Hubo 64 denuncias sobre clientelismo y ninguna comprobación

Se esperaba una jornada electoral “tranquila” y fue la más movida que se recuerde en la Fiscalía Federal N°1. Pero ninguna de las 64 investigaciones preliminares iniciadas como consecuencia de las denuncias de posibles faltas y delitos electorales había arrojado resultados positivos. Aunque el fiscal Carlos Brito precisó que todavía podía haber alguna sorpresa, lo cierto es que los reportes de las fuerzas de seguridad federales y provinciales no hacían más que corroborar la imposibilidad de constatar las denuncias recibidas.

De las 64 actuaciones confeccionadas ayer, 63 (98,4%) refieren a supuestos hechos ilícitos atribuidos a dirigentes oficialistas (Frente Justicialista). Sólo una investigación menciona que las presuntas prácticas ilegales habrían sido perfeccionadas por integrantes de Cambiemos. La mayor parte de las denuncias se concentran en tres localidades del interior: Bella Vista, Banda del Río Salí y Famaillá.

El caudal de alertas registrado fue significativo para los estándares de Tucumán, pero también en comparación con Santiago del Estero y Salta. Fuentes judiciales precisaron que en la primera jurisdicción hubo dos actuaciones preliminares mientras que la Fiscalía Federal salteña inició 15 sumarios.

Las distintos canales de comunicación habilitados por la Fiscalía tucumana recibieron avisos de prácticas ilegales de distinta índole: acarreo de votantes; entrega de boletas y de bolsones; presiones a electores, etcétera. El procedimiento en todos los casos consistió en el envío de comunicaciones al juez federal N°1, Daniel Bejas, y al coronel Carlos Romero, comandante electoral, a los efectos de que desplegara agentes (federales o provinciales) en el terreno. Los gendarmes o policías, según correspondiese, debían trasladarse hasta el lugar de los hechos para confirmar o descartar el delito.

No es la primera vez que las denuncias no pueden ser verificadas. En las elecciones generales de 2015 -celebradas a posteriori de los escandalosos comicios provinciales- ocurrió algo similar, con la excepción de que en aquella oportunidad la Fiscalía Federal N°1 logró secuestrar un taxi. Entonces ya se había evaluado como debilidad la circunstancia de depender -para la comprobación- de las fuerzas de seguridad abocadas a vigilar el desarrollo de los comicios en los centros de votación y de cómputos. En Brasil, el personal de las fiscalías sale a la calle para sancionar los actos de clientelismo, organización que todavía es inviable en Argentina, donde las fiscalías federales carecen de recursos elementales.

La experiencia de ayer dejó tres lecturas. Por un lado se advierte que la facilitación de los medios para denunciar -a partir de redes sociales- puede ir en desmedro de la calidad de los datos aportados. Por otro lado existen interrogantes sobre la agilidad de las fuerzas de seguridad en la constatación de hechos que se consuman en forma instantánea. En último término, parece evidente que la Fiscalía N°1 está obligada a revisar la estrategia para los comicios de octubre.