, lógicamente están también admitiendo que la concesión a Inverbus ha caducado, a pesar de lo cual, continúan sosteniendo una cautelar arbitraria”.

El caso estaba a cargo del fiscal Washington Navarro Dávila, quien por disposición del juez Francisco Pisa -y en consonancia con Gandur- fue apartado del expediente.