La Corte Suprema había comunicado el jueves a Roxana Teves, imputada y denunciante del ministro público Edmundo Jiménez, que la recibiría ayer a las 11.30. En el encuentro iban a participar los cinco vocales. Pero ayer hubo un cambio de planes y en la reunión, que estuvo a punto de ser cancelada, sólo participaron Gandur y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia. En diálogo telefónico, Gandur explicó que en las horas previas sus pares le encomendaron que recibiera a Teves en representación del alto tribunal. Añadió que él se limitó a escuchar la versión y a tomar los papeles que le dejaron. Junto con Teves ingresaron los abogados defensores Juan Roberto Robles y Juan Andrés Robles, y Gabriela Gatica Ruiz Fontanarrosa, a quien Teves presentó como su “estratega”. Juan Andrés Robles confirmó que la audiencia estaba pactada con el alto tribunal en pleno, y que extraoficialmente le dijeron que la difusión de la cita en la edición del domingo de LA GACETA incidió en la inasistencia de René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. “Sólo pedimos ir a juicio oral para probar que Roxana Teves fue víctima de Jiménez, y de un grupo de jueces y abogados que le responden”, explicó el abogado. “Le agradezco (a Gandur) que nos haya recibido y escuchado”. dijo Teves. En 2010, la imputada, dos hijos y su nuera fueron detenidos por pedido del ex fiscal Guillermo Herrera. En prisión, Teves se autoincriminó y renunció a sus derechos sobre un patrimonio de U$S 5,3 millones de herencia de Augusto Severini, quien falleció en septiembre de 2009 (la jueza fallecida Emma De Nucci entregó plazos fijos a un hijo de Jiménez, apoderado de la hija de Severini). Si bien quedó en libertad, siguió imputada como cabeza de una supuesta asociación ilícita. En 2015 y luego de que el Colegio de Abogados citara la causa “Teves” como ejemplo del obrar extorsivo de Herrera, Jiménez giró el expediente a la fiscala Giannoni. Ella desestimó la versión de Teves y elevó el caso a juicio. El Juzgado de Instrucción Nº2, acéfalo desde 2012, aún no se expidió.
El fiscal Gómez pide una investigación
Ayer ingresó a la Fiscalía Federal Nº1 de Tucumán, a cargo de Carlos Brito, un oficio del fiscal federal general Gustavo Gómez. El documento, que había circulado por WhatsApp, se hacía eco de un video que Gómez dijo recibir por medio de una red social. El archivo muestra a un testigo de un juicio de lesa humanidad que, según el fiscal, incrimina a Antonio Gandur, presidente de la Corte de Tucumán, y al difunto magistrado Arturo Ponsati, entre otros. Según fuentes judiciales, Brito iba a mandar el pedido de investigación al juzgado federal de turno para que resuelva si le delega la instrucción del caso.