Superado el escándalo por el audio de Whatsapp del edil radical Agustín Romano Norri, ahora los concejales de la capital están a la expectativa de los Tribunales penales provinciales. Desde las cuatro bancadas que integran el cuerpo aguardan a que se esclarezca la investigación judicial por la causa por presunto abuso sexual contra el peronista Alejandro Figueroa.
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“Estamos preocupados y abochornados, pero nuestra Constitución establece el principio de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Apenas tengamos pruebas sobre los hechos trataremos el tema como corresponde. No podemos tener a una persona dentro del cuerpo si queda demostrado que cometió un hecho de tamaña envergadura”, consideró el opositor Ricardo Bussi, presidente del bloque Fuerza Republicana.
“Entendemos que está en la Justicia, y debemos tratarlo en la bancada”, explicó el radical José Francisco “Lucho” Argañaraz, que integra el interbloque Acuerdo para el Bicentenario (ApB). El presidente del ApB, Romano Norri, fue sancionado esta semana por el mensaje difundido masivamente en el que insultaba a Eva Perón y vivaba el cáncer. Deberá donar dos sueldos (la suma total rondaría los $ 70.000) a la Fundación Flexer. “Nos preocupan estas situaciones porque el Concejo, lejos de sesionar por la gente, está siendo motivo de escándalos”, consideró Argañaraz.
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Dante Loza, presidente del bloque Tucumán Crece-PJ (al que pertenece Figueroa), explicó que actuarán una vez que la Justicia se expida. “No puedo hacer ninguna ponderación. No quedarían concejales en el recinto si uno debe expresarse por cada investigación que llega a la Justicia, hay que aguardar a que el Poder Judicial se expida”, consideró.
José María Franco, del bloque Restauración Peronista, aclaró que aguardarán hasta conocer cómo avanza la investigación.
Esta semana trascendió que un joven de 25 años, JLC (se preserva la identidad por la índole de la demanda), denunció que el concejal Figueroa lo habría desnudado y manoseado en su despacho. Según el expediente, a cargo de la fiscala de I° Nominación Mariana Rivadeneira, JLC se habría desempeñado como empleado del bloque Frente para la Victoria hasta noviembre de 2016. La víctima explicó que se habría desempeñado en tareas administrativas en una sede social que el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, tendría en Alem y La Plata (su hermana, Elena Cortalezzi, fue concejal entre 2011 y 2015). Siempre de acuerdo a la denuncia, JLC habría sido citado a una reunión el 27 de junio para un nuevo ofrecimiento laboral en el Concejo. En ese encuentro habría sido desvestido y manoseado por el edil.